En lo que parece enfilarse hacia un escándalo político institucional, la titular de la Dirección provincial de Personas Jurídicas, María Lorena Domínguez, resolvió suspender la elección para renovar autoridades en la Sociedad Rural de San Luis, convocada para el 18 de julio pasado, al entender que la actual comisión directiva del gremio no pudo justificar la eliminación de más de 300 afiliados de los padrones con los que se habilitaba para votar.
Con esta disposición, la funcionaria dio crédito a la denuncia presentada ante esa dirección por tres productores de los 326 socios eliminados del padrón y que justamente integraban una lista opositora a la actual conducción, que busca repetir mandato.
Guillermo Pagano, Juan Dodro y Guillermo Belgrano Rawson firman la denuncia con graves irregularidades y a cuyas copias accedió El Semiárido.
Pagano, quien fue presidente de la entidad, describió para este medio el comienzo de la sorpresa: “Fuimos a la sede de la rural para inscribir nuestra lista para la elección convocada para junio, pero no estábamos en los padrones; inmediatamente pedimos a la comisión directiva la nulidad de la asamblea; nunca nos contestaron, pero hicieron un segundo llamado para el 18 de julio”.
La defensa que hicieron los acusados luego ante Personas Jurídicas dejó en evidencia otras irregularidades. Allí dijeron que un artículo del estatuto los habilitaba para echar a quienes no pagaban la cuota societaria. Sin embargo, la funcionaria entendió que nunca se les dio derecho a defensa y que tal disposición no consta en el Libro de Registro de Asociados que obligatoriamente deben llevar y ser visado anualmente por el gobierno.
El actual presidente de la entidad es el veterinario Sergio Varela, quien asumió la conducción en reemplazo de Raúl Foncueva cuando el año pasado renunció para asumir en la conducción de la recientemente creada y por él inspirada Confederación Rural de San Luis.
El criterio personalista, sectario y verticalista con el que Foncueva condujo la rural desde 2009 parece replicarse en Varela. Al menos así lo entiende Dodro, quien criticó duramente el discurso del actual presidente durante la última fiesta del ternero: “Será recordado en la historia de la Sociedad Rural de San Luis como quien excluyó socios y proscribió candidatos en una actitud muy alejada de cualquier gremialista democrático”.
Dodro fue tesorero de la rural durante la presidencia de Pagano y fue muy duro con Foncueva al recordar que asumió la conducción de la rural puntana en 2009 con 426 socios, y hoy sólo ha dejado 85: “No entiendo cómo pudo haber achicado así la institución”.
Domínguez dispuso además que la rural debe llamar nuevamente a elecciones con todos los asociados adentro y después que normalice sus desprolijidades administrativas y legales y terminen con estas presuntas picardías, entre ellas y quizá la más grosera, la de hacer circular hasta tres padrones diferentes: uno para votar, otro exigido por Personería Jurídica y un tercero otorgado a los denunciantes.
Duros términos en la denuncia
Patrocinados por el abogado Roberto Pagano, los tres denunciantes acusan a la actual gestión de haber “vaciado absolutamente la Sociedad Rural de socios sin ninguna justificación, pero seguramente con el fin de hacerse del gobierno de la entidad, negando la participación democrática” de sus asociados.
En otro párrafo de la dura denuncia firmada por Guillermo Pagano, Dodro y Belgrano Rawson piden la declaración de nulidad del llamado a alecciones por entender que la comisión directiva violó normas de la forma “más grosera y repudiable” al advertir que no existe una sola constancia de la razón por la cual se excluyeron a 326 socios: “No se sabe si por sanciones o por falta de pago de las cuotas societarias, pero lo cierto es que no se le dio al socio el mínimo derecho de defensa, la mínima participación, el más elemental respeto a un derecho humano de primera generación , como es la participación democrática”.
Sin embargo, dicen sospechar de una deliberada actitud para evitar el cobro de manera de producir finalmente lo que sucedió: “La exclusión aborrecible de socios antiguos y nuevos de la sociedad para manejar de la forma más autoritaria y dictatorial las elecciones de autoridades, lo cual sólo se vio en nuestro país durante la Década Infame”.
Después de calificar como “fraude electoral conservador y chavista” a la convocatoria de la rural, los denunciantes ironizaron: “Menos mal que no tienen el manejo de la fuerza pública, sino los opositores de las actuales autoridades estaríamos presos”.
El texto está cargado de conceptos y alusiones filosas, pero hacia el final sube aún más el tono: “Esto demuestra la torpeza, la impericia y la arbitrariedad propia de los autoritarios y antidemocráticos, que pretenden apropiarse con fines inconfesables de una tradicional institución representativa de los productores de San Luis”.
