Las entidades agropecuarias de la provincia expresaron su “profunda preocupación” por los casos de abigeato, faena clandestina y robo de animales. Cuestionaron la respuesta judicial luego del trabajo policial y reclamaron la creación de una Fiscalía Rural Agropecuaria.
Las siete entidades rurales de San Luis difundieron este lunes un duro pronunciamiento conjunto ante la reiteración de delitos que afectan a los establecimientos agropecuarios y reclamaron una respuesta más efectiva de la Justicia. El planteo tiene como eje los casos de abigeato, faena clandestina, sustracción de animales y otros hechos delictivos registrados en zonas rurales de la provincia.
El comunicado fue suscripto por la Sociedad Rural Río Quinto, la Sociedad Rural del Valle del Conlara, la Sociedad Rural del Norte de San Luis, la Sociedad Rural del Rosario, la Asociación Agrícola de Justo Daract, la Sociedad Rural de San Luis y la Sociedad Rural de Unión.
El pronunciamiento surgió especialmente a partir de un reciente procedimiento realizado en una zona rural de San Luis. Según señalaron las entidades, fueron informadas de que el personal policial habría logrado identificar a los autores, localizar elementos relacionados con el hecho e individualizar el lugar donde presuntamente se realizaba la faena. Sin embargo, posteriormente se produjo la libertad de las personas involucradas.
La situación generó una fuerte reacción de las organizaciones del campo, que pusieron el foco no solamente en el resultado judicial, sino también en el esfuerzo realizado por las fuerzas de seguridad para investigar este tipo de delitos.
Las rurales aclararon que no buscan sustituir la función de los fiscales y reconocieron que cualquier medida restrictiva de la libertad debe ajustarse estrictamente a la Constitución y a las normas penales. Sin embargo, plantearon la necesidad de conocer qué respuesta concreta recibe un productor después de sufrir un delito y qué ocurre con el trabajo policial realizado para esclarecerlo.
En ese sentido, el documento sostiene que cuando la Policía moviliza recursos, reúne elementos probatorios, identifica sospechosos y pone el resultado de la investigación a disposición de la Justicia, los productores esperan que ese esfuerzo tenga una continuidad efectiva en el ámbito judicial.
Para las entidades, cuando esa respuesta no aparece o es considerada insuficiente frente a la gravedad de los hechos, se profundiza entre los habitantes y productores rurales la pérdida de confianza en las instituciones y crece la sensación de impunidad.
El planteo adquiere especial relevancia porque los delitos rurales no solamente representan una pérdida económica directa para los establecimientos. El robo de hacienda y la faena clandestina también generan preocupación por la seguridad de las familias que viven y trabajan en el campo y por la capacidad del sistema institucional para desalentar la reiteración de estos hechos.
En el tramo más contundente del comunicado, las siete organizaciones resumieron su reclamo en una frase directa, al sostener que los productores necesitan que realizar una denuncia tenga consecuencias concretas.
Pero el documento fue todavía más allá y puso sobre la mesa una demanda institucional que podría abrir un nuevo debate en San Luis. Las entidades reclamaron contar con una Fiscalía Rural Agropecuaria propia, especializada en los delitos que afectan al sector.
La propuesta apunta a disponer de un ámbito específico para abordar hechos vinculados con el abigeato, la faena clandestina, la sustracción de animales y otras modalidades delictivas que presentan características particulares en las zonas productivas.
Por otra parte, este medio pudo conocer la identidad de las fiscales Por otra parte, se conocieron los nombres de los funcionarios judiciales intervinientes, como la fiscal de Instrucción N°5, Gisela Milstein, y la fiscal Adjunta, Mariana Olguin.
El siguiente es el comunicado difundido por las entidades ruralistas:
Villa Mercedes, San Luis, 28 de Septiembre de 2026.-
«Quienes suscriben, en la representación de las Entidades Rurales de la provincia de San Luis, manifestamos nuestra profunda preocupación por la reiteración de hechos delictivos ganaderos particularmente al abigeato, faena clandestina, sustracción de animales y demás delitos cometidos en establecimientos rurales.
Motivan especialmente esta presentación un reciente procedimiento realizado en zona rural de la provincia, respecto del cual se nos ha informado que personal policial habría logrado identificar a los autores, localizar elementos vinculados al hecho, e individualizar el lugar donde presuntamente se realizaba la faena, produciéndose posteriormente la libertad de las personas.
No pretendemos sustituir los fiscales ni desconocemos las medidas restrictivas de la libertad, sino que debe ajustarse estrictamente a la constitución y al código penal, si exigimos conocer qué respuesta concreta recibe un productor cuando recibe un delito y/o que sucede con el ENORME ESFUERZO policial para esclarecerlo.
Cuando la policía investiga, moviliza recursos, reúne elementos probatorios identifica sospechosos y pone el resultado de su trabajo a disposición de la justicia, quien deja perder todo dicho esfuerzo. La comunidad rural percibe no existe una respuesta acorde a la gravedad de los hechos percibiéndose una pérdida de confianza en las instituciones y una comprensible sensación de impunidad.
LOS PRODUCTORES RURALES NECESITAMOS QUE DENUNCIAR SIRVA.
LOS PROODUCTORES AGROPECUARIOS NECESITAMOS TENER NUESTRA PROPIA FISCALIA RURAL AGROPECUARIA».
Soc. Rural Rio Quinto
Soc. Rural del V. del Conlara (Concaran)
Soc. Rural del Norte de San Luis (Quines)
Soc. Rural del Rosario (La Toma)
Asoc. Agrícola de Justo Daract
Soc. Rural de San Luis
Soc. Rural de Union
