Gonzalo Amondarain se reunió con los senadores provinciales y les dijo que había pedido una prórroga de un año para aplicarla en San Luis, pero que el organismo sólo otorgó seis meses. Adelantó que insistirá ante las autoridades nacionales.
“Nos oponemos al análisis de la tuberculosis porque es un control muy sensible que implica la inmovilización permanente del animal para encerrarlo por un periodo de 72 horas para que el veterinario haga su trabajo y esto implica un costo total, para un pequeño productor que tenga que realizar el control a 5 animales, de $2.900”. Esto lo dijo hoy el ministro del Campo, Gonzalo Amondaraín ante el bloque de senadores provinciales del PJ, que lo habían citado por la polémica resolución 38/15 del Senasa.
El encuentro se realizó en la Legislatura provincial para brindar detalles sobre la nueva disposición que regula los movimientos de bovinos referidos a enfermedades como la brucelosis y la tubercolisis y que de aplicarse serán de gran perjuicio para los productores de San Luis por su “inviabilidad operativa” principalmente.
Para el senador por el Departamento Dupuy, Sergio Freixes, una nueva normativa sanitaria tiene que ser gradual y sostenida en el tiempo, con planes de ayuda al pequeño productor: “No estamos en contra del control sanitario pero hay que tener en cuenta la inviabilidad operativa de la mayoría de los campos, porque cerca del 90% de los establecimientos son pequeños productores, que tienen sus rodeos con servicio continuo en campos de monte y sierras; muchos sin potreros, corrales, y algunos sin manga o cepos para hacer los trabajos que la implementación de la resolución requiere”.
Amondarain explicó que la nueva normativa se basa en modificaciones a las resoluciones 150/2002 (Control y Erradicación de la Brucelosis en todo el país y vacunación obligatoria) y 128/2012 (Plan nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis en Argentina), y que plantea como fundamentos que ambas enfermedades provocan perjuicios económicos en las explotaciones ganaderas, y que ambas son de características zoonóticas, disminuyendo la capacidad laboral del individuo y desmejorando su calidad de vida.
El ministro del Campo dijo que en las sucesivas reuniones de la COPROSA (Comisión Provincial de Sanidad Animal), los miembros manifestaron su desacuerdo sobre la forma de aplicación de esta norma, y coincidieron en varios puntos sobre su inaplicabilidad en productores chicos, sobre todo en lo referido al análisis de Tuberculosis. A su vez, mediante reiteradas notas y llamados telefónicos al SENASA Central, Regional y Local, la presidencia de la COPROSA, presidida por el Ministerio del Campo, manifestó la importancia del abordaje sanitario de estas zoonosis, pero también su “desacuerdo total” con la forma de aplicación de la resolución.
El funcionario les dijo a los legisladores que la única respuesta obtenida del organismo nacional fue la decisión de posponer la fecha de la aplicación de la norma por un lapso de seis meses (cuando el pedido de COPROSA fue por un año), argumentando la excepcionalidad por las situaciones climáticas que atravesó la provincia, y no por todas las especificaciones técnicas que se brindaron desde el Ministerio del Campo y la COPROSA.
Entre los argumentos que la cartera agropecuaria de San Luis le planteó al Senasa para que postergara la entrada en vigencia de esa resolución, se plantea la , “inviabilidad operativa”, ya que un alto porcentaje de establecimientos es de pequeños productores, sin instalaciones adecuadas, ni los medios necesarios para cumplir los requerimientos exigidos.
También están los costos de los análisis y de los reactivos, algo privativo para el pequeño productor que pretende comercializar su escasa producción; falta de información adecuada a los involucrados debido al corto tiempo transcurrido desde la aprobación de la resolución hasta su aplicación e inexistencia de suficientes laboratorios en la zona para afrontar la capacidad operativa necesaria
El Ministerio del Campo considera además que es insuficiente provisión de reactivo para tuberculosis, sin asegurar que haya cantiad para todas las provincias afectadas, y falta de profesionales en algunos puntos de la provincia para cubrir la demanda que la aplicación de la norma generaría.
Amondarain expresó que a fin de este mes se realizará una nueva reunión extraordinaria de la COPROSA, en la que se solicitará a todos los centros ganaderos de la provincia que eleven un informe sobre la posibilidad de aplicación de esta normativa en sus respectivas regiones para luego ponerla a consideración del organismo nacional.
Del encuentro con Amondaraín participaron los senadores María Angélica Torrontegui, Víctor Alcaráz, Sergio Freixes, Jorge Fernández, Pablo Garro, Pablo Moreno, Dominga Torres, Mabel Leyes y Maximiliano Frontera.
Para que no quedaran dudas de su postura, el ministro insistió antes de irse: “Es una medida absolutamente arbitraria, porque los valores que representa hacer los análisis sanitarios solicitados por la resolución, son elevados e imposibles de pagar para los pequeños productores de nuestra provincia, quienes en muchos casos necesitan trasladar pocos animales. A esto, se le suma el costo del reactivo para hacer el diagnóstico de tuberculosis”.
