La sensibilidad política parece volverse más intensa. Pocas horas antes de abrir formalmente la 88° Expo Rural en Villa Mercedes, sus organizadores se desayunaron con una inesperada noticia: cuatro stand contratados y confirmados fueron levantados por una supuesta orden del gobierno provincial.
La noticia se conoció ayer por declaraciones a radio LV 15 y reproducidas por el portal San Luis Noticia, de Ariel Ayello, secretario de la Sociedad Rural Río V, quien no escondió su furia al enterarse que por razones estrictamente políticas, según aseguró, no tendrán las tradicionales carpas de la Municipalidad de Villa Mercedes ni sus juegos infantiles, la Universidad Provincial de Oficios (UPRO), el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Fuentes vinculadas a la conducción de la entidad ruralista confirmaron este viernes a El Semiárido que la Tesorería recibió formal comunicación de estas suspensiones. No se conoce si se explicaron las razones, pero puertas adentro del gremio del campo son atribuidas a la fuerte presencia del Ministerio de Agroindustria de la Nación, la instalación de un stand que promociona los candidatos de Cambiemos y la visita confirmada del diputado nacional Claudio Poggi y principal contrincante de Adolfo Rodríguez Saá para las elecciones de octubre.
«Es un acto de inmadurez política porque invitamos a todos», dijo a este portal un importante dirigente ruralista, al adelantar que seguramente habrá un pronunciamiento formal de la Rural Río V, que podría darse durante los discursos de mañana al mediodía, cuando inauguren la muestra ganadera e industrial.
Este acontecimiento hace retroceder el proceso de diálogo con el sector agropecuario, iniciado hace un par de semanas y después de nueves meses de relaciones congeladas.
Precisamente, el nuevo ministro de Medio Ambiente Campo y Producción, Sergio Freixes, convocó a todas las rurales para retomar viejos reclamos no atendidos, entre ellos, el pedido de derogación de la ley de agroquímicos, sancionada en diciembre pasado y que establece una distancia mínima para fumigar de 1.500 metros distante de cualquier vivienda.
En ese proceso, fue restablecida la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), casi disuelta por renuncias masivas de sus integrantes, ocurridas en enero pasado cuando el anterior ministro ignoró una ley que obliga a consultarla cuando se quiere legislar sobre fitosanitarios.
Sin embargo, es en este ámbito donde parece empantanarse nuevamente un posible acuerdo con el gobierno. En la primera reunión de la Corposave, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis propuso numerosos cambios en la anterior ley de agroquímicos, descontando la derogación de la actual, pero volviendo la distancia mínima para fumigar a los 100 metros, como aconsejan estudios técnicos y manuales nacionales de referencia.
Pero el gobierno hizo otra propuesta, con una distancia mínima de 200 metros, al tiempo que prometió analizar el aporte de los agrónomos, que insistieron en rechazar esa distancia.
La presidencia de la Coprosave, que la ocupa el viceministro Sebastián Lavandeira, ya hizo una devolución con cambios menores e insistiendo con los 200 metros, según pudo conocer este medio. «Esta es una discusión técnica, no política», dijo un profesional que estuvo en esa reunión al referirse a la intención del gobierno de evitar pagar el costo político de una derogación total de la última ley.
El ministro Freixes busca superar una situación que se presentaría con difícil solución, ya que se le sumó el reclamo de organizaciones sociales que habían aplaudido los 1.500 metros y que ahora exigen se mantenga. Ayer a las 16 el funcionario habría recibido a representantes de esas entidades, según adelantó por la mañana a FM Ciudad la dirigente Alejandra Laconcha.
De todos modos, el ministerio no informó nada aún de lo sucedido en ese encuentro y si hubo compromisos asumidos.
Foto: Gentileza José Sombra
