Una veintena de productores de la zona de influencia de la capital provincial expresó su preocupación por la implementación del sistema. Reclaman información sobre su funcionamiento, el origen de los recursos y las posibles obligaciones económicas para el sector.
Una veintena de productores agropecuarios de la zona de influencia de la ciudad de San Luis envió una carta a El Semiárido para manifestar su preocupación por la incertidumbre que, según señalaron, rodea la implementación de los consorcios camineros.
El planteo se concentra en un interrogante, cómo se financiará el sistema y si su puesta en marcha implicará nuevas cargas económicas para los establecimientos rurales. Los productores solicitaron que las autoridades aclaren si los recursos serán aportados por el Estado o si se prevé establecer algún impuesto o contribución adicional.
En la nota advirtieron que existe desconocimiento sobre los mecanismos de funcionamiento de los consorcios, la reglamentación de la ley y el alcance de las obligaciones que podrían asumir quienes desarrollan su actividad en la región.
También cuestionaron que se dé por sentada la aceptación de la iniciativa. A su entender, mientras no se conozcan los detalles de su implementación y el origen de los fondos, resulta prematuro afirmar que existe conformidad entre los productores.
“La falta de información concreta genera dudas, preocupación y disconformidad”, expresaron en la carta.
Los firmantes pidieron información clara, precisa y transparente sobre el funcionamiento de los consorcios, sus fuentes de financiamiento y los mecanismos previstos para la participación del sector agropecuario en las decisiones.
Asimismo, solicitaron que se habiliten instancias de diálogo y consulta con productores y entidades rurales antes de la implementación definitiva del sistema. Consideraron necesario contar con espacios donde puedan plantear sus inquietudes y conocer en detalle el alcance de la medida.
El reclamo reconoce la importancia del mantenimiento de los caminos rurales para el traslado de hacienda, el transporte de granos y el desarrollo de la actividad agropecuaria. Por esa razón, sostuvieron que las iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura vial deben contar con información pública suficiente, criterios de financiamiento definidos y participación de quienes dependen diariamente de esos caminos.
La carta también incorpora la preocupación por un posible incremento del impuesto inmobiliario rural para 2027. Los productores señalaron que necesitan conocer con anticipación las obligaciones tributarias que deberán afrontar y su eventual incidencia sobre la rentabilidad de sus explotaciones.
En ese marco, solicitaron que se aclare si existe alguna relación entre ese tributo y el financiamiento de los consorcios camineros, y si se contemplan nuevas contribuciones vinculadas al mantenimiento de la red vial rural.
El planteo apunta a obtener previsibilidad sobre los costos de la actividad y evitar la acumulación de nuevas obligaciones sin información suficiente. Con ese objetivo, los productores reclamaron respuestas oficiales que permitan conocer cómo se instrumentará el sistema y cuál será su impacto económico sobre el sector.
