El presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes, recorrerá hoy y mañana junto con los integrantes de la Fundación Chadileuvú (Fuchad), de La Pampa, el río Desaguadero-Salado-Chadileuvú.
La Fuchad denunció a mitad de octubre pasado en la sede del tribunal en Guatemala la situación que sufre esa provincia por el río que es afectado por obras en San Juan como así también amplió los cuestionamientos contra Mendoza por las aguas del río Atuel. La denuncia fue aceptada, publicó hoy el diario La Arena de La Pampa.
El 7 de noviembre el mismo matutino informó que el Tribunal Latinoamericano del Agua notificará a Mendoza, San Juan, San Luis y Nación que están acusadas por La Pampa de “secar” el río Desaguadero-Salado. La audiencia de juzgamiento será durante el año próximo.
La Fuchad confirmó a principio de mes que el Tribunal Latinoamericano del Agua admitió la demanda que presentó en octubre en Guatemala ante el inminente corte del río Salado-Chadileuvú en territorio pampeano. En esa demanda, la Fuchad responsabilizó a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y al gobierno nacional, por el “daño social, ambiental y productivo que sufre el oeste pampeano culpa del uso abusivo del agua que se hace aguas arriba de nuestra provincia”. El próximo paso será la audiencia de juzgamiento, en la que el TLA convocará a las partes acusadas para que ejerzan su defensa.
Los dos azudes construidos en San Luis en ningún momento frenan el curso del agua, que tampoco se extrae para ningún uso en todo el trayecto dentro de la provincia.
Tras la aceptación de la demanda, la Fundación está abocada ahora a recoger documentos y testimonios para terminar de conformar la acusación y darle mayor solidez a la presentación realizada en la ciudad de Guatemala.
Las acusadas son la provincia de Mendoza, responsable -según la presentación pampeana- del corte de cuatro ríos que ya no llegan hasta el Desaguadero; la provincia de San Juan por la construcción de varias represas sobre el río San Juan y el Jáchal, y la provincia de San Luis por los azudes que levantó cerca de la laguna de Guanacache. También está acusada la Nación, por haber financiado esas obras y por no reglamentar ni poner en plena vigencia la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que obliga a formar comités de cuenca en cada río interjurisdiccional.
