La legisladora provincial del Frente para la Victoria busca que lleguen a la provincia los beneficios que contempla esta legislación, vigente desde el 28 de enero pasado. La ley 27.118 declara de interés público al sector “por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo”.
La ley 27.118 declara de interés público a la Agricultura Familiar “por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo”, al tiempo que se propone corregir disparidades en el desarrollo regional mediante la reconversión económica y productiva. La diputada provncial del Frente para la Victoria Sonia Delarco presentó un proyecto de ley para que San Luis adhiera a esta norma, que contempla una serie de beneficios para el sector, entre ellos la creación de un “banco de tierras” fiscales para desarrollar emprendimientos.
Para la legisladora por el Departamento Pueyrredón, adoptar en la provincia los conceptos de la reparación histórica planteada por la ley, significará un fuerte apoyo a este sector: “La finalidad prioritaria es incrementar la productividad, valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sustentabilidad medioambiental, social y económica”.
El “Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar” creado por la nueva legislación será financiado con $1.500 millones provenientes del presupuesto nacional, 400 de los cuales se ejecutarán durante el primer trimestre de 2015.
Para poder suscribirse al régimen, los agricultores deberán cumplir una serie de requisitos como gestionar el emprendimiento productivo; ser propietario de parte o la totalidad de los medios de producción; que la mano de obra sea familiar; que la familia viva en el campo o en sus aledaños y que el ingreso principal sea la actividad en ese campo. Estos requisitos valen para las actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural
La inclusión en el régimen se hace por intermedio de la anotación en un Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF).Esto implica la posibilidad de que la agricultura familiar reciba un fuerte impulso tanto en lo que hace a los beneficios destinados a los anotados en el RENAF como desde el punto de vista institucional.
Otro aspecto destacado por Delarco es que por el artículo 16 se crea un banco de tierras, cuyo activo serán las tierras fiscales que se destinen a este fin, lo mismo que las donaciones específicas. El Artículo 19º suspende por tres años los desalojos a agricultores familiares que al momento de la entrada en vigencia de la ley se encuentren en condiciones de ocupar las tierras rurales que poseen.
Este banco estará formado por las tierras de propiedad de la Nación que el Estado por decreto afecte a los fines de la ley; las tierras que sean donadas o legadas al Estado nacional con el fin de ser afectadas al banco creado; las tierras que transfieran los estados provinciales y municipales a la Nación al fin indicado en la misma norma; todas las tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado nacional por distintos mecanismos judiciales, administrativos, impositivos o de cualquier otra naturaleza.
De aprobarse el proyecto de la diputada Delarco para que San Luis adhiera a la nueva legislación, las acciones y programas que se establezcan se orientarán a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural: “El fin es el de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los agricultores familiares, generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el capital natural para la producción y a la constitución y consolidación de empresas rurales”.
Entre esas condiciones favorables, el Ministerio de Agricultura de la Nación impulsará ferias locales, zonales y nacionales, y pondrá especial énfasis en la conformación de una cadena nacional de comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias mixtas cuando resulten necesarias.
También se trabajará sobre la promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valorización de los productos de la agricultura familiar.
Promoverá la compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el RENAF: “Esto tendrá prioridad absoluta en las contrataciones directas que realice el Estado nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional.
En materia de infraestructura y equipamientos rurales el ministerio dará prioridad a políticas de provisión y mejora rural en todas sus dimensiones, tales como transporte, red vial, viviendas, electrificación rural, infraestructura predial según actividad productiva, tecnologías de información y comunicación, agua y riego en todas sus variantes según potencialidad del territorio, infraestructura social, saneamiento básico dirigidos al desarrollo rural, al arraigo y la “ocupación armónica del territorio”.
Sobre la sanidad agropecuaria, instrumentarán programas para fortalecer la capacidad de cumplimiento de la legislación sanitaria vigente y la existente en el territorio; beneficios impositivos, promoción de un régimen previsional especial, certificación de calidad, seguro integral para la agricultura familiar, líneas de crédito específicas a través del Banco de la Nación, con tasas de interés subsidiadas y garantías compatibles con las características de la actividad.
