La orden de expropiación de la casa de Saturnina Agüero a cargo del juez de Civil 4, Agustín Ruta, en el paraje La Tranca, zona limítrofe con la provincia de San Juan, se ha convertido en un tema de posible litigio limítrofe entre ambas provincias.
En la edición del 23 de febrero, El Semiárido informó sobre las acciones dispuestas por el funcionario judicial, que terminó con el desalojo de la familia y el derrumbe de su casa con una máquina vial.
A partir de allí los vecinos comenzaron con denuncias sobre la acción promovida desde el gobierno provincial de San Luis y los actores se fueron sumando con el paso de los días.
Así fue como en el Diario Huarpe de la provincia de San Juan, el intendente de la localidad de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano, tildó la acción de arbitraria y no dudó en decir que la provincia de San Luis “usurpó 15 kilómetros de tierra sanjuanina”.
Quiroga Moyano sentenció: “soy nacido y criado en el lugar y no hay familia más antigua que los Agüero. Son originarios de la zona, además ellos tienen títulos y todo que indica que son propietarios legales de esas tierras. Acá hace falta gestión política de ambos gobiernos, que pongan gente a trabajar y en conjunto con la Justicia Federal tomar una decisión para que la gente deje de sufrir estos atropellos”.
Luego de reunirse con técnicos de 25 de Mayo y Catastro, el Fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo Varela decidió que una comisión realice una inspección ocular en la zona para determinar si la acción judicial que realizó San Luis está en la zona de conflicto limítrofe o no.
El funcionario había dicho que “San Luis demolió la casa y los desalojó. Acá el problema es que no tenemos los límites interprovinciales fijados, por lo tanto ellos consideran que ese territorio les pertenece. Yo hablé con el Fiscal de Estado de San Luis y me dijo que tienen la documentación necesaria y los antecedentes históricos para demostrar que ese terreno es de ellos. San Luis expropió ese terreno y todo indica que los desalojos pueden seguir, según nos comentó esta gente”.
Alvo Varela dijo también que de no llegar a un acuerdo, al no estar fijados los límites entre ambas provincias, habrá que ir a la Corte de Justicia de la Nación para que dirima el asunto tal cual lo estipula el artículo 27 de la Constitución Nacional.
Los Agüero se vieron sorprendidos por la acción del gobierno sanluiseño y rápidamente pidieron ayuda. Primero al municipio de 25 de Mayo, donde tributan, y luego al gobierno provincial de San Juan para que tome cartas en el asunto.
“Estas tierras pertenecen a San Juan, al departamento 25 de Mayo. Nos dieron algunas pocas horas para sacar las cosas de la casa y la tiraron. La policía nos sacó como delincuentes. Ahí nosotros vivíamos de los animales. Vialidad Nacional también nos corrió de la Ruta 20”, dijo indignado Jerónimo Agüero, hermano de la mujer desalojada.
Al mismo tiempo añadió “ese terreno está en sucesión y desde el 2007 estamos con el mismo problema de que San Luis dice que les pertenece cuando todo esto es de San Juan”.
En la vivienda destruida vivían Saturnina Agüero, que tuvo que ser atendida por médicos luego de la ejecución judicial, su hijo Eric García con su novia Cintia Carrizo, de la Comunidad Huarpe. También Daniela García y su hijo Lautaro Sarmiento de 12 años.
En la conferencia de prensa ofrecida ayer por el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se refirió al tema: “Es una expropiación sobre una tierra que son de los huarpes y están ocupadas hace mucho tiempo por una familia. Tratamos 400 mil millones de veces con esa familia de dialogar para encontrarle una solución a la situación y la respuesta de ellos fue no. Es un conflicto permanente con la comunidad huarpe, que tiene los derechos reconocidos donde dice que esas tierras les pertenecen. Lo único que hizo el Estado provincial es avanzar en nuestra política de las tierras para las culturas originarias”.
Fuentes: ANSL y Diario Huarpe
