La única certeza que consiguieron hoy los productores que protestaron frente a Terrazas del Portezuelo es que el gobierno de San Luis no dará marcha atrás con la polémica ley de agroquímicos y que no hay margen de negociación alguna para reacomodar los aumentos de los diferentes impuestos que atraviesan la actividad agropecuaria en la provincia
En respuesta a la convocatoria conjunta de la Sociedad Rural Río Quinto y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) productores agropecuarios de la provincia se movilizaron hpy en aproximadamente 150 camionetas y se reunieron frente a la sede del gobierno provincial con el propósito de solicitar al Gobernador un urgente cambio en las políticas implementadas recientemente, que “implican un indiscutible perjuicio para el sector” y, a la vez, hacer entrega de un documento en el que se exponían los fundamentos de la petición.
Ninguna de las dos cosas pudo concretarse, dijo más tarde Cartez en un comunicado: “Las autoridades impidieron el acceso masivo al predio mediante el cierre de portones; después de plantear alternativas de diálogo, se permitió el ingreso de un reducido número de dirigentes del sector, que fueron recibidos por el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker. A los reclamos realizados, la respuesta del funcionario no varió respecto de lo expresado días atrás. El petitorio fue entregado a la Secretaria General de la Gobernación”.
Se acordó, entonces, reiterar el pedido de audiencia al gobernador Alberto Rodríguez Saá y, en caso de no obtener respuesta satisfactoria en el curso de los próximos siete días, definir nuevas metodologías de expresión pública del descontento.
“Prueba irrefutable de que la manifestación no fue el producto del capricho de unos pocos”, es que a la invitación a la acción adhirieron directivos y socios de otras Entidades gremiales con jurisdicción en la Provincia, como la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract, la Sociedad Rural del Valle del Conlara, la Sociedad Rural del Norte de San Luis, la Sociedad Rural de San Luis y la Confederación Rural de San Luis.
El extenso petitorio entregado al gobierno de San Luis es e siguiente:
Villa Mercedes, 19 de diciembre de 2016
Señor Gobernador
de la Provincia de San Luis
- ALBERTO RODRIGUEZ SAA
S / D
Ref.: LOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS SOLICITAN UN URGENTE CAMBIO EN LAS POLÍTICAS SECTORIALES
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted en virtud del Proyecto de Ley Distancias Mínimas de aplicación de fitosanitarios. Encontramos un trabajo en el que abundan definiciones jurídicas pero que carece de fundamentos científicos que permitan justificar los artículos allí presentes.
Establecer distancias mínimas sin discriminar el tipo de aplicación (Aérea o terrestre) o el grado de toxicidad de los productos a aplicar, representa un error imposible de subsanar en reglamentaciones posteriores.
Ello queda claramente expresado en el documento “Pautas sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Areas Periurbanas” publicado en 2015 por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Dicho documento – que se adjunta – fue elaborado, discutido y acordado por representantes de los máximos organismos técnicos a nivel nacional en la materia, luego de una extensa revisión bibliográfica a nivel mundial. Y, en contraposición con el Proyecto de Ley arriba aludido, adjunta 15 documentos de lectura de base y 189 documentos de lectura complementaria como bibliografía de sustento científico.
Llama poderosamente la atención la falta de consulta previa a la COPROSAVE (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal) Le recordamos que la creación de dicha Comisión fue establecida por Ley Nº IX-0320-2004 (5559) artículo 7 y es el máximo organismo que entiende sobre la materia a nivel provincial.
Desafortunadamente, el Ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción tomó la decisión de redactar el citado Proyecto a espaldas de los organismos técnicos, lo cual ha dado origen al texto de una Ley que va a traer más problemas que soluciones.
Estamos convencidos de la necesidad de discutir los temas sensibles para toda la comunidad. Y el tema medioambiental es, sin dudas, uno de los más importantes porque involucra a la salud de las personas, a la producción sustentable de alimentos y al medioambiente en su conjunto.
Los integrantes de la COPROSAVE hicieron un gran esfuerzo, durante 2 años, para elaborar una propuesta de Decreto Reglamentario de la Ley de Agroquímicos. Fueron muchas horas de revisión bibliográfica y discusiones. Finalmente, se concluyó en un proyecto que, con relación a las
distancias de aplicación, era aún más restrictivo que la Ley recientemente aprobada. Sólo que las distancias de restricción están de acuerdo con dos premisas: El tipo de aplicación (aérea o terrestre) y el grado de toxicidad de los productos. Por citar un ejemplo: En aplicaciones aéreas, para productos de alto riesgo toxicológico, las restricciones propuestas son de 2.000 metros. Y a distancias menores, sólo se permiten productos de bajo riesgo, inclusive supervisados por un Ingeniero Agrónomo durante la aplicación. Esto es lo razonable. Y en esto queremos ser claros: SÍ hay consenso científico respecto de distancias de aplicación segura. Y, sobre todo, no hay ninguna duda que la distancia de aplicación segura es variable de acuerdo con dos factores: El tipo de aplicación (terrestre o aérea) y el grado de toxicidad del producto a utilizar (A mayor riego toxicológico, mayor distancia de aplicación) Estos dos criterios no sólo se basan en estudios científicos sino que son una cuestión de sentido común (No es lo mismo aplicar un producto con un pulverizador de arrastre, cuya distancia de aplicación al suelo es de 50 centímetros, que hacerlo con un avión, que por una cuestión de peso lleva el producto químico más concentrado y encima lo aplica a 5 metros de altura, como mínimo) Respecto del grado de toxicidad, obviamente no es lo mismo aplicar un producto Clase I (Producto Sumamente Peligroso) que uno Clase IV (Productos que normalmente no ofrecen peligro)
Más allá de las distancias, el otro elemento clave son las buenas prácticas durante la aplicación. Y en esto la COPROSAVE, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, han hecho un enorme esfuerzo en capacitar a los profesionales y aplicadores para que se respeten las restricciones, no sólo de distancias seguras sino de las condiciones ambientales que permitan una aplicación responsable. Es cierto que todavía algunos se manejan irresponsablemente, pero hacernos pagar a todos, a “justos por pecadores” no es el camino. Castigar, por las dudas, a quien realiza aplicaciones responsables, según dictan los protocolos, no parece lo más razonable. Tampoco parece razonable dejar de lado la recomendación del Ingeniero Agrónomo, que es el profesional capacitado para determinar las condiciones de aplicación segura.
Bien sabemos su preocupación personal respecto del 1º Juicio Oral por «Homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal» por el fallecimiento de Santiago Nicolás Arévalo, de cuatro años y el daño a su prima Celeste, que entonces tenía seis años, ambos intoxicados con Endosulfán. Más allá que días pasados el Tribunal absolvió al productor, es altamente probable que efectivamente Nicolás haya fallecido por causa de intoxicación con este insecticida. Las secuelas neurológicas en su hermana coinciden con la bibliografía respecto de los daños por inhalación de este producto. Hemos estudiado bien el caso porque es verdaderamente preocupante. Y le podemos dar detalles: La aplicación se realizó dentro de un invernadero, para controlar una plaga conocida como mosca blanca del tomate. La falta de elementos de protección y la alta temperatura reinante llevaron a que el aplicador elevara las cortinas del invernadero, expulsando los vapores de este producto que podrían haber sido inhalados por ambos niños. Este hecho llevó a que el SENASA iniciara el expediente tendiente a prohibir, ese mismo año (2011) la venta de Endosulfán. Dos años después, en 2013, este insecticida fue prohibido en el país luego de que el Convenio de Estocolmo, un acuerdo internacional que regula sustancias tóxicas, lo sugiriera. Para su referencia, este insecticida también fue utilizado, en su momento, para el control de la mosca de los frutos.
Sr. Gobernador, esta Ley nos genera muchas preguntas aún sin respuestas:
– 1º – Por qué abundan definiciones jurídicas pero en ningún lugar figura un solo fundamento de por qué la restricción de 1.500 metros?
– 2º- Por qué no 200, 500… o 3.000 metros de restricción?
– 3º- Por qué da lo mismo si la aplicación es aérea o terrestre?
– 4º- Por qué da lo mismo si el producto utilizado es Clase I o Clase IV en el grado de toxicidad?
– 5º- Por qué se ignora abiertamente la capacidad del Ingeniero Agrónomo para determinar las condiciones de aplicación?
– 6º- Por qué se omitió el documento “Pautas de Aplicación de Agroquímicos en Áreas Periurbanas” publicado en 2015 por el Ministerio de Agricultura de la Nación, luego de una extensa revisión bibliográfica realizada por los máximos referentes a nivel nacional en el tema agroquímicos? Este trabajo recomienda 100 metros para aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas y justifica citando 15 documentos de lectura de base y 189 documentos de lectura complementaria a nivel mundial, en contraposición con los fundamentos de esta Ley que cita 0 (cero) documento científico.
– 7º- Por qué se nombra específicamente al Glifosato, cuyo grado de toxicidad es Clase IV (Productos que normalmente no ofrecen peligro) y no los productos utilizados en el control de la mosca de los frutos, que son Clase II (Producto Moderadamente Peligroso)?
– 8º- Por qué se hace alusión exclusivamente a aplicaciones en cultivos productivos? Acaso los productos utilizados en el control de la mosca de los frutos en las viviendas de los centros urbanos son inocuos y saludables?
– 9º- Qué piensa hacer el Ministerio del Medio Ambiente con el Plan de Erradicación de Mosca de los Frutos? Cuando vayan a controlar la plaga a la casa de Doña Rosa ¿Van a evacuar a los vecinos de 15 cuadras a la redonda? O piensan “curarlas de palabra”?
– 10º- Por qué no se tomaron en cuenta los pequeños productores de los cinturones verdes en las áreas bajo riego? Los datos preliminares relevados permiten adelantar que, en la Provincia de San Luis, 100.000 hectáreas productivas dejarán de serlo. Y los efectos más grandes los sufrirán los pequeños productores hortícolas del corredor Quines-Candelaria, los pequeños productores de papa del área de riego de San Pablo, los pequeños productores de cítricos de Luján, los pequeños productores de olivo de Nogolí… y así podríamos seguir con todas las localidades de la Provincia.
– 11º- Por qué no se anunció, previo a la aprobación de la Ley, un plan de reconversión productiva? ¿Será que el Ministerio piensa librar a su propia suerte a los pequeños productores afectados?
– 12º Y las inversiones? ¿Cómo le van a explicar a los inversores que instalaron equipos de riego con un proyecto de inversión concreto? ¿Y la seguridad jurídica?
– 13º Por qué el Ministerio no ha hecho nada respecto de la planificación territorial, para promover un ordenamiento en las urbanizaciones? El crecimiento desordenado de las poblaciones convierte al tema en un problema de nunca acabar.
– 14º – Por qué se incorpora la figura del «denunciante rentado»? ¿No se pensó que esto va a llevar a conflictos entre vecinos, en muchos casos, por el interés económico? ¿Acaso el Estado ya, de movida, asume que no va a poder controlar, entonces apela a la denuncia entre vecinos? ¿Cómo va a influir esto para mantener la paz social?
– 15º- Por qué se ocultó el Proyecto de Ley?
– 16º- Por qué el Ministro no consultó a la COPROSAVE para asesorar correctamente a quien debe tomar la “decisión política”?
– 17º- Por qué se aprobó la Ley sin discutirla con todos los sectores involucrados?
Sr. Gobernador: Necesitamos calidad institucional. Y esto sólo se logra discutiendo los temas sensibles a la comunidad y permitiendo participar a los especialistas.
Nos preguntamos: ¿Es posible mantener un diálogo de buena fe, cuando un Ministro decide deliberadamente ocultar un Proyecto de Ley para no someterlo a discusión, con el pretexto de ser “una decisión política”? ¿No le parece más razonable convocar a la COPROSAVE y consensuar un decreto reglamentario de la Ley de Agroquímicos? Así nos quedamos todos tranquilos porque a las distancias las establecen los profesionales que han estudiado para eso.
Cuenca del Morro y Ley de Emergencia ambiental
El Ministro de Medio Ambiente dice que el problema de la Cuenca del Morro le ha costado al Estado Provincial 100 millones de pesos (Sería bueno saber en qué los ha gastado) y con eso quiere justificar la Ley de Emergencia Ambiental pero no cuenta que, desde 2008, año en el que se creó el Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja) la Provincia ha recibido 1.400 millones de mano de los productores. Muchas calles asfaltadas con ese dinero y en buena hora, como un aporte del campo para toda la comunidad urbana. Pero también se podría destinar un poco a obras para al sector que tanto le aporta. Es un absurdo agregarle una Tasa al productor perjudicado. El problema del Río Nuevo no es solamente por la soja, por el glifosato o por el desmonte. A todos estos elementos hay que sumarle varias cosas más, como el cambio climático, que provoca mayores precipitaciones. El problema de la Cuenca del Morro no es de ahora, viene desde hace mucho antes que la soja.
No hace falta apelar, como dijo el Ministro Moleker, a “transferencias de recursos desde Educación, Salud y Seguridad que fueron a esta emergencia ambiental” Le damos una idea: De los 600 millones de pesos que va a recibir el año próximo del Fondo de la Soja, use una pequeña porción en el sector productivo. La ley del Fondo Federal Solidario se lo permite. De paso, Moleker deja de preocupar a la gente con un argumento inverosímil.
Inseguridad
No resulta razonable que los policías estén “haciendo dedo” para llegar a los controles policiales por falta de móviles. Si no disponen de vehículos, es muy difícil que puedan controlar el delito rural.
Impuestos
Tenemos que aumentar las inversiones para generar más empleo. Y para poder aumentar las inversiones hacen falta dos cosas: Seguridad Jurídica (Ya lo hablamos en el otro punto) y planes de estímulo para generar valor agregado. Aumentar la presión impositiva ahuyenta la inversión. El incremento del 40% en los impuestos le complica la vida a algunas producciones que no han aumentado esa tasa.
Hay un tema específico que es “Ingresos Brutos” Este impuesto es el más distorsivo para la producción porque, independientemente de que se obtengan ganancias o pérdidas, el Estado siempre recauda. En este caso puntual, el reclamo se basa en las retenciones cruzadas entre DOPRO, agentes de retención, agentes de percepción, retenciones bancarias, etc., que termina multiplicando las alícuotas del 1% hasta 3 veces o más.
Sr. Gobernador: Creíamos que la división entre el sector rural y el sector urbano, que tanto daño nos hizo a nivel nacional, era un tema superado.
Nosotros estamos para otra cosa, para estar produciendo. Terminemos con los conflictos permanentes, que desgastan a ambas partes.
Para finalizar, una reflexión:
ES NECESARIO UN PACTO ENTRE PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Pero para poder celebrarlo tienen que sentarse a acordar las partes. No existen pactos unilaterales, en los que una parte pone todas las condiciones y la otra las acepta.
Foto: Prensa Cartez
