Cargado de gestos de indignación, el camionetazo que más de 200 productores de diferentes zonas de la provincia realizaron hoy frente a la gobernación puntana fue más allá del reclamo técnico por una ley de agroquímicos que consideran inaplicable, sino que se convirtió en un firme y unánime pedido al gobierno de Alberto Rodríguez Saá por mejores prácticas democráticas a la hora de vincularse con el sector.
Poco más de cien camionetas fueron frenadas en seco por la policía cuando les impidió el ingreso al predio de Terrazas del Portezuelo, adonde querían ingresar para que el gobernador les recibiera en persona el petitorio, que luego de quejas subidas de tono y un breve forcejeo en el portón, un jefe de seguridad dejó ingresar a tres representantes para llevar la nota ante el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
El pedido central es que dejen sin efecto la nueva ley de agroquímicos y mantengan la vigencia de la anterior, porque consideran que se realizó por consenso de amplios sectores vinculados a la actividad agrícola de la provincia y tiene todas las herramientas para cuidar el ambiente y proteger la salud de las personas.
Allí ingresaron las entidades convocantes a la marcha y sus representantes, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Gabriel De Raedemaeker, el titular de la Sociedad Rural Rio Quinto, Carlos Cavadore, y el conductor de la Rural del Valle del Conlara, Nahuel Cancela.
Los ánimos estaban muy caldeados. El productor Guillermo Horas bramó contra el maltrato que reciben del gobierno y calificó de caprichosa la decisión de sancionar una ley que consideran imposible de aplicar, ademas de no hallar explicación a la necesidad del gobierno de abrir otro frente de conflicto sin ninguna necesidad política visible.
Mientras los productores aguardaban las gestiones de sus representantes, varias de las conversaciones volvían siempre a la misma conclusión: el llamativo desprecio al ingeniero agrónomo, que no es mencionado en la nueva ley y sin embargo es el único profesional capacitado y habilitado para tomar decisiones en manejo de fitosanitarios y fumigación.
Pero también hubo lamentos de productores de Valle del Conlara y de Quines-Candelaria, ya que varios quedarían fuera del sistema productivo porque sus hectáreas están incluidas en las nuevas prohibiciones, que, insistieron, en total sumarían unas cien mil hectáreas en toda la provincia.
También acompañaron la protesta la Confederación Rural de San Luis, con todos sus integrantes presentes, entre ellos el presidente y vice de la entidad que agrupa a cinco sociedades rurales, Raúl Foncueva y Hugo Díaz Flores.
La bronca no bajó nunca. Es que los cambios que impone la nueva ley son de tal impacto que terminan afectando a los más chicos. “A las grandes empresas, si les afecta, venden y se van, no pierden nada y por eso tampoco se involucran en este reclamo”, comentó un ganadero de Quines, quien sin embargo aclaróo que la excepción son algunos directivos de Ser Beef.
Al cierre de esta nota se esperaban novedades sobre la respuesta que obtendrán los enviados al Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción con el reclamo formal para volver a la anterior ley de agroquímicos, que llevo más de dos años elaborarla.
Foto: El Semiarido
