En los tramos finales para formalizar su creación y elegir las primeras autoridades, el futuro ente público no estatal que fijará precios de referencia de “carácter no vinculante” para los granos y carnes que se comercialicen en la provincia de San Luis ya tiene nombre: “Instituto de Valor Agregado Agroindustrial”.
En su cuarta reunión desde que la convocó el gobierno provincial, la mesa intersectorial de la que participan productores y representantes de las cadenas agroindustriales, resolvió aprobar la creación de este instituto, que será respaldado por un decreto prometido por el gobernador Claudio Poggi y que estará integrado por “actores privados y públicos, sectoriales e interdisciplinario”, más los ministerios del Campo e Industria.
Durante el encuentro realizado en Sol Puntano, la chacra experimental de la cartera del Campo, también aprobaron por unanimidad que el ente se crea para “fomentar e impulsar acciones tendientes a mejorar a competitividad de la cadena de valor agroindustrial”; prestar servicios técnicos, como de laboratorio, actuación como árbitro en conflictos sobre calidad; consolidar las plantas de almacenamiento e industrialización de materia prima.
El martes próximo en Terrazas del Portezuelo habrá definiciones clave: deberá probarse la organización interna del instituto que contempla una asamblea integrada por las comisiones de la cadena de valor agrícola y la de carnes que trabajaron en el armado inicial del futuro ente, y un consejo directivo integrado por representantes de cada comisión y del Poder Ejecutivo.
Entre los objetivos aprobados se destacan también los de “promover la transparencia de los mercados y transacciones, fomentando la equidad de oportunidad y condiciones comerciales” y estudiar los mecanismos para dar a conocer los “precios de referencia San Luis”, que tendrán un “carácter no vinculante”.
Casi todos asistentes por el sector privado y del gobierno, que en la última reunión estuvo representado por los ministros del Campo y de Industria, Gonzalo Amondaraín y Federico Trombotto, coincidieron además que establecer un precio de referencia tendrá un impacto positivo en las cadenas de valor dentro y fuera de la provincia, ya que, al contemplar los mercados del Pacífico, los asociados al Instituto tendrán esta herramienta que les servirá para analizar las mejores opciones a la hora de resolver operaciones nacionales o internacionales.
Impulsará, además, acciones tendientes a lograr competitividad del “valor logística”; servicios de investigación, desarrollo, estadísticas, capacitaciones al servicio de los sectores privado y público.
Una decisión, que no entró en el orden del día, pero que ya asoma con firmeza, es si el consejo directivo del futuro instituto debe tener mayoría de miembros del sector privado, como propusieron Martín André, gerente de Glucovil, y Daniel Lusich, productor y representante de Aapesid.
Aunque el punto no entró en discusión por una cuestión formal, el ministro Trombotto despejó dudas por el momento: “En lo personal, coincido en que la mayoría debe ser de los privados”.
