El diputado Lucas Caymes (Frente Justicialista-Pringes) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone eliminar completamente los costos asociados al Documento Provincial (DO.PRO.), una medida que, de aprobarse, implicaría un alivio económico directo para productores agropecuarios, ganaderos y forestales de San Luis y modificaría uno de los esquemas administrativos más discutidos por el sector productivo.
La iniciativa plantea una desgravación total de tasas, aranceles, anticipos impositivos y cualquier otro cargo económico actualmente incorporado al DO.PRO., documento obligatorio para el traslado y comercialización de productos primarios dentro y fuera del territorio provincial.
Según el texto legislativo, el objetivo central es mantener el DO.PRO. como herramienta de control sanitario y trazabilidad, pero sin costo económico para el productor, separando así la función administrativa del documento de su actual utilización como instrumento de recaudación.
Uno de los puntos centrales del proyecto impulsado por Caymes es que el DO.PRO. seguirá siendo obligatorio, pero su emisión será gratuita para los productores alcanzados por la norma.
Actualmente, el documento concentra distintos conceptos económicos, entre ellos, tasas por expedición de guías de traslado, tasas por emisión de certificados de venta, anticipos o pagos a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y contribuciones especiales vinculadas al documento.
La propuesta legislativa establece la eliminación de todos estos componentes económicos, sin modificar la obligatoriedad del instrumento como herramienta de control estatal.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, esta decisión responde a una lógica técnica: no eliminar el documento, sino eliminar su costo, evitando vacíos en el control sanitario y administrativo.
Desde ganaderos hasta apicultores
El proyecto prevé que la desgravación alcance a una amplia variedad de actores del sector primario, entre ellos, productores agropecuarios y ganaderos; productores forestales autorizados; apicultores, fruticultores y horticultores; cooperativas y asociaciones rurales; contratistas rurales y transportistas vinculados al traslado de productos primarios.
Asimismo, la medida incluye trámites vinculados a traslado de hacienda bovina, ovina, caprina, equina y porcina; certificados de venta de ganado; guías de frutos del país; documentación forestal, y trámites administrativos vinculados a la producción primaria.
Sin embargo, quedan excluidos algunos casos específicos, como servicios extraordinarios fuera de horario, inspecciones técnicas especiales solicitadas por particulares, procedimientos derivados de infracciones o sanciones y actividades de industrialización o transformación de productos primarios.
Un reclamo histórico del campo
En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que la iniciativa responde a una demanda histórica del sector productivo, que desde hace años cuestiona el impacto económico del DO.PRO. sobre la rentabilidad de las explotaciones primarias.
El documento señala que el actual esquema puede implicar una carga financiera significativa, especialmente para pequeños productores, quienes realizan múltiples traslados anuales y deben afrontar costos reiterados asociados al documento.
Además, se advierte que el sistema vigente funciona como un anticipo obligatorio del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que —según el texto— podría afectar la liquidez del productor al adelantar recursos antes de la liquidación final del tributo.
Digitalización obligatoria en 180 días
Otro aspecto relevante del proyecto es la obligación de implementar un sistema digital integral para la emisión del DO.PRO.
El Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 180 días hábiles desde la promulgación de la ley para poner en marcha un sistema que deberá ser gratuito y de acceso libre para los productores, permitir la emisión inmediata del documento, funcionar mediante plataforma web y aplicación móvil, contar con mecanismos especiales para zonas con baja conectividad y mantener interoperabilidad con sistemas sanitarios nacionales.
La digitalización es presentada como una herramienta clave para reducir costos administrativos y agilizar trámites en zonas rurales alejadas.
Uno de los interrogantes centrales que plantea el proyecto es el financiamiento de los servicios actualmente sostenidos con los recursos generados por el DO.PRO.
Para ello, la iniciativa establece que los servicios vinculados al documento serán financiados con recursos del Tesoro Provincial y que el Poder Ejecutivo deberá realizar adecuaciones presupuestarias para sostener el sistema.
En un plazo de 30 días desde la promulgación, deberá enviarse un informe detallado sobre el impacto fiscal de la medida.
Entre los argumentos incluidos en el proyecto, se sostiene que el costo operativo de emisión digital es relativamente bajo y que la eliminación del gravamen podría incentivar la formalización de operaciones, generando efectos positivos en la recaudación global.
Cláusula clave
Uno de los artículos más contundentes del proyecto establece una prohibición expresa para recrear cargas económicas equivalentes al DO.PRO., ya sea con otra denominación o mediante nuevos mecanismos administrativos.
El texto indica que solo una ley formal del Poder Legislativo podría reinstaurar un gravamen similar, lo que busca evitar que el costo reaparezca mediante decisiones administrativas.
El proyecto sostiene que la desgravación podría generar beneficios directos en la competitividad del sector primario provincial.
Entre los efectos esperados se destacan la reducción del costo por traslado de hacienda, disminución de cargas administrativas, mejora en la trazabilidad sanitaria, mayor formalización de operaciones comerciales y reducción del impacto económico sobre pequeños productores rurales.
También se plantea que la medida podría reducir las diferencias de costos entre productores ubicados en zonas cercanas a centros administrativos y aquellos que operan en regiones rurales alejadas.
La presentación del proyecto abre un debate que promete repercusiones tanto en el ámbito político como en el sector agropecuario, donde el costo del DO.PRO. ha sido señalado reiteradamente como un factor que incide en la rentabilidad de las explotaciones.
La iniciativa del diputado justicialista Lucas Caymes apunta a transformar un instrumento históricamente cuestionado en una herramienta gratuita de control y trazabilidad, sin resignar la capacidad del Estado para supervisar la circulación de productos primarios.
De avanzar en la Legislatura, la propuesta podría marcar uno de los cambios más relevantes en materia administrativa y tributaria vinculada al sector agropecuario en la provincia, con impacto directo sobre miles de productores y actividades vinculadas al campo puntano.
