El gobierno de San Luis inició desde que rige la ley provincial que regula la aplicación de agroquímicos, un estricto control para certificar que todos los aplicadores estén en regla y trabajen con la receta fitosanitaria correspondiente.
San Luis tiene una Ley de Agroquímicos que tiene por objetivo proteger la salud de sus habitantes, además de cuidar su fauna y recursos renovables, haciendo hincapié en la capacitación de los diferentes actores del sistema y la implementación de buenas prácticas agrícolas.
Por ello,, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se encuentra inspeccionando las máquinas aplicadoras terrestres de productos fitosanitarios en todo el territorio sanluiseño, según detalló hoy un comunicado oficial.
“La idea es salir al campo y recorrer las diferentes zonas agrícolas; comenzamos por las áreas periurbanas e identificamos las máquinas que están realizando aplicaciones”, explicó la jefa del Área Sanidad y Tecnificación Agrícola, María Rodríguez. Además, indicó: “Si vemos que hay campos que están cerca de las zonas urbanas y realizan siembra directa, situación que conlleva el uso de agroquímicos, identificamos los campos y solicitamos al productor que nos informe quién es el responsable de la aplicación, si se encuentra en regla y los datos del ingeniero correspondiente”.
Las inspecciones tienen como objetivo corroborar que las máquinas que realizan aplicaciones están registradas, tengan presentadas las verificaciones técnicas correspondientes, estén habilitadas para la campaña 2016/2017, que el aplicador tenga el carnet que lo acredite como tal y se esté trabajando con la receta fitosanitaria.
“Ya visitamos establecimientos de Villa Mercedes, Justo Daract, La Punilla, la Cuenca del Morro, el Valle del Conlara y Quines, entre otros. Seguiremos realizando se inspecciones en toda la provincia. Hasta la fecha tenemos 34 máquinas registradas y aquellas que no lo están son multadas. Llevamos 13 actas labradas”, informó la funcionaria.
De acuerdo al grado de infracción, las multas pueden oscilar entre los $27.000 y los $4.500.000.
Al Programa Control Sanitario y Fiscal se le otorga un rol fundamental al momento de los controles. Por ello, se capacitó a su personal para saber cómo actuar ante cada situación irregular. “Ellos nos ayudan mucho en los límites provinciales. Muchas veces ingresan máquinas de otras provincias que vienen, realizan su trabajo y se van: ellas también deben estar registradas en San Luis”, concluyó Rodríguez.
Foto: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.