El deliberado ocultamiento de la identidad de personas y empresas detectadas por infracciones en diferentes procedimientos se ha convertido en una tendencia casi generalizada en las oficinas públicas que actúan en San Luis y los ejemplos abundan.
Frente a estos casos es habitual observar la pulseada del periodismo con funcionarios que hasta creen que es su obligación esconder nombres, que el indefenso ciudadano debe conocer con el único fin de protegerse de estafas y engaños.
Desde el momento en que un inspector labra un “acta pública”, el acto es y debe ser público. No hay ley que los obligue a “guardar reserva” de las identidades.
Entre los casos recientes, el más escandaloso fue el ocurrido en agosto del año pasado, cuando la ahora disuelta Renatea detectó en un procedimiento a 20 hacheros trabajando en condiciones infrahumanas en un campo al este de la localidad de Luján. La entonces delegada en San Luis se negó en todo momento a difundir los nombres del dueño, del contratita y del establecimiento bajo la excusa que el “caso está en manos de la justicia”.
Los más peligrosos por el riesgo que implica para la salud de la población, son los casos vinculados con los alimentos. A principio de junio, la Municipalidad de San Luis secuestró 200 bolsas de premezcla para biscochuelo vencidas y con gorgojos, pero ocultó el nombre de la marca y la de los responsables.
Pero el Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción parece acumular un récord de escondidas de procedimientos en los que estuvo vinculado directa o indirectamente. En junio del año pasado informó sobre tres enfermos de triquinosis ingresados a los hospitales de Villa Mercedes y Justo Daract por consumir chacinados elaborados con cerdos infectados de la zona. Nada se dijo del origen de los chorizos.
La misma oficina tampoco dijo nada cuando en febrero pasado detectó el primer caso de anemia infecciosa equina en el norte de San Luis, una enfermedad retroviral con signos clínicos agudos y crónicos que incluyen fiebre, anemia, edema y caquexia. No tiene cura y los infectados deben ir a faena.
Similar actitud tomó el Programa Control Sanitario y Fiscal (Cosafi), del mismo ministerio, cuando en mayo pasado identificó a una cantidad no especificada de cerdos positivos con triquinosis en Papagayos, que luego enviaron a “faena sanitaria controlada”. Esta intervención llegó tras detectar casos humanos en un campo próximo a la localidad.
Senasa, la autoridad sanitaria nacional, también mantiene su costumbre de informar a medias. En abril último decomisó 1.856 kilos de quesos de masa dura y blanda y ricota que no cumplían con las normas higiénico sanitarias y con rótulos y envases apócrifos. Esto ocurrió cerca de Villa Dolores, Córdoba, próximo al límite norte de San Luis. No hubo pistas de la marca ni quienes los fabricaban.
Tampoco se salva de las críticas la sociedad estatal Sana Luis Agua, que en lo que va del año detectó cinco conexiones clandestinas en una cañería perteneciente al acueducto Nogolí, una acción que el organismo encuadró como “robo de agua”. En todos los casos labraron “actas públicas”, que no fueron tan públicas.
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