El presidente de la Nación Mauricio Macri solicitó ayuda a representantes del sector privado en la pelea que sostiene para reducir el elevado déficit fiscal del país. Esto ocurrió al finalizar una reunión realizada este miércoles en Trenque Lauquen de la que participaron el Presidente, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y diferentes dirigentes del sector agropecuario.
En las reuniones donde participan altos funcionarios del gobierno nacional, depende de quién informe da la impresión de que participaron en encuentros diferentes. Si leemos el parte oficial que generó Agroindustria respecto de esta reunión pareciera que todo fueron rosas y jazmines. Si, en cambio, se consulta a los productores la historia cambia en forma significativa.
Sobre el filo del final de la reunión de la denominada “Mesa de Competitividad de Cultivos Extensivos”, Macri confesó ante los interlocutores del agro que le estaba “costando mucho” convencer a las provincias y los municipios sobre la necesidad de reducir el gasto público en todas las escalas de gobierno: nacional, provincial y municipal.
Fue entonces cuando pidió a los productores que se conviertan en “militantes” de esa causa, reclamando a sus gobernadores e intendentes una mayor intensidad en el ajuste del sector público, informa el portal Bichos de Campo. Frase para reflexionar sobre el poder político del que goza el Presidente.
Minutos antes, según contaron dirigentes que participaron de esa reunión, el presidente se había manifestado abiertamente en contra del reclamo expresado por algunos gobernadores, en el marco de la discusión por la Ley de Presupuesto que se prepara en el Senado, para que el gobierno central reimplante el fondo federal sojero, a través del cual se coparticipaba a las provincias un 30% de la recaudación derivada de las retenciones aplicadas a ese cultivo y sus derivados.
No fue la única novedad de alto voltaje político que se produjo en la reunión, donde hubo una larga rueda de exposiciones de las diversas entidades que componen la cadena agrícola: habló desde la Mesa de Enlace, en la figura del presidente de CRA, Dardo Chiesa, a los representantes de las entidades de cadena, las entidades técnicas como Aapresid y los exportadores de granos.
La reunión tuvo un claro objetivo político para los máximos referentes de Cambiemos: mostrar que el diálogo entre el Gobierno y el sector rural no quedó lesionado luego de la reimplantación de los derechos de exportación y los amagues de una nueva suba generalizada de impuestos, motorizada por la necesidad oficial de cerrar las cuentas en 2019 con el tan mentado “déficit cero”.
El encuentro de Trenque Lauquen también debe ser considerado como un gesto de respaldo político de Macri a su ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ahora devenido en secretario dependiente del Ministerio de la Producción.
Según las fuentes consultadas, el presidente y la gobernadora se mostraron siempre bien dispuestos a atender los planteos de los agropecuarios y hasta coincidieron con ellos en varias ocasiones. Por ejemplo, sucedió cuando alguien expuso los temores del sector ante la catarata de ordenanzas y fallos judiciales que ordenan restringir las aplicaciones con agroquímicos en torno a zonas pobladas o escuelas rurales. “Argentina tiene una tendencia al suicidio”, fue la reflexión de Macri, que se mostró crítico con la imposición exagerada de zonas “buffer” o de prohibición a las aplicaciones.
Vidal, en tanto, se ganó la simpatía de los dirigentes bonaerenses (en la reunión estuvo Matías de Velazco, el presidente de la combativa Carbap), cuando despejó los temores ruralistas a un nuevo revalúo de los campos bonaerenses. La gobernadora dijo que eso ya lo habían hecho el año pasado y dio a entender que la recaudación por el Impuesto Inmobiliario Rural del año próximo crecerá en niveles cercanos a los de la inflación.
Según los números que expuso la gobernadora, la Provincia perderá de recaudar unos 1.800 millones de pesos debido a las bajas comprometidas en el Impuesto a los Ingresos Brutos, y no llegará a compensar esa merma con la suba esperada en el Inmobiliario Rural, que estimó en 1.000 millones de pesos para el año que viene.
Hubo consenso además, a partir de un pedido expreso de Aapresid, de la necesidad de que este año se apruebe en el Congreso una nueva Ley de Semillas que proteja las innovaciones en ese sector. Macri, por otro lado, se mostró molesto cuando el representante de Argentrigo contó que a cierto panadero la bolsa de harina le había subido 3,75 veces este año, contra una suba de 100% en el valor del dólar, provocada por la inflación.
Luis Zubizarreta, como representante de Acoja pero también como integrante de la industria aceitera, se lamentó por la decisión del gobierno (tomada en conjunto con la eliminación del Fondo Sojero) de terminar con el diferencial histórico de retenciones, de 3%, que apuntalaba la molienda de soja y la exportación de harina y aceite, en lugar del grano sin procesar. Pero le salió al cruce con vehemencia el secretario Etchevehere, uno de los teóricos de esa medida que subsidiaba la industria y castigaba al productor.
El secretario indicó además en la reunión que “nuestro objetivo es un escenario de 180 millones de toneladas para 2028, para lo cual es necesario trabajar en políticas públicas que nos permitan alcanzarlo, tales como las buenas prácticas agrícolas, la tecnología y simplificación de trámites”.
En otro tramo se destacó la creación del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), cuyo sistema de scoring premia al productor que cumple con la AFIP y que comienza a funcionar desde este jueves 1 de noviembre. Quizás alguno recordó que ese fue un anuncio improvisado por el propio Macri en la última Expoagro, que finalmente pudo ponerse en marcha en un lapso de seis meses.