Son 30 pymes regionales productoras de biodiesel a lo largo y ancho del país, nucleadas en CEPREB y con más de 10 mil puestos de trabajo en juego, las que están paralizadas hace 4 meses y esperan una resolución por parte del Gobierno Nacional para definir un esquema de precio, que les permita cubrir los costos productivos y mantener en pie las plantas operativas.
Las empresas presentaron un plan transitorio a la Secretaría de Energía para la reactivación del sector en un mediano plazo, a partir de tener un precio de mercado y de reestablecer el corte progresivo del biodiésel para alcanzar el 10% en el corte como dispone la normativa vigente.
Si no hay una rectificación inmediata para resolver este enorme desfasaje, las pymes seguirán el camino de suspensiones, despidos, vacaciones anticipadas; e incluso tomarán la decisión de iniciar hacia acciones legales para reclamar el cumplimiento de la ley.
Quienes forman parte de CEPREB, esperan desde hace casi un año, estando los últimos 4 meses parados, una resolución efectiva y acorde al contexto económico actual para que no muera el sector, que nace a partir de la ley 26.093 promulgada durante la presidencia de Néstor Kirchner en vistas de definir una Política de Estado, y de esta forma, desarrollar los biocombustibles y promover la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de economías regionales, la sustitución de importaciones, la sustentabilidad medioambiental, el federalismo y el trabajo argentino.
