La participación del Estado en la renta agrícola de San Luis fue del 68% en le último trimestre del año, 9,1% menos que lo registrado en junio de 2017, según la última medición difundida por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).
Según esta fundación, San Luis tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras dos provincias, sin embargo, tiene una especie de “derecho de exportación interno”. Cobra una tasa que incluye “guías de campaña” y “certificados de venta”. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (documento provincial). Por ejemplo, una tonelada de soja paga $7,08 en concepto de guía, más $10,63 de certificado, más $14,20 de pago a cuenta de IIBB, pagando un Do.Pro. por tonelada de $31,91.
La última medición de la participación del Estado en la renta agrícola marcó 71,1%.En la medición anterior, en junio, había sido de 74,7%, mientras que hace un año fue de 65,4%.El incremento de los ingresos por encima de los costos hizo que mejorara la renta y bajara el indicador.El precio disponible en dólares del maíz y la soja subieron un 7% y 8% con respecto a junio. Además, el dólar aumentó un 9% mientras que los costos aumentaron un 7,4% en estos tres meses.
En cuanto al aumento que se observa en relación al 65,4% de hace un año, al actual de 71,1%, sucede que,si se compara con septiembre del año pasado, los costos de una hectárea promedio subieron un 27,7%, cuanado el valor bruto de producción de una hectárea promedio en el país tuvo un incremento del 16,5%.
David Miazzo, economista jefe de FADA, advierte que “es importante tener en cuenta que la baja del índice FADA no aplica para los campos inundados, donde allí la situación es preocupante. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires un productor que sembró 500 hectáreas de maíz enterró cerca de $2,5 millones.Los campos afectados por el agua viven situaciones alarmantes desde afrontar mayores costos para cosechar y transportar, pérdidas de una parte de la producción,o hasta perder el 100% de la inversión que se sembró”.
También en este informe, FADA impulsa a prestar atención a los beneficios de laley PyME ya que adhiriendo, se evita pagar el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, se puede pagar el IVA a 90 días, se puede descontar de Ganancias el 10% de las inversiones, y se puede descontar el 100% del impuesto al cheque. “Por ejemplo, en el caso del impuesto al cheque, cada 100 hectáreas de maíz se podría ahorrar unos $8.600 por año”, detalla Miazzo.
¿Qué pasa con el “costo argentino”? El estudio advierte que nuevas cargas tributarias y regímenes de información significan mayores costos y mayor dificultad para el sector productivo, que no sólo tiene que ocuparse de producir más y mejor, sino que tiene que ser un agente de los Estados Nacional y provinciales, cumpliendo funciones de agentes de información y retención en múltiples casos.David Miazzo explica que “un país más competitivo requiere de una carga tributaria y administrativa baja, simple y eficiente. Nuevas cargas tributarias y regímenes de información significan mayores costos y mayor dificultad para el sector productivo, que no sólo tiene que ocuparse de producir más y mejor, sino que tiene que ser un agente de los Estados Nacional y provinciales, cumpliendo funciones de agentes de información y retención en múltiples casos”.
Este tipo de requerimientos significan menos competitividad y mayores costos, que suman al “costo argentino”. Si se analiza cada requerimiento por separado, probablemente resulten marginales al negocio, pero la sumatoria de todos ellos hacen la diferencia.
Para dar un ejemplo, continúa Miazzo, recientemente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, incorporó aranceles indicativos para el Registro de Tierras Explotadas (Nación) y el Régimen de Información de Combustibles Líquidos (Provincia de Córdoba), dos cargas más que se cargaron a las obligaciones de los productores. El honorario sugerido para el primero es de $6.900, y para el caso del segundo es de $1.380, que al ser un requerimiento mensual, genera uncosto extra anual de $16.560. Es decir, que entre ambos, se suma un costo anual de $23.460 por productor.
Costos
Para profundizar por caso, el informe de FADA analizólos costos involucrados en una hectárea de maíz. En el cálculo del índice se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.
Sobre este caso se resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing, que representan entre el 9% y el 10% de los costos involucrados en una hectárea de maíz. Resulta llamativo que estos gastos representen lo mismo que cuestan los fertilizantes, tanto en maíz como en soja. Aquí hay un tema de competitividad y costo argentino para trabajar.
El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que uno se desplaza hacia el interior mediterráneo. En el caso del maíz, el flete representa el 26,5% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 28,9% y en San Luis el 29,5%.
Índices Provinciales: Buenos Aires, Córdoba y San Luis
A partir de junio de 2017, FADA publica con la misma frecuencia que el índice FADA nacional, indicadores desglosados para las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis.
Mientras el índice FADA nacional da 71,1%, el de Buenos Aires es de 65,7%, Córdoba 68,5% y San Luis 68%.Lo que más impacta en esta comparación, es que San Luis, por ejemplo, tiene rindes menores y una renta por hectárea menor que las otras dos provincias. En términos absolutos, el impacto de los impuestos es exactamente al revés, una hectárea en Buenos Aires es la que más tributa, y una en San Luis la que menos.
Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $476 por hectárea. Al mismo tiempo, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son tasas viales. Estas tasas significan, en promedio, unos $95 por hectárea. Así, entre municipales y provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $555, representando un 3,3% del valor de la producción, o un 6,2% de la renta. En el caso de Córdoba, representa 1,7% del valor de la producción y 3,4% de la renta, y no existen los impuestos municipales.
Sin embargo, si en lugar de tomar el valor bruto de la producción, se toma el ingreso neto de gastos de transporte de los productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan más parejos. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra.
San Luis, tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras dos provincias, sin embargo, tiene una especie de “derecho de exportación interno”. Cobra una tasa que incluye “guías de campaña” y “certificados de venta”. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (documento provincial). Por ejemplo, una tonelada de soja paga $7,08 en concepto de guía, más $10,63 de certificado, más $14,20 de pago a cuenta de IIBB, pagando un Do.Pro. por tonelada de $31,91.
En cuanto a la “renta de la tierra”, que es un arrendamiento promedio menos impuestos, las tres provincias tienen un nivel similar.
¿Cómo se calcula el índice FADA?
El indicador es el resultado de una división, entre un numerador, representado por los impuestos, y un denominador, representado por la renta agrícola. Por este motivo, el índice suele moverse por las variaciones en la renta agrícola, ya que las alícuotas de los impuestos se mantienen estables.
La renta agrícola es el resultado de restarle al valor de la producción, los costos de producir, comercializar y transportar la producción. Así, si suben los costos, la renta baja y el indicador sube. Y si, como es el caso, bajan los precios, baja el valor de la producción, se reduce la renta y, nuevamente, aumenta el índice FADA.