Productores agropecuarios del Valle del Conlara y otras zonas irrigadas de San Luis expresaron un contundente rechazo a los nuevos valores establecidos por el gobierno provincial para el uso de agua cruda, con subas superiores al 3.000%, según los propios productores. La medida, contemplada en la Ley Impositiva Anual 2025, generó asambleas, reuniones gremiales y el llamado a la desobediencia fiscal ante lo que consideran un “tarifazo irracional”.
“Estábamos pagando alrededor de 8.000 pesos por hectárea empadronada, y ahora pretenden que abonemos más de 300.000 pesos. Es un disparate. Entendemos que el valor anterior estaba desactualizado, pero este aumento no tiene ningún sustento técnico ni se compara con otras provincias como Córdoba o Mendoza”, expresó el productor Guillermo Cismondi en declaraciones radiales, tras una reunión celebrada el jueves pasado en Concarán con más de 70 regantes y representantes de consorcios de riego.
Cismondi remarcó que el incremento no solo afecta a los campos bajo riego, sino también al uso ganadero del agua: “Nos cobran hasta por los pozos de molino para dar de beber a la hacienda. Productores con 20 o 30 cabezas, que hicieron un pozo a pulmón, ahora tienen que pagar 50.000 pesos o más solo por tener agua”.,
Durante la asamblea, se planteó la posibilidad de no pagar la nueva tarifa si la medida avanza. “No solo es imposible de afrontar, sino que atenta contra la producción y provoca el abandono del campo”, advirtió Cismondi. Según los productores, San Luis Agua, la empresa estatal encargada de la administración del recurso hídrico, aprobó los nuevos valores sin consultar al sector y sin siquiera contar con claridad en el sistema de facturación. “Dijeron que lo sacaron de un programa, de una computadora… ni ellos entienden cómo cobrar”, ironizó.
La situación escaló rápidamente y motivó una respuesta urgente del gobierno. Apenas conocida la magnitud del reclamo, autoridades de San Luis Agua convocaron a reuniones improvisadas con referentes del sector. “Nos enteramos que llamaron al presidente del consorcio de San Pablo con la excusa de que no sabían cómo facturar. Eso muestra la improvisación con la que se manejan”, apuntó otro de los asistentes al encuentro.
Alerta y movilización rural
El descontento no se limita al Valle del Conlara. Productores de Quines y Candelaria preparaban nuevas protestas, mientras se organizaban reuniones en distintas localidades. Una fuente del sector gremial adelantó a El Semiárido que los regantes de esas zonas recibieron facturas con los nuevos valores, a pesar de que se había acordado en febrero una mesa de trabajo con el gobernador Claudio Poggi para consensuar cualquier actualización tarifaria.
La tensión derivó en la convocatoria a una reunión clave para el jueves próximo en el predio de la Sociedad Rural Río Quinto, donde se espera la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el director de San Luis Agua, Nazareno Guzmán; y autoridades del Ministerio de Seguridad y de Vialidad Provincial. Participarán también dirigentes de las cinco sociedades rurales del interior (excluyendo la capital) y referentes de consorcios regantes del Valle del Conlara.
El antecedente de diciembre: una protesta efectiva
No es la primera vez que el sector agropecuario enfrenta aumentos de este tipo. En diciembre de 2024, tras un fuerte documento firmado por cinco entidades rurales –entre ellas la Sociedad Rural del Valle del Conlara, la Rural del Rosario y la Asociación Ganadera de Justo Daract–, el gobierno provincial dio marcha atrás con la suba de tarifas, apenas cuatro días después de que se declarara el estado de alerta y movilización.
En esa oportunidad, el ministro Trombotto se reunió con los dirigentes gremiales y les comunicó tres decisiones fundamentales:
- Se suspenderían, por decreto, los artículos referidos a tarifas de agua de la Ley Impositiva 2025.
- Se mantendrían vigentes los valores de 2024.
- Se abriría una mesa de diálogo en febrero para discutir el Plan Maestro del Agua 2025-2035.
Sin embargo, la reaparición de las facturas con los nuevos valores encendió otra vez las alarmas y puso en duda la continuidad del compromiso oficial. Por eso, desde el sector productivo exigen ahora un pronunciamiento claro y definitivo.
“La producción necesita certezas, no medidas improvisadas. El agua es un recurso vital, y su acceso no puede estar condicionado por decisiones arbitrarias”, concluyó entonces Díaz Flores.
