En una conferencia de prensa celebrada este lunes en San Luis, autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) manifestaron una profunda preocupación por la situación institucional que atraviesa el organismo. El encuentro estuvo encabezado por Jorge Reynals, director del Centro Regional La Pampa–San Luis; Hugo Bernasconi, director de la Estación Experimental San Luis; Carolina Galli, representante gremial de APINTA; y Ariel Ochoa, presidente del Consejo Regional del INTA.
Uno de los puntos centrales fue la posible modificación del sistema de gobernanza del INTA, que desde su creación se rige por un modelo colegiado con mayoría de representantes del sector productivo y académico. Actualmente, el Consejo Directivo Nacional está compuesto por 10 miembros: 3 del gobierno y 7 de entidades como universidades, CREA y asociaciones de productores. La propuesta oficial, impulsada desde el Ministerio de Modernización y Reforma del Estado, busca igualar esa representación y otorgar doble voto al presidente, designado por el Ejecutivo.
“Esto implica una ruptura con un modelo que funcionó durante casi 70 años, y nos transforma en un organismo dependiente del gobierno de turno”, advirtió Reynals. “El INTA siempre fue autárquico y descentralizado. Perder esa autonomía sería un retroceso institucional enorme”.
Además, se abordó el fuerte impacto de los recortes presupuestarios y la reducción de personal. Según Reynals, en lo que va del año ya se perdieron 500 trabajadores, entre jubilaciones y retiros voluntarios. “Para fin de 2025, seremos mil personas menos. Y eso afecta directamente nuestra capacidad operativa”, explicó.
Carolina Galli, delegada gremial de la agencia Concarán, fue contundente al describir el deterioro del clima laboral: “Estamos desbordados. No solo nos falta personal, sino también presupuesto. Tenemos que salir a buscar financiamiento externo o convenios con empresas para poder trabajar”.
Galli también denunció el vaciamiento de oficinas y el traslado intempestivo de trabajadores. “Estuve en el edificio Serviño cuando lo vendieron. Me encontré con compañeras llorando en el baño, sin oficina, sin aviso previo. Nos sacaron de un día para el otro”, relató conmovida.
El desfinanciamiento también afecta los programas históricos como ProHuerta y Cambio Rural. “Hoy no están operativos, y eso nos deja sin herramientas clave para llegar al territorio”, señaló Galli. En la agencia de Concarán, por ejemplo, tres técnicos deben cubrir un área de más de 27 municipios.
El director Bernasconi detalló que, en la provincia de San Luis, la flota vehicular del INTA está colapsada. “Tenemos alrededor de 40 vehículos para 85 empleados, pero más de la mitad no funcionan. El promedio de antigüedad es del año 2012, y varios son de los años 70. Estamos gestionando un remate porque muchos están para desguace”, explicó.
También mencionó concursos públicos ganados por personal que no pudieron concretarse por el congelamiento administrativo. “La parálisis afecta la continuidad de proyectos de investigación y extensión”, lamentó.
Pese al difícil contexto, las autoridades destacaron el valor estratégico del INTA y su rol en el desarrollo productivo regional. “Estamos presentes en todo el país. En San Luis tenemos una estación experimental en Villa Mercedes y cinco agencias de extensión distribuidas en toda la provincia”, indicó Bernasconi.
Desde sus inicios en 1958, el INTA en San Luis ha enfocado sus trabajos en sistemas ganaderos, forrajes y manejo de pastizales, aunque también ha ampliado su accionar hacia lo periurbano y urbano. “Trabajamos con municipios, cooperativas, organizaciones y otras instituciones como universidades y el CONICET”, añadió.
En ese sentido, Ariel Ochoa, presidente del Consejo Regional, resaltó el carácter participativo y federal de la gobernanza actual. “En los consejos no hay funcionarios ni empleados del INTA, somos representantes voluntarios de entidades del sector. No cobramos por esta función. Eso garantiza que las prioridades se definan de forma transparente y con mirada regional”, sostuvo.
Las autoridades no descartaron un escenario más grave. “Este decreto puede abrir la puerta a la privatización. Ya se habla de venta de terrenos, cierre de agencias y transferencia de ciencia pública al sector privado. Esto la gente lo tiene que saber”, alertó Galli.
La conferencia cerró con un llamado a la sociedad, especialmente al sector productivo, a informarse y defender la continuidad de un organismo clave para el desarrollo agropecuario y tecnológico del país. “El INTA no solo investiga, sino que acompaña a los productores en todo el territorio nacional. Si desaparece, se pierde mucho más que una institución”, concluyeron.
