La saga de la crisis que propaga Vicentin no deja de aportar capítulos. En este caso, uno que es judicial y que involucra a los bancos extranjeros, que como grupo son los principales acreedores (500 millones de dólares).
Resulta que entre la cantidad de requerimientos de acreedores del agro que le llegaron al juez que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini, hay uno que parece simple, pero es de mucha importancia. Y es uno que le pide al magistrado que les pregunte a los bancos que confirmen si es cierto que habían asegurado contra fraude a los créditos (ahora impagos) que le otorgaron a Vicentin.
Es que si así lo hicieron se explica la contundencia de las denuncias penales que los bancos extranjeros presentaron contra la aceitera, ya que ese es el camino para activar el cobro del seguro. En caso de estar asegurados, los verdaderos acreedores terminarían siendo aseguradoras multinacionales.
Y cuando, como sería este caso, los acreedores se van “más lejos” (multinacionales extranjeras cuyos nombres ni se conocen), generalmente los jueces de las convocatorias empiezan a ver con más simpatía a los acreedores comerciales que tienen más cerca.
Al menos, eso dicen en el agro, esperanzados de que el juez les tire un centro luego del duro golpe que les significó que les pesifiquen las acreencias inclinando así a favor de los bancos (a quienes se las dolarizaron) el peso decisivo en la resolución de la convocatoria.
Díaz y Forti
Sigamos bordeando judicialmente el mercado de granos. Pero el actor ahora es Díaz y Forti, la exportadora que logró esta semana que el juez que lleva su convocatoria la autorice a volver al mercado, pero sólo para comprar los granos y cargar los barcos que tenía pendiente cuando el gobierno le quitó la habilitación para operar por una deuda de u$S400 millones en liquidación de exportaciones.
En la empresa aseguran que en breve obtendrán una cautelar de la Justicia para quedar habilitados definitivamente insistiendo con que la única forma de pagar sus acreencias con el Estado es recuperando giro comercial, pero el juez asegura que todavía ni empezó a analizar ese tema.
Ahora bien, la estrategia de Díaz y Forti (ante no lograr administrativamente que la vuelvan a habilitar recurrir a la convocatoria para lograrlo vía cautelar) generó algún que otro ceño fruncido entre abogados y exportadores.
Por el lado de abogados, no son pocos los que sostienen que se pretende un abuso de la figura jurídica del concurso porque está usando un procedimiento general con múltiples actores a sólo fin de obtener una cautelar, justo con el principal acreedor que es el Estado, que es privilegiado. Y no suelen tomarse cautelares contra acreedores privilegiados.
Y por el lado de los grandes exportadores, ya estuvieron haciendo llegar el mensaje que sería una mala señal al mercado que cualquier empresa que deje de liquidar millones en exportaciones, se concurse y logre seguir trabajando normalmente.
Fuente: Mariano Galíndez
