El diputado provincial Lucas Caymes, representante del departamento Pringles y presidente del Bloque Frente de Unidad Justicialista, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley denominado “Régimen Especial Transitorio de Bonificación del Impuesto Inmobiliario Rural – Ejercicios fiscales 2026 y 2027”, una iniciativa que busca otorgar alivio fiscal al sector agropecuario, ganadero y forestal de la provincia en un contexto económico complejo.
La propuesta legislativa plantea un esquema extraordinario de bonificaciones sobre el impuesto inmobiliario rural, con el objetivo de amortiguar el impacto que atraviesan los productores puntanos a raíz de la caída de la rentabilidad, la volatilidad macroeconómica y la actualización de los valores fiscales rurales para el período 2026.
Según se desprende del texto ingresado a la Legislatura, el proyecto se enmarca en la emergencia económica declarada por la Ley provincial V-1164-2025 y procura generar una respuesta institucional que permita asistir al sector productivo sin alterar el equilibrio presupuestario de la provincia ni vulnerar los principios constitucionales que rigen el sistema tributario.
En la nota de elevación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Caymes sostuvo que la iniciativa pretende “establecer un mecanismo de alivio fiscal sectorial al agro puntano”, mediante una “arquitectura técnicamente sólida” basada en una bonificación reforzada articulada con la Ley Impositiva Anual vigente.
El legislador remarcó que la situación actual del agro provincial exige herramientas concretas que permitan sostener la actividad productiva y evitar un mayor deterioro económico en las zonas rurales.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la realidad que atraviesa el campo puntano responde a una combinación de factores nacionales e internacionales. Entre ellos se mencionan la caída de los precios internacionales, la volatilidad cambiaria, el incremento de costos y la retracción sostenida de la rentabilidad del sector.
A ello se suma la actualización de los valores fiscales rurales para el ejercicio 2026, dispuesta mediante la Resolución 162-DCyTF-2025, emitida en el marco de las facultades establecidas por el artículo 169 del Código Tributario provincial.
Para Caymes, este escenario justifica la adopción de medidas extraordinarias que permitan sostener a los productores rurales sin afectar la estabilidad institucional del sistema impositivo.
Cómo funcionaría el régimen de bonificación
El proyecto propone implementar una bonificación general del 70% sobre el impuesto inmobiliario rural para los ejercicios fiscales 2026 y 2027.
Además, incorpora una bonificación adicional del 10% para situaciones específicas, entre ellas, pequeños productores familiares, productores afectados por contingencias climáticas o sanitarias y contribuyentes con cumplimiento fiscal acreditado.
Con este esquema, la reducción total podría alcanzar hasta el 90% del impuesto determinado.
Desde el bloque impulsor señalaron que el diseño del régimen busca evitar una suspensión lisa y llana del tributo, alternativa que, según los fundamentos del proyecto, podría generar conflictos legales y constitucionales.
En cambio, la iniciativa se apoya en las facultades de bonificación ya previstas en la legislación vigente, particularmente en el artículo 5 de la Ley Impositiva Anual VIII-0254-2025.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la fundamentación jurídica que acompaña la iniciativa.
El texto sostiene que el régimen respeta el principio de legalidad tributaria establecido en la Constitución Provincial, ya que no elimina el impuesto ni suspende el tributo, sino que aplica un esquema de bonificaciones expresamente previsto por la normativa vigente.
Asimismo, se argumenta que la propuesta evita posibles cuestionamientos vinculados al principio de igualdad ante la ley, debido a que las bonificaciones adicionales estarían determinadas por criterios objetivos y verificables.
Otro de los ejes destacados es la preservación del equilibrio presupuestario provincial. Según los fundamentos, el esquema mantiene el devengamiento del tributo y conserva la base imponible registrada, permitiendo que el Estado provincial continúe contando con información fiscal y evitando distorsiones futuras en materia recaudatoria.
“El proyecto no busca desfinanciar al Estado, sino acompañar a un sector estratégico en un momento crítico”, sostiene el diputado.
Protección a municipios rurales
Uno de los puntos que el proyecto enfatiza especialmente es la necesidad de evitar impactos negativos sobre las finanzas municipales.
En ese sentido, la iniciativa contempla mecanismos de compensación para los municipios coparticipados, considerando que muchas localidades del interior dependen directamente de la actividad agropecuaria y de los recursos asociados al impuesto inmobiliario rural.
En los fundamentos se advierte que la protección del agro no debe traducirse en un desfinanciamiento de los gobiernos locales.
La inclusión de esta cláusula busca anticiparse a eventuales tensiones institucionales con los municipios rurales, garantizando que el alivio fiscal a los productores no afecte la capacidad operativa de las comunas.
Otro aspecto novedoso del proyecto es la incorporación de una estimación previa del impacto fiscal.
Según se señala en la fundamentación, cualquier norma que implique una reducción de recursos debe acompañarse de una cuantificación concreta de su costo fiscal antes de su aprobación.
Desde el bloque Frente de Unidad Justicialista consideran que este punto fortalece la transparencia del debate parlamentario y aporta herramientas para una discusión “responsable y técnicamente fundada”.
La propuesta también aclara que no se contempla una prórroga automática del régimen.
En consecuencia, cualquier eventual extensión de los beneficios deberá ser debatida nuevamente por la Legislatura provincial mediante una nueva ley.
Para los impulsores del proyecto, esta decisión busca preservar la estabilidad del sistema tributario y respetar estrictamente el principio de legalidad.
El contexto económico del agro puntano
La presentación del proyecto se produce en un contexto de creciente preocupación dentro del sector agropecuario provincial.
En distintas regiones de San Luis, productores rurales vienen advirtiendo sobre la caída de márgenes de rentabilidad, el aumento de costos operativos y las dificultades derivadas de factores climáticos adversos.
A ello se suman las dificultades de acceso al financiamiento, el encarecimiento de insumos y la incertidumbre económica general.
En ese marco, la iniciativa impulsada por Caymes busca posicionarse como una herramienta de contención para productores medianos y pequeños, especialmente en zonas donde la actividad agropecuaria constituye el principal motor económico.
Desde distintos sectores vinculados al campo señalaron que la discusión sobre la presión tributaria rural se convirtió en uno de los principales temas de agenda para el interior provincial.
El proyecto comenzará ahora su recorrido parlamentario dentro de las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.
Se espera que durante las próximas semanas la iniciativa sea analizada junto con informes técnicos, estimaciones fiscales y opiniones de entidades vinculadas al agro.
Dentro del oficialismo y de distintos bloques opositores existe expectativa respecto del alcance que podría tener la propuesta y del consenso político que logre reunir.
La iniciativa también abre un debate más amplio sobre el rol del Estado provincial frente a los sectores productivos en períodos de crisis económica.
Mientras algunos sectores sostienen que resulta necesario implementar alivios tributarios para preservar la actividad y el empleo rural, otros consideran imprescindible garantizar el equilibrio fiscal y evitar reducciones significativas en la recaudación.
En ese escenario, el proyecto presentado por Lucas Caymes aparece como una alternativa intermedia, como la de asistir al campo sin eliminar el tributo ni desarticular el esquema impositivo vigente.
La presentación de esta iniciativa también tiene una fuerte lectura política dentro del mapa provincial.
Como representante del departamento Pringles y presidente del Bloque Frente de Unidad Justicialista, Caymes viene consolidando un perfil legislativo ligado a las problemáticas del interior productivo.
Con este proyecto, el legislador busca instalar en la agenda provincial la discusión sobre la situación económica del agro y la necesidad de generar herramientas específicas para sostener a los productores.
En un contexto donde la presión impositiva sobre el sector rural ocupa un lugar central en el debate político y económico, la propuesta apunta a equilibrar dos objetivos, brindar alivio fiscal y preservar la sustentabilidad financiera del Estado.
El tratamiento legislativo de la iniciativa será seguido de cerca tanto por entidades rurales como por intendentes del interior y actores económicos vinculados a la producción.
