El presidente de Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Maximiliano Razzeto, aseguró que el proyecto de ley para crear consorcios camineros en San Luis es el resultado de casi un año de trabajo conjunto entre la entidad y el Gobierno provincial. Además, afirmó que la iniciativa permitirá mejorar el mantenimiento de los caminos rurales mediante una mayor participación de los productores.
Durante una entrevista con el periodista Mario Otero, en el programa Nada Secreto de FM Digital San Luis, Razzeto explicó que, tras asumir la nueva conducción de CARTEZ, comenzaron a recorrer las sociedades rurales de la provincia para conocer las principales inquietudes del sector.
«Las mayores preocupaciones de los productores eran la seguridad y los caminos rurales», señaló.
A partir de ese diagnóstico, la entidad inició una serie de reuniones con funcionarios provinciales para acercar la experiencia desarrollada en Córdoba, donde los consorcios camineros funcionan desde hace más de 60 años.
Razzeto explicó que los consorcios son asociaciones civiles sin fines de lucro integradas por productores rurales, responsables del mantenimiento de un determinado tramo de caminos asignado por Vialidad Provincial.
Cada consorcio contará con una comisión directiva, maquinaria provista por el Estado y recursos específicos para desarrollar las tareas de conservación vial.
«La ventaja es que los propios productores conocen cuáles son los caminos que necesitan atención prioritaria y pueden administrar mejor los recursos», sostuvo.
Agregó que los trabajos estarán supervisados y certificados por Vialidad Provincial, por lo que el Estado mantendrá el control técnico sobre las obras.
Financiamiento garantizado
Uno de los aspectos que destacó el dirigente fue la creación del Fondo para el Mantenimiento de Rutas No Pavimentadas (FONOPA), que tendrá asignación específica y no podrá destinarse a otros fines.
Según indicó, el proyecto establece que el fondo se integrará con el 100 % de la recaudación por guías y certificados de ganado (DOPRO) y con el 50 % del impuesto inmobiliario rural.
«Es un fondo intangible destinado exclusivamente al mantenimiento de caminos rurales, tal como ocurre en Córdoba», explicó.
Además del mantenimiento de la red vial pública, los consorcios podrán realizar trabajos en caminos internos de establecimientos rurales cuando hayan cumplido con sus obligaciones sobre los caminos provinciales.
En esos casos, los productores contratarán el servicio y abonarán el costo correspondiente, generando ingresos adicionales para los consorcios sin afectar su función principal.
Implementación gradual
Razzeto aclaró que la puesta en marcha del sistema será progresiva.
«No van a surgir todos los consorcios al mismo tiempo. En Córdoba también fue un proceso gradual y, a medida que los productores comprobaron los resultados, el sistema se fue consolidando», expresó.
Consideró que en San Luis ocurrirá un proceso similar, con una incorporación paulatina de productores interesados en integrar los consorcios.
El dirigente también destacó los avances logrados en materia de seguridad rural.
Recordó que hace un año San Luis contaba únicamente con dos patrullas rurales y que actualmente la provincia dispone de veinte móviles especializados.
Explicó que CARTEZ acercó al Gobierno el modelo de funcionamiento implementado en Córdoba, donde las patrullas trabajan coordinadamente con los productores mediante grupos de comunicación instantánea, lo que permitió reducir significativamente los delitos rurales.
Finalmente, Razzeto remarcó que los consorcios no reemplazarán al Estado, sino que trabajarán de manera coordinada con Vialidad Provincial.
La planificación, auditoría y certificación de las obras continuará en manos del organismo provincial, mientras que los productores aportarán su conocimiento del territorio para optimizar el mantenimiento de los más de 4.000 kilómetros de caminos rurales de San Luis.
El dirigente consideró que el proyecto representa «un primer paso muy importante» para mejorar la infraestructura rural de la provincia y fortalecer la competitividad del sector agropecuario.
