Después de once meses, la Cámara de Diputados convocó una sesión especial para sancionar la ley que busca prevenir las enfermedades por mala alimentación, pero Juntos por el Cambio no dio quórum. “No hay razones objetivas para oponerse a la ley, siempre fueron otros intereses”, denuncian las organizaciones que siguen luchando por su aprobación. Otra jornada entre el palacio y la calle.
A casi un año de la media sanción, casi unánime, que obtuvo en el Senado; la Ley de Etiquetado se encaminaba ayer a ser sancionada por la Cámara de Diputados y con ella el derecho a la información, la alimentación y la salud. Pero el interbloque de Juntos por el Cambio, encabezado por Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), retiraron el quórum de la sesión especial convocado por el Frente de Todos e intentaron negociar la agenda parlamentaria como condición de votar una norma que lleva demorada más de una década y sienta las bases de una política sanitaria para combatir la pandemia de Enfermedades No Transmisibles (ENT) y sobrepeso, que provocan 140 mil muertes por año en la Argentina por mala alimentación.
Las organizaciones de la sociedad civil, médicas y académicas, que llevan años exigiendo al Estado argentino que se ajuste a los parámetros fijados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y recomendados por Unicef para proteger la salud de la población, celebraron el viernes pasado cuando se conoció que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa —señalado como uno de los opositores a la norma que resiste el lobby de la industria alimentaria—, convocaba a una sesión especial que tenía a la Ley de Etiquetado como primer punto de la agenda. El proyecto perderá estado parlamentario si no se aprueba antes de fin de año.
Sin embargo, cuando parecía que las presiones empresariales que vienen frenando la norma desde su tratamiento en el Senado se habían superado, Negri y Ritondo emitieron un comunicado en el que amenazaron: “Si el oficialismo quiere imponer que no cuente con nosotros”. La pieza de cambio para condicionar la agenda legislativa de la sesión especial fue el quórum. El Frente de Todos cuenta con 117 diputados, lejos de la mitad más uno necesaria para abrir una sesión. Boleta única, Emergencia educativa, Ley de producción ovina fueron algunas de las condiciones exigidas por la oposición. No hubo acuerdo, la sesión se cayó y la Ley de Etiquetado sigue sin ser aprobada.
“En esta disputa política quedó en el medio la Ley de Etiquetado. Cobró mayor trascendencia el hecho político, ayer no surgieron los argumentos con los que la industria alimentaria intenta interferir y trabar la ley desde que ingresó en el Congreso, pero siguen presentes”, advirtió Leila Guarnieri, licenciada en nutrición e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.
Que los octógonos negros —para advertir en los envases si los alimentos ultraprocesados de la industria tiene “Exceso en” nutrientes críticos— “demonizan” los productos comestibles es uno de esos “mitos” en contra de la ley. Que el perfil de nutrientes recomendado por la OPS no es compatible con la guía alimentaria argentina es otro. Que la ley no “armoniza” con la normativa del Mercosur también. Todos fueron desmentidos tanto por FIC, como por organizaciones como Sanar y Fundeps y por estudios del propio Ministerio de Salud. Por eso, ayer solo se escucharon disputas de poder y excusas de tratamiento legislativo.
“Argumentos en contra de la ley no puede haber, porque está basada en la evidencia científica disponible y es libre de conflicto de interés. Estudios generados por el Ministerio de Salud, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. No hay nada objetivo para oponerse a la ley, siempre fueron otros intereses”, sentencia Ignacio Porras, nutricionista e integrante de Sanar.
La sesión especial fue bloqueada por Juntos por el Cambio e incluso por los y las legisladoras del bloque opositor que en julio firmaron el dictamen de mayoría junto a sus pares del Frente de Todos y otros bloques parlamentarios. Carla Carrizo, Brenda Austin y Gisela Scaglia fueron diputadas que se manifestaron a favor de la norma a lo largo del debate, sin embargo, ayer se ausentaron en el recinto y durante el fin de semana no respondieron llamados. “Con esas personas teníamos quórum y teníamos ley”, lamentó Porras.
El referente de Sanar atribuyó lo ocurrido a “una disputa de poder que hizo rehén a la ley”, aunque reconoció que en Juntos por el Cambio “hay mayor permeabilidad al lobby de las grandes industrias”, pero también “grandes legisladores que han priorizado la salud pública”. “Tengo confianza de que estas cosas se van a poder saldar y se va a poder avanzar en la ley”, se esperanzó Porras al valorar que la norma fue construida desde distintos bloques.
“El proyecto de ley surgió del consenso, eso nos da esperanza”, coincidió la nutricionista e investigadora de FIC Argentina a la espera de que “las diferencias políticas no terminen haciendo prevalecer los intereses de la industria por sobre los derechos de la salud”. Es que el oficialismo ayer mostró mejor músculo frente al extendido reclamo de la sociedad civil para la sanción definitiva de la norma.
El bloque del Frente de Todos se sentó a dar quórum a pesar de que es sabido que hay diputados y funcionarios que se manifiestan en contra de puntos centrales de la norma como el perfil de nutrientes de la OPS, entre ellos, el ex ministro de Salud de Tucumán Pablo Yedlin, quien en julio firmó un dictamen en minoría. Yedlin proviene de las provincias con peso de la industria azucarera que se oponen a la norma, lo mismo que se temió por la llegada a la jefatura de Gabinete de Juan Manzur, gobernador tucumano en licencia y jefe político de Yedlin.
El presidente de la Cámara Sergio Massa tampoco escapa a los señalamientos sobre las maniobras legislativas en contra de la norma desde que intentó girarla a cinco comisiones cuando llegó con media sanción del Senado o la marcada presencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en el lobby contra la norma. Ayer, Massa se dio el gusto de felicitar a las organizaciones de la sociedad civil por empujar la norma. Algo así como “una mojada de oreja”, sienten quienes vienen batallando para la sanción.
“En el oficialismo hay mayoría de respaldo a la ley, pero dentro de otros frentes también hay mucho apoyo y conflictos de interés hay en todos los bloques. Hay muchas personas con acciones o participación en la industria”, sintetiza el referente de Sanar.
Los diputados díscolos y la espera de la sanción
La agenda parlamentaria de la sesión especial tenía otras normas por tratar, en particular una que quebró la obediencia en el interbloque de Juntos por el Cambio: el régimen previsional diferencial para los trabajadores vitivinícolas. Esa norma hizo que la diputada radical Claudio Najul y su compañero de banca Federico Zamarbide se sentaran a dar quórum y también expresaron su respaldo a la Ley de Etiquetado. Desde el Senado, otro legislador que respaldó la norma había enviado un mensaje directo para Mario Negri, el mendocino Julio Cobos. «Señor Presidente del bloque UCR, Mario Negri, pidan sesión especial con los temas de interés de JxC, pero también faciliten el tratamiento de la #LeydeEtiquetado», había solicitado desde sus redes sociales antes de la sesión.
Entre las otras bancas de minoría que acompañaron la sesión especial estuvo el bloque federal, encabezado por el también mendocino José Luis Ramón, quien acusó a Juntos por el Cambio de “tener un interés claro y preciso de defender determinados intereses económicos» y elegir “seguir ocultando la información” de los alimentos en contra de la salud pública. El monobloque de Luis Contigiani y el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). “Aplaudimos al etiquetado frontal pero había que votar leyes para sacar a millones del hambre y la pobreza”, advirtió el diputado del FIT-U Juan Carlos Giordiano y recordó también que la “agenda progresista” del oficialismo incluye Ley de Agroindustria e Hidrocarburos y, y sigue cajoneando la Ley de Humedales.
“Estamos a la espera de las novedades. Confiamos en que van a poder saldar esas diferencias políticas”, señaló Guarnieri y advirtió que el nuevo compás de espera puede reavivar el peligro de lobby: “Siempre está en riesgo la interferencia de la industria, por eso pedimos que sea aprobada la ley sin ninguna modificación, porque su contenido está respaldado con evidencia científica y con el aval de organizaciones médicas, académicas y organismos internacionales”.
El laberinto político a semanas de una elección electoral puede hacer naufragar la ley a solo un paso de su aprobación si no se vota antes del cierre de este año parlamentario. “Sería la demostración de la falta de empatía y de lectura de realidad de la clase política. Lo que se pide por la ley son derechos básicos, constitucionales y quitar de la vulnerabilidad a todas las personas para que podamos elegir qué comer”, sentenció Porras.
Nahuel Lag- Tierra Viva
