«La facturación anual de Vicentin, que fue similar en los últimos años, da cuenta de un desempeño comercial óptimo, por lo que su insolvencia no es debido a malos resultados comerciales», sostuvo Universidad de Avellaneda.
El grupo cerealero Vicentin tuvo en los últimos años «un desempeño comercial óptimo», por lo cual la insolvencia esgrimida por la compañía para presentarse a concurso preventivo de acreedores «es por un mal manejo financiero» ligado al gobierno de Mauricio Macri, concluyó un análisis de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).
«La facturación anual de Vicentin, que fue similar en los últimos años, da cuenta de un desempeño comercial óptimo, por lo que su insolvencia no es debido a malos resultados comerciales, sino a un mal manejo financiero y una serie de irregularidades, especialmente ligado a la banca pública y al gobierno anterior», indicó el reporte del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.
Destacó que «en el ranking de exportaciones del 2019, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Vicentin tuvo una performance notable, en las ventas de aceite de soja por tonelada, siendo el principal exportador con un 23,04% del mercado», y subrayó que esa cifra estuvo «10 puntos porcentuales por encima de la compañía AGD» que ocupó el segundo lugar.
Señaló que «igual resultado obtuvo en las exportaciones de pellets de soja, en donde su participación en el total representó un 19,19%, seguido por AGD con un 16,37%».
Así sostuvo que «estos datos son muy relevantes puesto que el complejo oleaginoso representa el 30% de las exportaciones totales del país, aproximadamente».
El informe indicó que «los pasivos de la compañía, al 20 de febrero del 2020, ascienden a $ 99.345 millones, que al tipo de cambio actual, lo convierte en unos US$ 1.344 millones».
Precisó que «en cantidad, del total de acreedores, los productores de granos representan un 71,80%; y los de bienes y servicios un 22,20%», pero remarcó que «a nivel de peso en el total de los pasivos, las entidades financieras y los productores de granos representan el 90,20% de la deuda de la cerealera».
También subrayó que «las entidades financieras representan el 64,4% del total», por lo que señaló que «una gran parte de los pasivos corresponden a deudas de préstamos financieros con 37 entidades financieras nacionales e internacionales».
Con respecto a las entidades nacionales, puntualizó que «se contabilizan 19, que corresponden a bancos, fideicomisos y entidades argentinas, con un total de la deuda de $ 27.623 millones (43%), mientras que con bancos y otras entidades financieras extranjeras se contabiliza una deuda total de $36.338 millones (57%)».
«El mayor acreedor, tanto nacional como del total, que tiene el grupo de la cerealera agroexportadora es el Banco Nación, que acapara el 65,8% de la deuda total dentro del grupo de entidades y bancos nacionales y representa el 18,3% del total a nivel agregado de los pasivos», indicó la Undav.
Remarcó que «casi el 20% de la deuda defaulteada del grupo en cuestión es solo con el Estado nacional».
La Cámara ratificó al juez de la causa
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista rechazó un planteo de recusación presentado contra el juez Fabián Lorenzini, interviniente en el concurso de acreedores de Vicentin. El pedido de apartamiento del juez había sido presentado por el acreedor La Clementina SA, en base a una supuesta falta de imparcialidad del juez, que mantuvo durante veinte años un vínculo profesional con el Banco Nación, principal acreedor de Vicentin. Un planteo similar evalúa presentar el propio Banco Nación. La Cámara ratificó al juez Lorenzini al frente del proceso.
Por otro lado, el gobierno de Santa Fe a cargo de Omar Perotti presentó una intimación ante el juez Lorenzini para que Vicentin presente el balance contable de 2019, previo a la caída en cesación de pagos. La ausencia del último balance en el expediente de la causa significaría un «incumplimiento grave de los integrantes de la administración», según el escrito oficial.
A comienzos de 2019, Lorenzini era apoderado del Banco Nación y pronunciaba un dictamen sobre el deudor Vicentin y durante veinte años fue empleado de la entidad financiera. A raíz de esa situación, la empresa La Clementina S.A, una de las firmas acreedoras de Vicentin, presentó el pedido de recusación, que el juez elevó a la Cámara.
“La pérdida de imparcialidad del Magistrado es fruto del vínculo profesional de más de 20 años con el acreedor más importante dentro del concurso, el Banco de la Nación Argentina”, advirtió La Clementina y puso en dudas que “el juez vaya a ser imparcial a la hora de pronunciarse, por ejemplo, sobre la verificación del crédito del B.N.A., sobre un eventual incidente de revisión, sobre hipotéticas acciones de responsabilidad contra funcionarios de la entidad bancaria, etc”. El juez rechazó la recusación por “extemporánea, improcedente e infundada” y dispuso la elevación a la Cámara, integrada por Santiago Dalla Fontana (presidente del cuerpo), Alejandro Román y Beatriz Abele.
La Cámara resolvió rechazar la recusación presentada, por lo cual el concurso seguirá en manos del juez de Reconquista. “Nos encontramos frente a un proceso colectivo con 2638 acreedores y casi 100 mil millones de pesos e pasivo denunciados, que se vio ralentizado por los efectos de las medidas adoptadas en razón de la pandemia y en el que últimamente el Estado ha tomado intervención (hecho público y notorio). Debe garantizarse que un concurso de semejante magnitud no se demore más de lo estrictamente necesario a fin de no conculcar los múltiples intereses en juego. Por tanto, entendemos que no procedía ni procede la suspensión del trámite del concurso por el intento de recusación de su juez”, justificó la Cámara.
