Una larga lista de graves incumplimientos de condiciones establecidas en el contrato de concesión disparó una dura intimación del gobierno de San Luis a Compañía Argentina de Granos SA (CAGSA) por su deficiente servicio en la gestión de la planta de silos con capacidad para 15.500 toneladas de granos construida con fondos públicos en la ciudad de Villa Mercedes
A dos semanas del recambio gubernamental, la empresa fue advertida de que podrían rescindirle la concesión al conocerse la inexistencia de obras comprometidas, ausencia de información del plan de beneficios para el productor local, nula competitividad de los fletes para el productor, carencia de plan alternativo de rehabilitación ferroviaria y operación de la planta, y deuda en el pago de locación.
La intimación fue enviada la semana pasada, pero se conoció ayer en una nota publicada por El Diario de la República, en la que Eduardo Riveros, jefe del Programa Logística Agropecuaria, reveló que entre las inversiones comprometidas sin cumplir figuran una planta desactivadora de porotos de soja, una adicional de acopio de cinco mil toneladas de almacenamiento, un laboratorio de suelo y una planta de fertilizantes.
Primó el favoritismo por los pagos de Poggi, oriundo del sur de Córdoba. Así lo sostienen diversas fuentes responsables consultadas por El Semiárido, las que coincidieron en que la adjudicación no fue transparente.
La obra de la Agrozal fue licitada en la anterior gestión de Alberto Rodríguez Saá y terminada al comienzo de la gobernación de Poggi, quien le habría pedido a la empresa constructora de Mario Carranza que se quedara con la concesión, incluso que la alquilara, porque no conocían operadores con suficientes espaldas.
Pero fue el mismo Carranza quien le acercó a Poggi una propuesta de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una poderosa y experimentada entidad de Santa Fe que en San Luis invirtió hace cuatro años 120 millones de dólares en el criadero de cerdos modelo cerca de Juan Llerena, que lo bautizó con el nombre del cacique «Yanquetruz»
“Todo marchaba bien, incluso ya teníamos redactado el discurso para cuando nos hiciéramos cargo de la Agrozal”, dijo a este medio una fuente de la misma cooperativa, hasta que sorpresivamente el entonces ministro de Industria Walter Padula les comunicó que la planta de silos sería adjudicada a CAGSA “porque son más importantes”.
Los despachos de ese momento de la agencia de noticias del gobierno celebraban que “después de una rigurosa selección de oferentes”, nunca publicada, los modernos silos serían gestionados por manos amigas. La planta de transferencia, almacenaje y acondicionamiento para granos producidos en San Luis y la zona de influencia fue transferida a CAGSA el 8 de abril de 2013 por un período de siete años.
Las quejas por operaciones desventajosas de CAGSA para el campesino puntano empezaron a sonar a los pocos meses de instalada la firma cordobesa. En 2013 el portal San Luis 24 revelaba lo inesperado: “Funcionarios del Gobierno admitieron la existencia de irregularidades en la operación de la Agrozal por parte de la Compañía Argentina de Granos. Cartas de Porte truchas, falseamiento detectado en la cantidad de grano ingresado a la planta de Villa Mercedes y la renuncia de funcionarios son parte del escenario montado en la Agrozal para un negocio que castiga a productores locales pero que beneficia leoninamente a los empresarios que se quedaron con la planta”.
La Sociedad Rural Río Quinto, una de las impulsoras del centro de acopio, fue el único gremio que puso el grito en el cielo cuando comenzaron a conocerse actitudes desleales a la hora de poner precio a los granos. La empresa paga un canon mensual de 15 mil pesos y en época de cosecha, operando la casi totalidad de la producción de la Provincia, un porcentaje ínfimo que resulta irrisorio. A cambio la CAGSA se ha comprometido a inversiones con plazos que vencen en el 2014 y 2015, luego de haber operado los silos casi a cambio de nada y logrando beneficios económicos siderales que no derraman hacia los productores, quienes siguen pagando fletes caros, con formas y plazos manejados por la CIA a su antojo, según dijo en 2013 el mismo portal.
Ahora, el funcionario de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), Eduardo Riveros, mostró la opinión del nuevo gobierno: “La Agrozal está destinada para el beneficio de todos los productores de la provincia. La conclusión es que la anterior gestión de Padula, le dio una obra construida con dinero público a una empresa que lo único que le importa es su propia rentabilidad”.
