El fiscal Miguel Moreno, que investiga al directorio de Vicentin por estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta, le pidió el lunes al juez que lleva la convocatoria de la aceitera, Fabián Lorenzini, que le remita de manera inmediata todos los anexos documentales del informe final de la «auditoría forense» que por ser rotulados como «reservados» sólo tuvo acceso a ellos el magistrado.
En el informe final, los auditores forenses responsabilizaron a una serie de maniobras presuntamente fraudulentas como las causantes del mega default y destacaron que para su concreción fueron fundamentales los desvíos de dinero de la empresa madre Vicentin Saic, hoy en cesación de pagos, a algunas empresas controladas y vinculadas a la agroexportadora, que están fuera de la convocatoria de acreedores.
Es en ese marco donde el fiscal estima que en esos anexos documentales reservados puede haber información respecto de operaciones intraholding, es decir, entrecruzamiento de operaciones entre las diversas empresas controladas por el Grupo Vicentin, como Renova, Terminal Puerto Rosario, la láctea Arsa, el frigorífico Friarl y Buyanor.
El avance de esa línea de investigación genera preocupación entre directores de las empresas controladas del grupo. Es que, si los anexos reservados confirman la tesis del fiscal, podría haber responsabilidad penal de ellos. Y no sólo de los directores de estas empresas puestos por Vicentin sino también de los directores nombrados por grupos económicos asociados a Vicentin en cada una de esas empresas.
El caso testigo es el de la empresa Buyanor, cuyo paquete accionario se divide exactamente en dos: el 50% es del grupo Vicentin y el otro 50% del paquete accionario es de una empresa llamada Mavic Inversora SRL, que no es otra cosa que el Grupo Fera/Maxiconsumo, dueño de aceites Marollio, producidos y envasados por Vicentin y comercializados en los supermercados Maxiconsumo.
Toda la información contenida en los anexos reservados puede llegar a dirimir quiénes integrarán el primer lote de imputados por el fiscal Moreno. ¿Serán solamente directores de Vicentin Saic o si también alcanzará a los directores de las empresas controladas? Quienes siguen de cerca el avance de la causa sostienen que en agosto el fiscal concretarás las imputaciones.
Mercados alterados
Por otra parte, la noticia publicada este lunes en exclusiva por Rosario3 de que Molinos Agro, Viterra (Glencore) y ACA ahora evalúan no ingresar al capital accionario de Vicentin generó fuerte preocupación en el mercado de granos.
Es que Vicentin había atado la presentación de una propuesta de pago a los acreedores, en el marco del concurso, a los ingresos y capitalización que suponía la venta a estas tres cerealeras.
El tema es que, sin la venta, Vicentin tendría menos espalda para hacer una propuesta de pago que pueda llegar a ser admitida por los acreedores. Pero no sólo eso: es poco probable que los acreedores acepten una fuerte quita si la empresa sigue en manos de los mismos accionistas y directores que la llevaron a la crisis y a los que denunciaron por estafa.
Y todo esto ocurre justo cuando arrancó la cuenta regresiva para el vencimiento de período de exclusividad que le da el concurso a la empresa para presentar una propuesta de pago. Formalmente, para el 5 de agosto debería estar presentada la oferta. Tras este nuevo traspié, circula ahora la versión de que Vicentin se dispone a pedir una prórroga de los plazos. Pero ocurre que en las convocatorias los jueces suelen otorgar más plazos para la negociación de la oferta, pero no para la presentación. No obstante, no sería la última vez que en esta convocatoria se sientan nuevos precedentes en los procedimientos.
Con todo, y si bien no eran pocos los que dudaban de que la venta llegue a buen puerto por el estado financiero calamitoso de la empresa, que esa posibilidad ahora esté por caerse, ya que las negociaciones siguen, generó preocupación entre los acreedores comerciales. Y sólo al campo le debe 400 millones de dólares, que en parte ya fueron licuados porque la acreencia se pesificó a un dólar de $60.
Justicia a la carta
Guardati Torti (GYT), la agrofinanciera rosarina que defaulteó en 2020 y enfrenta imputaciones por estafa y administración fraudulenta, podrá volver a operar en el mercado de capitales gracias a una medida cautelar que dictó el juez de primera instancia en lo civil Ezequiel Zabale.
El pedido de GYT había cosechado el total rechazo de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que es el organismo estatal que regula el mercado de valores, que había declarado «inadmisible» que vuelva a operar en el mercado una empresa que acumula unas 50 denuncias penales por parte de sus clientes bursátiles.
En la medida cautelar, el magistrado hace lugar al pedido de GyT para volver a operar porque entiende que sólo de esa forma puede recuperar giro comercial para hacer frente a sus deudas. Es más, según trascendió, una de las propuestas que tiene en carpeta la agencia rosarina es devolver dinero a sus acreedores bursátiles vía el no cobro de comisiones y tasas por nuevas operaciones que quieran efectuar con ellos
El juez entendió además asegura que su vuelta al mercado no genera un riesgo para el sistema ni tampoco para ahorristas e inversores bursátiles.
El juez se basó en la opinión de la Sindicatura del concurso que resaltó «el carácter provisorio y transitorio de las suspensiones establecidas tanto por CNV como por los distintos mercados permite la posibilidad de subsanar la misma», y que agregó que «la persistencia de las suspensiones supone privar a la sociedad de una de sus dos fuentes de actividad e ingresos principales. Quedando latente de esa forma la frustración del concurso».
No obstante, en el escrito de 12 páginas, el juez Zabale no hace referencia al casi medio centenar de denuncias penales por estafa contra el directorio de la agencia presentado por sus clientes que supo ser líder del mercado local. Es más, todo el directorio está imputado por administración fraudulenta.
Fuente: Mariano Galíndez – Rosario 3
