Varias novedades se conocieron ayer en torno al caso Vicentin. El juez de la causa, Fabián Lorenzini, exigió a AFIP y DGA que levante las suspensiones de exportación. En medio del debate judicial y político en torno a la cerealera, el Gobierno de Santa Fe intervino una terminal del puerto de Reconquista en manos de ese grupo agroexportador. Desde el exterior pidieron investigación porque sospechan que se desviaron fondos por u$s400 millones para asistir a empresas hermanas. “Hoy el Banco Nación tiene un muerto de 300 millones de dólares básicamente porque las autoridades pasadas no cumplieron con las normas con las que deberían haber cumplido”, dijo el director de Banco Nación Claudio Lozano.
El juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini, de la localidad santafesina de Reconquista y a cargo del concurso de acreedores de la empresa agroexportadora Vicentin, dio orden a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Dirección General de Aduanas (DGA) de levantar las suspensiones sobre la empresa en el registro de importadores y exportadores y a su vez ordenó la habilitación de las plantas frenadas por las suspensiones.
Así, el magistrado hizo lugar al planteo de la empresa para que las restricciones que los organismos públicos disponen de forma automática ante incumplimientos fiscales, fueran levantadas, según comunicaron fuentes judiciales. El juez Lorenzini, fundamentó su decisión en el hecho que las deudas que generaron la suspensión e inhabilitación que las entidades impositivas y de aduanas reclaman, “resultan ser anteriores a la presentación de este proceso concursal”, según reza el escrito.
Esto implica, que las deudas de Vicentin con la AFIP/DGA que activaron la suspensión de las exportaciones e importaciones de la empresa, estarán incluidas para ser reclamadas en el marco del concurso preventivo que atraviesa la cerealera.
Por parte de la AFIP, sus representantes legales indicaron en el expediente que la suspensión en el registro de importadores y exportadores se ejecuta de forma automática por la morosidad en el pago de derechos de exportación y que “tanto ello (la suspensión), como la inhabilitación de la planta (provocada por la existencia de deuda líquida y exigible), no resultan medidas arbitrarias ni ilegítimas”.
Además, en su escrito, la AFIP puntualizó que Vicentin no fue suspendida por la apertura del concurso preventivo, puesto que en la reforma introducida en el artículo 97 del Código Aduanero, la apertura del concurso de acreedores dejó de ser causal de suspensión del registro de importadores y exportadores.
El magistrado recordó que en el planteo hecho por la firma Vicentin, la compañía entiende que la prohibición de operar en el mercado implica el freno total de su actividad haciéndose inviable cualquier solución concursal o de otro tipo, “poniendo en gravísimo riesgo la continuidad de la empresa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo”.
La concursada firma agroexportadora, aduce que “es la organización agroindustrial más importante del país en el procesamiento de granos oleaginosas, fundamentalmente soja, y uno de los principales productores de aceites crudos, refinados, harinas, lecitinas, biodiesel, glicerina y otros productos”, de la Argentina.
Además, se explicitó que más de un 90% de la producción de Vicentin, es destinada a la exportación, dado que la Argentina tiene “un mercado interno muy pequeño para el volumen producido y de hecho es el país exportador más importante con casi el 50% del mercado mundial”.
Ante el planteo de la empresa, y posterior aclaración de la AFIP/DGA sobre cómo es la operatoria del régimen automático de suspensiones del registro oficial, es que el magistrado resolvió el levantamiento de las suspensiones y la habilitación de las plantas inhabilitadas, por ser medidas generadas por deudas anteriores a la presentación del concurso preventivo.
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Santa Fe intervino la terminal de Vicentin en el puerto de Reconquista
La administración de Omar Perotti venía denunciando que la terminal no registraba actividad desde 2004. «El puerto de Reconquista debe esta ordenado y en funcionamiento», aseguró el interventor del ente administrativo, Martín Deltín, quien desvinculó la decisión del Gobierno provincial del conflicto con la cerealera.
El funcionario explicó que «hay una múltiple causalidad, que hace al orden administrativo, renovación de mandatos de directivos, doble rol o función de quien es administrador, contador y síndico».
«El 50 por ciento de la superficie del área portuaria donde está la terminal granaria, que debería embarcar mercadería, unas 200 mil toneladas al año según contrato de concesión, no se encuentra cumpliendo esta obligación al menos de 2004», afirmó.
Añadió que «es un puerto con muy poco movimiento y la ley prevé que el apartamiento de la explotación comercial del puerto es una causal de intervención también».
«Si usted tiene un puerto que como terminal granaria no trabaja desde 2004, pero sí tiene una balsa que traslada pasajeros de Reconquista a Goya y una arenera chiquita que hace el refulado, usted se está apartando del destino comercial que tiene el puerto», conjeturó.
El decreto de Perotti que dispuso la intervención por 180 días registrado bajo número 574, argumentando supuestas irregularidades en el manejo de la terminal portuaria por parte de la firma cerealera.
En la disposición, el gobernador señala que la concesión de una parte del puerto está en manos desde 1999 de la firma Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA.
Esperan una resolución
En tanto el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, estimó ayer que el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, Fabián Lorenzini, definirá el pedido de intervención de la compañía por parte de la provincia «hacia fin de este mes o principios de agosto».
Asimismo, consideró que «el mejor remedio (para la empresa) es un shock de confianza mediante una intervención de naturaleza pública».
«Los plazos procesales que hay que respetar indican que todos los plazos estarían concluidos hacia fin de mes o principios del otro. Creemos que son plazos excesivamente dilatorios, pero es lo que marca la Ley», indicó Somaglia.
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Un grupo de acreedores de Vicentin solicitó a un tribunal de Nueva York disponer que esa cerealera presente documentos que incluyan transferencias bancarias electrónicas realizadas en el marco del concurso de acreedores. Según explicó Bloomberg, sospechan que se desviaron fondos por u$s400 millones para asistir a empresas hermanas.
Esos acreedores, entre los que se encuentran los bancos Rabobank, Credit Agricole, ING y el Banco Mundial, buscan detalles sobre las transferencias entre Vicentin y varias de sus filiales.
También solicitaron información sobre las transacciones de los ejecutivos de la cerealera santafesina, una de las mayores exportadoras de soja del país, que se presentó en bancarrota en febrero último tras incumplir con el pago de u$s350 millones a sus proveedores.
Los abogados que representan a esos bancos indicaron que la documentación que se solicita será para utilizar en un procedimiento pendiente ante tribunales de la Argentina, según publicó la agencia Bloomberg.
Se trata de documentos con datos de principios de 2017 a la actualidad, vinculados con los negocios de Vicentin y sus filiales, incluida la de Paraguay.
Los bancos también pretenden información sobre los gerentes y miembros de las familias fundadoras de la compañía, como Sergio, Pedro y Roberto Vicentin.
Vicentin adeuda unos 1.400 millones de dólares a sus acreedores, principalmente, cooperativas agrícolas, mientras que otro gran acreedor es el Banco Nación.
El Gobierno anunció la intervención de la empresa -lo cual aún no se pudo cumplir y está en litigio judicial- y un proyecto para expropiarla que debería ser aprobado por el Congreso.
En este escenario, la batalla legal iniciada en torno a Vicentin sumó el miércoles otro capítulo, con un cruce entre los dueños de la empresa y la Inspección General de Justicia de Santa Fe, que ofreció más pruebas para que se los investigue por haber ocultado sociedades y bienes en el marco de la convocatoria de acreedores.
Para los dueños de la compañía, el escrito de la titular de la IGJ de Santa Fe, María Victoria Stratta, forma parte de una actitud «temeraria y calumniosa» destinada a lograr la intervención de la firma a partir de un plan impulsado por el gobernador Omar Perotti.
Stratta, mediante un extenso documento, pidió al juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, adoptar diversas medidas para determinar: «a-) las vinculaciones societarias ocultadas al pedir el concurso preventivo y, b-) la conducta de los directores respecto de sus bienes».
«No obstante, a ellas cabe agregar hoy otros hechos vinculados a la administración que no hacen sino corroborar la necesidad de intervención de la administración», agregó la funcionaria.
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«Un muerto de 300 millones de dólares”
“Hoy el Banco Nación tiene un muerto de 300 millones de dólares básicamente porque las autoridades pasadas no cumplieron con las normas con las que deberían haber cumplido”, aseguró el Director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano. Durante esta charla también se ocupó de aclarar algunos de los puntos de mayor polémica sobre el caso de la empresa Vicentin.
Uno de los datos sobresalientes es que, según lo detalla Lozano, el gobierno anterior pudo haber puesto en regla a Vicentin y no lo hizo. Entre agosto y diciembre de 2019 la empresa no cancela ningún pago sobre el crédito otorgado por el Nación. Según Lozano “este crédito tenía una cuenta en garantía. Una cuenta en el Banco Nación sucursal Reconquista a la cual ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentín”. “En esa cuenta, en el mismo período en que Vicentin no cancela, ingresan, entre agosto y diciembre, 790 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que Vicentin le debía al Banco y que claramente las autoridades pasadas podrían haber ejecutado para poner a Vicentín en norma”, agregó. Además, explicó que esto no sólo no se hizo, sino que en noviembre pasado se le renovó el financiameiento a Vicentin por 105 millones de dólares.
En lo que respecta a las responsabilidades dentro de la institución que él representa, informó que, al día de hoy, hay muchas personas separadas de sus cargos y hay un sumario en curso. “Se realizó una auditoría interna para aclarar qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo actuó cada persona”, explicó.
Lozano también detalló que hay varios aspectos para aclarar dentro de este caso. Por un lado, la empresa les demandó granos a muchos productores hasta 48 hs antes de la cesación de pagos. Otro tema es la relación entre el Banco Nación y Vicentin, “el trámite irregular se puede asociar al vínculo político de los dueños de Vicentin con Macri”. Pero sumó un punto clave al caso que consiste en el “signo de interrogación respecto a cuáles fueron las maniobras que el propio grupo empresario hizo en relación a sus empresas vinculadas, sobre todo con aquellas que tienen que ver con el exterior como el caso de Vicentin Uruguay, Vicentin Paraguay, las empresas off shore radicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes”.
Según Lozano, “Vicentin tuvo un crecimiento exponencial en la Argentina en los últimos 14 años, y en los últimos 4 años de Macri también. La firma pasó de ocupar el puesto 19 en el ranking de las primeras 200 empresas, a ocupar el puesto 6”.
El director del Nación concluyó que lo de la empresa no es mala suerte o un problema extraño, ya que “Vicentin forma parte de los ganadores de la Argentina”. El 83% de su producción se colocaba en el exterior y la moneda de Vicentin era el dólar, no el peso. “Es difícil desenganchar la crisis de Vicentin de la derivación de recursos al exterior”, afirmó Lozano.
Finalmente, en lo que respecta al futuro de la empresa, dijo que entre las mejores opciones él considera que Vicentin debería ser una empresa pública no estatal, una empresa mixta con participación del Estado y de las cooperativas agropecuarias.
