Más de un mes después del pedido expreso de las autoridades regionales y locales del INTA para que los legisladores se pronunciaran en defensa del organismo, el Senado de la provincia de San Luis emitió este martes una tibia declaración de respaldo a la institución, sin hacer referencia alguna a la avanzada del gobierno nacional para recortar sus funciones, presupuesto y personal.
Los nueve senadores que integran la Cámara Alta aprobaron por unanimidad un proyecto presentado por el legislador oficialista e ingeniero agrónomo Adolfo Castro Luna. En el texto se reconoce la labor del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y se declara de interés legislativo su accionar en San Luis, pero se evita cualquier tipo de condena o rechazo explícito a los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei, que han puesto en jaque la operatividad del organismo en todo el país.
El pronunciamiento legislativo no hace mención a la decisión del Ejecutivo nacional de cerrar agencias, suspender líneas de investigación, recortar personal o reducir a su mínima expresión la presencia territorial del INTA, medidas que han generado alarma entre productores, profesionales del agro, científicos y universidades.
El proyecto aprobado enumera las principales funciones del organismo en la provincia y destaca su rol estratégico para el desarrollo agropecuario. En el articulado, se resalta la tarea de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Villa Mercedes y de las cinco Agencias de Extensión Rural (AER) ubicadas en Unión, Concarán, Villa Mercedes, Quines y la ciudad de San Luis. También se subraya la importancia de su labor en materia de investigación aplicada, asistencia técnica, capacitación, innovación y sustentabilidad.
Además, se convoca a entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil a fortalecer los vínculos con el INTA mediante convenios que refuercen su misión y autonomía.
Sin embargo, el texto no incluye ningún llamado al gobierno nacional para que revierta los recortes, ni plantea un respaldo político contundente frente a lo que muchos consideran un intento de desguace del organismo. La declaración fue calificada por algunos sectores como insuficiente y tardía, especialmente teniendo en cuenta que el pedido formal de pronunciamiento había sido cursado semanas atrás por autoridades del propio INTA en San Luis.
El documento fue remitido a la Cámara de Diputados provincial, al Poder Ejecutivo provincial y nacional, y al Centro Regional La Pampa–San Luis del INTA, pero su impacto político es, por ahora, limitado. Para muchos, quedó en evidencia una falta de voluntad de los senadores puntanos de confrontar con la Nación y asumir una postura más firme en defensa de una institución clave para el desarrollo productivo y científico del país.
