Por Roberto Vinuesa
A un año y medio de iniciado el nuevo gobierno provincial en San Luis, la promesa de transparencia y apertura democrática sigue siendo una deuda. Lejos de marcar un quiebre con las prácticas autoritarias de la gestión anterior encabezada por Natalia Zavala Chacur (a pesar de trabajar para la Agencia de Noticias), el actual manejo de la comunicación oficial se le parece demasiado.
Como ciudadano y periodista, he experimentado en carne propia la sistemática negativa del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Medio Ambiente a responder solicitudes de información pública. Lo que debería ser un derecho básico garantizado por la democracia se ha transformado en una pulseada silenciosa con un Estado que se comporta como si tuviera algo que ocultar.
Hace dos meses, planteé esta situación ante la Secretaría de Medios del gobierno provincial. Su respuesta fue tan ambigua como inquietante: “no hay bajada de línea” para restringir el acceso a la información. Pero los hechos demuestran lo contrario. Si no existe una orden explícita, hay al menos una práctica institucionalizada de silencio y desdén.
Cuando hice pública mi queja sobre el destrato recibido por parte del ministro Federico Trombotto, fui contactado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), organismo al que no pertenezco. Me prometieron ocuparse del tema, pero como era de esperarse, jamás hubo una respuesta concreta. No sorprende: sus representantes en San Luis son empleados del Estado, lo cual pone en duda su imparcialidad y autonomía.
El acceso a la información pública no es un favor, es un derecho consagrado en la ley y un pilar esencial de toda sociedad democrática. Negarlo, ocultarlo o simplemente ignorarlo es una forma moderna de censura. Es hora de que el gobierno de San Luis lo entienda y rectifique el rumbo. Porque sin información, no hay ciudadanía plena.
