San Luis estuvo presente en una nueva reunión de la Mesa Nacional Algodonera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se trató la distribución de fondos para las provincias, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.060. Allí, el representante puntano manifestó la necesidad de una barrera sanitaria fija en el norte de la provincia para el controlar el ingreso del picudo del algodonero, solicitud que no fue considerada por el gobierno nacional, según se quejó este miércoles a través de un comunicado el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
“San Luis es una de las pocas provincias libre del ‘picudo algodonero’, la plaga más dañina para este cultivo. Si bien tenemos esta ventaja, Senasa no cuenta con una barrera sanitaria para su control en la provincia. Necesitamos esta herramienta para evitar el ingreso de este insecto”, indicó la jefa del Área Sanidad y Tecnificación Agrícola, María Rodríguez, quien señaló que la solicitud no fue considerada por la Nación.
La funcionaria explicó: “Si bien esta ley tiene como objetivo el fomento de la producción del algodón, la distribución se da en base a cantidad de hectáreas y productores de cada provincia, sin importar el grado de producción”. Y añadió: “El resto de las provincias tiene productores más chicos, en cambio San Luis cuenta con 4.000 hectáreas, en Quines y Candelaria, por lo que la distribución resulta desventajosa para nosotros”.
Frente a este panorama, San Luis trabajará en la puesta en marcha de una barrera sanitaria documental, para controlar aquellos vehículos que provengan de zonas rojas, donde predomina el picudo algodonero. “Será de vital importancia, ya que se trata de un cultivo en pleno crecimiento y, además, porque generará mano de obra para la zona”.
Según la fórmula implementada para la distribución de fondos, Nación tendría a disposición para San Luis un total de $1.400.000, monto que debe ser utilizado según lo indicado por el Gobierno nacional. “Esta decisión no considera la necesidad puntual del productor, si no que se presenta como una política más general”, insistió Rodríguez.
Y detalló: “Del total tendríamos que usar el 30% en sanidad (control del picudo algodonero), 20% en semillas (entrega o mejora genética), 10% en destrucción de rastrojos y labores, 10% en calidad y trazabilidad, y un 30% libre (dividido en cualquiera de estas opciones)”.
Finalmente, consideró que “esta división se transforma en un condicionamiento para invertir en acciones puntuales y prioritarias para el crecimiento de los productores de San Luis”.
La comunicación oficial distribuida la semana pasada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación destacó que dentro de las medidas aplicadas en la Mesa Nacional Algodonera se mencionaron, entre otras, la puesta en marcha de la Mesa Algodonera con sus diferentes comisiones; la elaboración de un cálculo objetivo para la distribución de fondos de la ley 26.060; los avances de Procalgodón en asistencia para el mejoramiento de la calidad de la fibra; la aprobación de la ley 27.233, que crea los Entes Sanitarios para enfrentar el problema del picudo; y el avance en la utilización de semilla fiscalizada, que alcanzó un 36% en la última campaña.
