Se presentaron los resultados del Plan de Prevención de Incendios Forestales para el oeste de las Sierras Centrales, una estrategia inédita elaborada de manera participativa junto a la Universidad Nacional de los Comechingones, el gobierno provincial, la FAO y organismos internacionales. El proyecto identifica las zonas de mayor riesgo, prioriza la prevención por sobre el combate del fuego y propone una batería de acciones que van desde la educación ambiental hasta obras de infraestructura y manejo sustentable del bosque nativo.
La provincia de San Luis avanza hacia un nuevo paradigma en la gestión del fuego. Luego de más de un año de trabajo territorial, talleres participativos y estudios técnicos, fueron presentados oficialmente los resultados del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Oeste de las Sierras Centrales, una iniciativa que busca reducir el impacto de los incendios mediante una planificación integral, sustentable y con fuerte participación de las comunidades locales.
La presentación se realizó en Fincas del Dique, en la localidad de Luján, durante el plenario de cierre de la etapa participativa del proyecto, que reunió a representantes de organismos provinciales, municipios, bomberos, productores rurales, universidades y vecinos que formaron parte del proceso de construcción del plan.
La propuesta es impulsada conjuntamente por el Gobierno de San Luis, la Universidad Nacional de los Comechingones, la Secretaría de Turismo y Ambiente, el Green Climate Fund y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de políticas internacionales destinadas a fortalecer la resiliencia de los bosques frente al cambio climático.
El Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF), impulsado en el marco del Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina, implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC), presenta un 80 % de avance en su formulación y prevé iniciar su implementación a comienzos de 2027, con una inversión de un millón de dólares.
El plan abarca 177.800 hectáreas del oeste de las Sierras Centrales de San Luis, incluyendo las localidades de La Punta, Villa de la Quebrada, Nogolí, San Francisco, Leandro N. Alem, Luján y Quines, con el objetivo de proteger los bosques nativos, reducir el riesgo de incendios forestales y fortalecer la resiliencia del paisaje.
Durante su elaboración se realizaron 10 talleres, con la participación de 580 personas, para construir el mapa de riesgo y definir las principales medidas de prevención enmarcadas en acciones de educación y concientización, manejo sostenible del bosque nativo, fortalecimiento de la gestión territorial y mejoras en infraestructura estratégica para la prevención de incendios forestales.
Durante la presentación, el coordinador técnico del proyecto, el ingeniero forestal Juan Franco Todone, dejó en claro que el principal objetivo no consiste en evitar completamente los incendios, algo imposible en ecosistemas donde el fuego forma parte de la dinámica natural, sino en preparar al territorio para convivir con ese fenómeno de manera más segura.
El profesional sostuvo que el verdadero desafío es construir paisajes más resilientes, capaces de soportar el paso del fuego sin perder su capacidad de recuperación, preservando la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
En ese sentido, remarcó que la prevención debe convertirse en una política permanente y no en una respuesta circunstancial frente a las emergencias.
«La sustentabilidad de las acciones es el gran desafío. El fuego siempre vuelve; lo importante es que el territorio esté preparado», resumió durante su exposición.
Participación
Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue su metodología participativa.
Entre 2025 y 2026 se desarrollaron diez talleres distribuidos en distintas localidades del área de estudio, en los cuales participaron aproximadamente 500 personas pertenecientes a más de quince sectores diferentes.
Bomberos voluntarios, brigadistas, organismos provinciales y nacionales, municipios, productores agropecuarios, pobladores rurales, investigadores, universidades y organizaciones sociales aportaron conocimientos sobre los problemas existentes y las posibles soluciones.
Además, el proceso contó con una importante participación femenina, superando ampliamente los porcentajes mínimos exigidos por los organismos internacionales que financian este tipo de iniciativas.
Uno de los principales productos obtenidos fue la elaboración de un mapa participativo de riesgo de incendios forestales.
La herramienta combina información técnica con el conocimiento que poseen quienes viven y trabajan diariamente en el territorio.
De esta manera fue posible identificar los sectores con mayor vulnerabilidad y establecer prioridades para futuras inversiones, optimizando el uso de los recursos disponibles.
Los especialistas destacaron que existen muy pocos antecedentes en el país de mapas de riesgo construidos con un nivel tan alto de participación comunitaria.
Durante los talleres surgió un diagnóstico muy preciso acerca de las causas que favorecen la ocurrencia de incendios forestales.
Entre las amenazas más reiteradas aparecen la expansión urbana sobre áreas de bosque nativo; la falta de capacitación preventiva; problemas asociados a banquinas y tendidos eléctricos; la acumulación de biomasa vegetal; la necesidad de fortalecer la gestión del bosque nativo; la escasez de puntos estratégicos de abastecimiento de agua.
También quedó en evidencia la creciente preocupación por el avance de loteos y urbanizaciones sobre zonas de alto riesgo, especialmente en localidades serranas donde la interfaz urbano-forestal aumenta considerablemente la exposición de viviendas al fuego.
Doce líneas estratégicas de acción
A partir de las más de 140 propuestas generadas en los talleres, el equipo técnico definió un plan organizado en doce líneas estratégicas.
Entre las principales acciones previstas figuran programas permanentes de capacitación para productores rurales; formación específica sobre manejo preventivo del bosque; incorporación de contenidos sobre prevención de incendios en escuelas primarias y secundarias; campañas masivas de difusión; cartelería informativa en rutas y sitios turísticos; encuentros de mujeres para fortalecer su participación en la prevención; creación de áreas piloto de manejo sustentable del bosque; fortalecimiento del manejo preventivo de combustibles; instalación de puntos de abastecimiento de agua para brigadistas; incorporación de tecnología para mejorar la prevención y el monitoreo.
El plan también contempla acciones que no serán financiadas directamente por el programa, pero que quedaron incorporadas como prioridades para futuras políticas públicas, entre ellas nuevas normativas municipales, ordenamiento territorial, mejora en las comunicaciones de los cuarteles de bomberos y fortalecimiento de brigadas comunitarias.
Uno de los datos que más llamó la atención fue que casi la mitad de las propuestas presentadas por la comunidad estuvieron vinculadas a la educación, la capacitación y la concientización.
El diagnóstico dejó en evidencia que la población considera indispensable generar una verdadera cultura de prevención.
Por ello, el plan propone incorporar contenidos sobre ecología del fuego y manejo responsable del bosque dentro del sistema educativo, desarrollar programas permanentes para docentes y multiplicar las campañas de difusión destinadas tanto a residentes como a turistas.
El documento también establece un esquema preliminar de inversiones.
Cerca del 46 % de los recursos estará destinado a programas educativos, capacitación y producción de materiales de prevención.
Otro 30 % se orientará al manejo forestal mediante experiencias piloto, apertura de fajas cortafuego y recuperación del bosque nativo, mientras que aproximadamente el 24 % restante financiará obras estratégicas como nuevos puntos de abastecimiento de agua para combatir incendios.
Entre las iniciativas sobresalen la instalación de cisternas estratégicas para abastecer a los bomberos, el fortalecimiento de plantas de chipeado para procesar residuos vegetales, la implementación de áreas demostrativas de manejo forestal y la incorporación de criterios de prevención dentro de los planes de manejo de áreas naturales protegidas.
Un territorio vulnerable
El área comprendida por el plan fue seleccionada debido a su alta recurrencia de incendios.
Según los datos presentados durante el encuentro, apenas el 30 % de la superficie no sufrió incendios durante los últimos veinte años.
Además de albergar importantes extensiones de bosque nativo, la región protege tres cuencas hídricas fundamentales para las Sierras Centrales, lo que convierte a su conservación en una prioridad ambiental para la provincia.
Quizás uno de los conceptos más innovadores del proyecto sea abandonar la mirada predial tradicional para comenzar a gestionar el territorio a escala de paisaje.
Ese enfoque permite coordinar acciones entre municipios, productores, organismos ambientales y comunidades, entendiendo que el fuego no reconoce límites de propiedades.
La propuesta apunta a construir un modelo de prevención permanente, basado en la participación social, el conocimiento científico y el manejo sustentable del bosque nativo, con el objetivo de disminuir la ocurrencia y la gravedad de los incendios forestales que cada año amenazan uno de los patrimonios ambientales más valiosos de San Luis.
La FAO destacó el Plan de Prevención de Incendios Forestales presentado en San Luis
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) felicitó al Gobierno de San Luis y a la Universidad Nacional de los Comechingones por la presentación del Plan de Prevención de Incendios Forestales, al considerar que constituye una herramienta estratégica para la protección de los bosques nativos y los recursos hídricos de la provincia.
El reconocimiento fue expresado por el ingeniero forestal Ángel Parra, asesor técnico líder del Proyecto Pagos por Resultados de Argentina, quien destacó que el plan «es el resultado de un proceso participativo que reunió a los actores del territorio para construir una estrategia adaptada a los desafíos locales y proteger una zona clave para la conservación de los bosques nativos y el abastecimiento de agua».
Parra, quien cuenta con más de 12 años de trayectoria en la FAO acompañando a países de Latinoamérica en el desarrollo de estrategias REDD+, aseguró además que el organismo internacional continuará brindando apoyo durante la etapa de implementación del plan, con el objetivo de transformar la planificación en acciones concretas de prevención y gestión del riesgo de incendios forestales.
