El senador nacional justicialista Fernando Salino alertó que las condiciones previstas para el biodiésel podrían perjudicar seriamente a la industria radicada en Villa Mercedes debido a su distancia de los centros proveedores de materia prima. En una entrevista con Mario Otero, en el programa Nada Secreto de FM Digital San Luis, explicó que presentó un dictamen en minoría que propone elevar el corte al 15% y establecer una protección regional. También reclamó que el Gobierno provincial intervenga ante la Nación para defender los puestos de trabajo.
El debate por una nueva ley de biocombustibles tiene para San Luis una dimensión que va mucho más allá de la discusión energética nacional. En juego está la continuidad competitiva de una industria radicada en Villa Mercedes que, según advirtió el senador nacional justicialista Fernando Salino, podría quedar fuera del mercado si el nuevo régimen para el biodiésel avanza sin contemplar las desventajas de las plantas alejadas de las fuentes de materia prima.
Salino abordó el tema durante una entrevista concedida al periodista Mario Otero, conductor del programa Nada Secreto, de FM Digital San Luis. Allí explicó las razones que lo llevaron a presentar un dictamen propio en el Senado y planteó que la discusión debería incorporar un criterio de distribución regional que permita preservar industrias y puestos de trabajo en provincias como San Luis.
El legislador diferenció, en primer lugar, las situaciones del bioetanol y del biodiésel. Según señaló, alrededor del bioetanol existe un nivel de consenso prácticamente total entre los distintos sectores, mientras que el verdadero conflicto se concentra en el mercado del biodiésel.
El escenario cambió, explicó, a partir de las dificultades que encontraron las grandes compañías para colocar biodiésel en el exterior. Mientras esas empresas tenían como destino principal la exportación, parte del mercado interno quedó disponible para pequeñas y medianas industrias ubicadas, entre otras provincias, en Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
Pero al reducirse las posibilidades de exportación y aumentar el autoabastecimiento de otros países, las grandes empresas comenzaron a mirar nuevamente hacia el mercado argentino. Para Salino, allí se encuentra una de las claves del conflicto actual.
Dentro de ese escenario nacional, la situación puntana presenta una dificultad específica, ya que la distancia respecto de las zonas donde se obtiene la materia prima.
Salino explicó que en la industria conviven empresas integradas, que cuentan con la materia prima y realizan todo el proceso hasta obtener el biodiésel, y compañías no integradas, que deben adquirir esos insumos. Sin embargo, sostuvo que el problema de San Luis excede esa división.
Para la industria puntana, el factor determinante es el costo logístico.
De acuerdo con la información expuesta por el senador, existe una clasificación de las 48 empresas del mercado de acuerdo con su distancia respecto de las fuentes de materia prima. En ese listado, San Luis se encuentra entre las últimas posiciones, con una distancia superior a los 600 kilómetros, situación que incrementa fuertemente los costos de transporte y reduce la capacidad de competir.
Ese dato es, para Salino, central para comprender por qué una regulación idéntica para todas las plantas puede generar consecuencias muy diferentes según la provincia donde estén radicadas.
La advertencia del senador fue contundente: “Con las condiciones que se están discutiendo, las cinco empresas ubicadas en las posiciones más desfavorables por distancia a la materia prima podrían quedar sin posibilidades económicas de producir en 2027. Entre ellas se encuentra la planta de San Luis”.
Más adelante, durante la entrevista, volvió sobre ese punto. Si se confecciona el listado considerando la distancia a la materia prima y el impacto inevitable del transporte sobre los costos, las cinco últimas plantas no tendrían margen para continuar produciendo bajo las condiciones proyectadas para 2027. Entre esas industrias se encuentra la puntana.
Una defensa regional
Frente a ese escenario, Salino sostiene que la solución no pasa únicamente por establecer diferencias entre empresas integradas y no integradas, sino por incorporar una protección de carácter regional.
El senador afirmó que viene trabajando conjuntamente con representantes de La Pampa y con la cámara que agrupa a las empresas del sector para encontrar una fórmula que permita mantener competitivas a las plantas alejadas de la materia prima.
Su propuesta contempla dos puntos centrales, ampliar el porcentaje obligatorio de biodiésel incorporado a los combustibles fósiles y, paralelamente, reservar mecanismos que contemplen las diferencias regionales.
La idea es llevar el corte al 15%, aumentando así el volumen total del mercado. Sin embargo, Salino aclaró que una ampliación del corte por sí sola tampoco resolvería el problema puntano, porque las compañías de mayor escala podrían absorber una parte importante del nuevo volumen disponible. Por eso considera indispensable mantener una protección específica para las industrias regionales.
“Nosotros precisamos una distribución regional que defienda a San Luis”, sintetizó durante la entrevista.
La preocupación tiene además una dimensión laboral y económica concreta. Salino aseguró que mantiene contacto permanente con representantes de la empresa puntana y de la cámara sectorial, y remarcó que la actividad representa alrededor de 50 puestos de trabajo directos en Villa Mercedes, además del movimiento económico indirecto generado por una planta que opera durante las 24 horas.
Las diferencias llegaron formalmente al Senado.
Salino presentó y firmó un dictamen en minoría que plantea un corte del 15% y una protección regional. Según explicó, fue el único integrante de la comisión que pudo suscribir esa propuesta, aunque aseguró que existen otros legisladores interesados en elevar el porcentaje de mezcla.
En cambio, señaló que la Secretaría de Energía sostiene un corte del 10%.
El senador relató que durante el tratamiento en comisión el secretario de Energía planteó que el esquema inevitablemente generaría “ganadores y perdedores”. Frente a esa definición, Salino ubicó a San Luis entre los potenciales perjudicados porque, sin un mecanismo compensatorio, sus industrias podrían quedar fuera del mercado.
Su dictamen propone concretamente el 15% de corte y la protección regional, mientras mantiene sin grandes modificaciones el capítulo correspondiente al bioetanol, donde las diferencias entre los sectores son mucho menores. Incluso, una de las alternativas que comenzó a mencionarse en el Congreso es separar ambas discusiones, aprobar primero el régimen para el bioetanol y continuar negociando posteriormente las condiciones para el biodiésel.
Salino consideró que todavía existe margen para modificar el proyecto porque algunos legisladores que acompañaron el dictamen de mayoría lo hicieron con disidencias y comparten la posibilidad de llevar el corte al 15%.
También defendió la potestad del Congreso para definir el régimen. “La ley la hacemos los legisladores. Después la Secretaría de Energía la tiene que aplicar”, sostuvo, aunque aclaró que la intención no es establecer condiciones técnicamente imposibles sino resolver diferencias de criterios económicos y políticos.
Una discusión atravesada por los intereses provinciales
El debate también exhibe las diferencias entre las economías regionales.
Mientras San Luis y La Pampa enfrentan el problema de encontrarse alejadas de las principales fuentes de materia prima, provincias como Santa Fe parten de una posición completamente diferente por su cercanía con la producción y la industrialización de soja.
Por esa razón, explicó Salino, para algunos legisladores el principal conflicto consiste en cómo distribuir el mercado entre empresas integradas y no integradas. Para San Luis, en cambio, esa solución resulta insuficiente porque aún dentro del segmento de firmas no integradas continúa existiendo una desventaja logística estructural.
“Regionalmente la cosa cambia”, resumió el senador.
En la búsqueda de una posición común, indicó que se realizaron consultas con dirigentes del justicialismo con experiencia en la temática, entre ellos Julián Domínguez y Felipe Solá. A la vez, destacó que las provincias del norte vinculadas al bioetanol tienen interés en acelerar la aprobación porque lograron mayores consensos internos alrededor de ese segmento de la actividad.
Así, el tratamiento de la nueva legislación terminó configurando un complejo mapa de intereses en el que las posiciones no se dividen estrictamente entre oficialismo y oposición, sino también según la estructura productiva de cada provincia.
Salino pidió que el Gobierno de San Luis intervenga
Sobre el final de la entrevista, Salino llevó la discusión directamente al terreno político provincial.
El senador manifestó que mantiene conversaciones con diputados nacionales por San Luis para coordinar la defensa de los intereses de la provincia, pero consideró necesario que el Ejecutivo puntano también intervenga ante el Gobierno nacional.
“A mí me gustaría que el Gobierno de la provincia haga algo en este sentido”, expresó.
Salino vinculó directamente su pedido con la necesidad de preservar las fuentes laborales y cuestionó que, a su entender, el Gobierno provincial mantiene contactos con la Nación por cuestiones electorales, pero todavía debería incorporar este problema productivo a esas conversaciones.
“Sería bueno que entre todas esas cosas que conversa alguna vez haga algo para que se defienda la fuente de trabajo”, afirmó.
