la Unión de Productores y Productoras Caprinos –Uproc- de San Luis presentó en la Legislatura de la provincia el proyecto de Ley de “Salario Caprino”, una iniciativa que busca reconocer el trabajo de los productores campesinos e indígenas, fortalecer al sector caprino, luchar contra el desarraigo rural y fomentar una actividad que retrocede constantemente. “Hay muchas familias que van achicando la cantidad de cabras. Es una actividad que prácticamente la está desarrollando la gente de la tercera edad”, dice Leonardo Janjetic, Ing. Agrónomo e integrante de la Uproc, en comunicación con EcoPress.
Según datos del SENASA, en 2019 el stock caprino provincial era de aproximadamente 112.734 cabras distribuidas en 3.500 establecimientos, un promedio de 33 cabras por establecimiento. En tanto, el proyecto de Salario Caprino está destinado a aquellas familias campesinas que tengan una majada de 50 cabras como mínimo y que realicen pastoreo en campo natural. “Entonces, el que tenga 40 ejemplares se esforzara para llegar a una majada de 50 cabras para poder acceder al ingreso”, equivalente a dos salarios mínimos, agrega el ex trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Hoy “uno de los mayores problemas –que enfrentamos- son los desalojos silenciosos, es un proceso que se da a largo plazo, un proceso de desgaste. Hay un modelo que quiere que la producción campesina vaya desapareciendo a favor de la agroindustria. Hoy es difícil que con las condiciones actuales los jóvenes opten solamente por el trabajo en el campo”, añade Janjetic.
Además, en la fundamentación del proyecto la Uproc afirma que “la demanda de carne caprina supera a la oferta, la baja en la oferta preocupa a los dueños de los frigoríficos que ven paralizadas momentáneamente sus instalaciones”, por lo que la ley sería “un incentivo para preservar al chivo puntano y para aumentar la producción”. “El Salario Caprino apuntala a destacar la producción campesina del cabrito e incluso busca que la mujer y los jóvenes rurales puedan generar ese arraigo que tanto necesitamos en las comunidades”, indica Marisol Troya, referente del Movimiento Nacional Campesino e Indígena –MNCI-, que acompañó la presentación del proyecto.
“Nosotros venimos luchando hace muchos años y, en el marco de las luchas internacionales por los pueblos campesinos, reivindicamos la producción de alimentos en manos campesinas, favorecer el arraigo rural y luchar para que el Estado visibilice y entienda que sin la producción campesina e indígena de alimentos ningún argentino puede tener alimentos sanos en sus mesas”, sostiene Troya. Al respecto, el MNCI destaca que los campesinos constituyen el 60% de la mano de obra del campo, a pesar de solo poseer el 13% del terreno productivo.
Por su parte, Claudio Pérez, productor caprino del paraje Los Lobos, afirma que “no nos alcanza por razones económicas, cada vez se nos pone más difícil. No nos alcanza lo que vendemos para subsistir en el campo, por esa razón pedimos esta ayuda. La vida del campo es muy sufrida, hay que luchar, hay que pagar la comida de los animales, hay que comprar cosas para mantenerse, -además, muchos viven- en zonas rurales donde no hay luz ni agua, por eso no alcanza para nada”.
En ese sentido, la Uproc recuerda que ya habían presentado el proyecto anteriormente, en diciembre del 2022, allí les prometieron que en el transcurso del 2023 los convocarían para seguir trabajando sobre el texto de la iniciativa; pero el proyecto no tuvo avances en la Legislatura. Por tal motivo, presentaron nuevamente el proyecto en vísperas del Día Internacional de las Luchas Campesinas, que conmemora la masacre de 21 campesinos en Brasil en 1996.
La ley sería “una reparación económica a familias campesinas sumidas debajo de la línea de la pobreza por el ingreso estacional de la producción caprina” y “una forma de despejar otros planes sociales que enmascaran el trabajo de la crianza de cabras”, sostiene la organización en los fundamentos del proyecto. “Es un reconocimiento –para- estas familias que cumplen un rol importante, porque producen alimentos, porque cuidan el monte y porque aportan a una distribución más equitativa de la tierra”, subraya Janjetic.
El proyecto no solo busca un reconocimiento a la producción campesina, también propone crear un equipo interdisciplinario que realice un seguimiento a las familias beneficiadas para asegurarse que “año tras año tengan el piso mínimo de 50 cabras” e indica que “quienes accedan al Salario Caprino deben vender al menos el 30% de su producción a través de los frigoríficos del Estado provincial”, favoreciendo la accesibilidad de la ciudadanía a los chivos y sus derivados.
Al ser consultada, Celeste Roma, docente e investigadora de la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur de la UNSL -que también acompañó la presentación del proyecto- indicó que “desde la catedra libre estamos sumamente interesados en este proyecto de Salario Caprino porque es una propuesta que sale desde la propia organización de productoras y productores, y ellos son los que tienen una lectura de la situación de su sector productivo. No es una propuesta que viene de arriba diseñada en una oficina, si no que ellos mismos saben lo que necesitan, por eso es tan importante”.
La Unión de Productores y Productoras Caprinos trabaja desde hace más de diez años en las sierras y los parajes rurales del noreste provincial, son unas 50 familias campesinas organizadas para fomentar al sector y sostenerse mutuamente. En estos años han brindado capacitaciones para escuelas, organizan ferias de intercambio de chivos para diversificar la genética de las majadas, ofrecen microcréditos para las familias que lo necesitan y tienen silos comunales que facilitan la producción. También se han organizado para la venta de leche de cabra y sus derivados, como dulce de leche o quesos, o para la comercialización de chivos, además, hace unos años firmaron un acuerdo con la Municipalidad de Carpintería para proveerles de cabritos para la fiesta de los 101 chivos.
Fuente: EcoPress
Foto de portada: La Bulla Comunicación Alternativa.
