Esta actividad tiene como finalidad disminuir la biomasa, es decir, el volumen de materia orgánica en un terreno. Debe realizarse con la autorización de la dirección de Prevención y Gestión de Emergencia en determinadas condiciones meteorológicas.
Las quemas controladas son una herramienta de prevención que permite reducir la cantidad de vegetación y materia orgánica acumulada en determinados terrenos. Sin embargo, no se trata de encender fuego de manera improvisada: debe ser planificado, autorizado y realizado bajo condiciones específicas para evitar que el fuego se descontrole.
Una quema controlada es un fuego prescripto, es decir: una acción planificada, intencional y controlada sobre un terreno o bosque. La actividad debe realizarse a partir de estrictas condiciones meteorológicas y contar previamente con la autorización de la dirección de Prevención y Gestión de Emergencia (DPyGE).
Antes de otorgar el permiso, un equipo especializado efectúa una inspección del lugar para determinar si están dadas las condiciones necesarias para llevar adelante la quema de manera segura.
El principal objetivo de estas quemas es disminuir la biomasa: materia orgánica como plantas, restos vegetales y otros residuos. De esta manera, se busca reducir el material combustible disponible y prevenir la propagación de incendios forestales. Además, para los productores, estas prácticas pueden resultar beneficiosas para preparar los terrenos destinados a la siembra y favorecer las condiciones para la hacienda, contribuyendo también al fortalecimiento del suelo.
En las quemas autorizadas participan brigadistas de la dirección de Prevención y Gestión de Emergencia y bomberos voluntarios, quienes acompañan y supervisan el procedimiento. Los ciudadanos que necesiten realizar una quema, deben solicitar previamente la autorización correspondiente al WhatsApp 2664-779372 o al correo electrónico quemacontrolada@gmail.com. También pueden hacerlo de manera presencial en el ministerio de Seguridad en Casa de Gobierno (edificio sur, 1° bloque).
El costo vigente es de $20.000 por la inspección, mientras que la autorización contempla un valor de $2.000 por hectárea a quemar.
La DPyGE remarcó que no está permitido realizar quemas de manera clandestina. Quienes las ejecuten sin contar con la autorización correspondiente, pueden recibir importantes sanciones económicas, con multas que pueden alcanzar hasta los $1.000 millones.
Además, si una quema clandestina provoca daños, interviene la Justicia, que evalúa el impacto ocasionado y determina las responsabilidades correspondientes. En estos casos, las consecuencias pueden superar lo económico e incluso derivar en una condena.
La etapa de quemas controladas comienza normalmente en enero. Hasta septiembre se trabaja, por ejemplo, con quemas de pajonales y bajo monte, mientras que posteriormente, hasta noviembre, se realizan quemas de escombros forestales.
A partir de agosto comienza la época de mayor riesgo de incendios, por lo que se extreman las medidas de prevención y las condiciones exigidas para autorizar este tipo de actividades.
La dirección de Prevención y Gestión de Emergencia recomendó a los propietarios y productores no realizar ninguna quema sin autorización y consultar ante cualquier duda. También es fundamental contar con picadas contrafuego correctamente realizadas y mantenidas, ya que constituyen una de las principales herramientas para evitar que un incendio avance hacia otras zonas.
Por último, agregaron que la prevención es una responsabilidad compartida. Una quema realizada sin las medidas correspondientes puede transformarse rápidamente en un incendio y provocar daños materiales, ambientales e incluso poner en riesgo la vida de las personas. Para obtener más información, los interesados pueden consultar la página oficial de la Dirección.
ANSL.
