El presidente de la recientemente creada Confederación Rural de San Luis, Raúl Foncueva, quedó en una incómoda situación. Ahora le pidieron formalmente que opine sobre la escandalosa suspensión judicial de las elecciones en la Sociedad Rural puntana, ordenada por la justicia ante la sospechosa eliminación de 326 socios de los padrones, entre los que se encuentran dos ex presidentes y varios productores que iban a competir contra la lista de la actual conducción.
Pero por otro lado, cuando Foncueva dejó el año pasado anticipadamente la presidencia de la rural de San Luis para asumir en la confederación creada por él, asumió su amigo Sergio Varela para completar el mandato y a quien ahora apoya en su candidatura para continuar al frente de una cuestionada gestión.
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas ordenó suspender las elecciones en la rural, convocadas para el 18 de julio pasado, al comprobar que la entidad no pudo justificar la eliminación de 326 socios del padrón que habilitaba para votar. También les exigió que llamaran a una nueva votación, siempre y cuando arreglen antes el desorden administrativo y legal e incluya a todos los expulsados.
Los denunciantes de este irregular proceso electoral son los productores Guillermo Pagano, Juan Dodro y Guillermo Belgrano Rawson, quienes le enviaron una carta a Foncueva para exigirle que opine sobre esta grave situación institucional, que llevó a la tradicional entidad a quedarse con sólo 87 socios de los casi 500 que llegó a tener en 2009.
Esa carta fechada el 22 de julio y que hicieron pública ayer, permanece aún sin respuesta. Allí acusan a la comisión directiva de la rural y en particular a su presidente Varela, de ser autores de “un acto arbitrario, irresponsable y carente de todo criterio constitucional, por el que dejaron de lado a la casi totalidad de socios de esta prestigiosa entidad, conducida siempre por hombres de bien, donde la participación de la masa societaria era de una importancia vital para el buen funcionamiento de la rural”.
También sostienen que no existe una sola constancia o actuación de que a esos socios se les haya dado el mínimo derecho de defensa. Sin embargo, insisten en sus sospechas de que hubo una actitud deliberada para evitar el cobro de cuotas y producir la exclusión “aborrecible de asociados antiguos y nuevos para manejar de la forma más autoritaria y dictatorial las elecciones de autoridades”.
La delicada situación denunciada también fue comunicada a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): “No podemos creer que se actué de manera antidemocrática ni que se violen derechos humanos de libre participación y no creemos que esto ocurra por un mero fin personal de algunos miembros de querer perpetuarse en el poder”.
