Mediante la aplicación de la denominada Ley Ovina, que por sus características fomenta la producción y el desarrollo de este sector de la ganadería, la Unidad Ejecutora Provincial aprobó 14 proyectos de inversión destinados a pequeños productores distribuidos en diferentes territorios de San Luis.
Los fondos para la provincia provienen de la aplicación de la ley nacional Nº 25.422, que contiene el «Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina», cuya autoridad de aplicación en territorio nacional es el ministro de Agroindustria.
En las provincias se designa a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que se encarga de planificar, ejecutar y supervisar el régimen en su jurisdicción.
La Unidad Ejecutora está compuesta, además de los representantes del gobierno provincial, por otras instituciones que trabajan en pos de lograr los objetivos propuestos. En el caso de San Luis son representantes de organizaciones de pequeños y medianos productores y de las organizaciones del Estado Nacional como la Subsecretaría de Agricultura Familiar, INTA y SENASA.
El 17 de julio la UEP provincial realizó una reunión durante la cual se aprobaron 14 de los 18 proyectos presentados. Uno solo es no reintegrable y pertenece a la Asociación de Pequeños Productores de El Arenal.
Los 13 restantes son reintegrables, aunque con una característica muy especial: serán devueltos en 7 años de plazo, sin ningún tipo de interés, dentro de los cuales hay 2 de gracia, dado que posee un espíritu de desarrollo, al usar los créditos como herramienta para los productores sanluiseños.
Cabe mencionar que no es una ley con espíritu de asistencia social ni de emergencia, sino de fomento a la producción ovina, que está presente todos los años desde 2012 en adelante.
El monto de aportes destinados para 2018 a esta ley desde la Nación a la provincia de San Luis es de $ 2.460.000.
Geográficamente se distribuyeron de la siguiente manera: un proyecto para la Asociación El Arenal; uno en La Carolina; uno en la zona de Martín de Loyola; uno de Unión; uno de Saladillo; uno de Liborio Luna; uno de Villa Mercedes; uno de La Esquina; uno de Lavaisse; uno de Eleodoro Lobos; uno de Alto Pelado; uno de El Recodo y dos de Pescadores.
El monto de los proyectos aprobados oscilaron entre $ 140.000 y $ 250.000, con una cifra promedio de $ 175.000, los cuales están sujetos a la aprobación de las autoridades de la Comisión de Asistencia Técnica (CAT), con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El destino de las solicitudes de inversión proyectadas está dirigido a mejora genética, aumento de majadas, mejoras o ampliaciones de infraestructura con fines productivos e implantación de pasturas anuales y perennes con destino al aumento de producción de carne de las majadas, especificadas en cada ocasión.
Los productores que superaron esta etapa y solicitaron los beneficios de financiamiento de la presente norma son: Sergio Eduardo Anaya, María Patricia Alcorta, Raúl Tomás Castellino, Mauro Paulo Dolcemáscolo, Héctor Alfredo Fernández, Ramón Eduardo Lucero, Miguel Angel Muller, Sebastián Peracchia, Ernesto Gabriel Rodríguez, Hugo Alberto Zalazar, Liliana Gatica, Luis Bastías, Leandro Martín Yaccarini.
El acompañamiento de formulación y ejecución de proyectos estuvo a cargo de técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF), INTA y particulares, en algunos casos. Diez de los 14 aprobados fueron formulados por técnicos de la SsAF.
Foto: Prensa SsAF San Luis.
