El impuesto provincial que grava la facturación de las actividades económicas es uno de los tributos más cuestionados por productores rurales. Aunque la alícuota para la producción primaria ronda el 1 %, el sector advierte que su aplicación sobre las ventas y el efecto acumulativo en toda la cadena productiva terminan reduciendo la rentabilidad y encareciendo los costos del agro en San Luis.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió a instalarse en la agenda del sector agropecuario como uno de los tributos provinciales que más inciden en los costos productivos. En una provincia donde la actividad rural ocupa un lugar central en la economía regional, productores y especialistas advierten que su estructura genera distorsiones que impactan en la rentabilidad y en la competitividad de toda la cadena agroindustrial.
A diferencia de otros impuestos que se calculan sobre las ganancias, Ingresos Brutos se aplica sobre la facturación total de las empresas o productores, independientemente de si la actividad registró beneficios o pérdidas durante el año. Este mecanismo implica que el tributo debe abonarse incluso en campañas complicadas por factores climáticos, caídas de precios internacionales o incrementos en los costos de producción.
En el caso de la producción primaria en San Luis, la alícuota ronda el 1 % sobre la facturación, una tasa que puede parecer moderada en términos nominales, pero que adquiere mayor relevancia cuando se analiza su incidencia sobre los márgenes reales del negocio agropecuario.
Para comprender el peso de este impuesto basta con analizar un caso hipotético pero habitual en la región. Un establecimiento agrícola de tamaño medio que facture unos 300 millones de pesos anuales por la venta de granos o hacienda deberá abonar alrededor de 3 millones de pesos al año en concepto de Ingresos Brutos.
Si se tiene en cuenta que los márgenes agrícolas suelen ubicarse entre 10 % y 15 % en campañas normales, el tributo provincial puede absorber entre 7 % y 10 % de la ganancia del productor.
La situación puede ser incluso más ajustada en actividades ganaderas, donde los márgenes suelen ser más reducidos y los ciclos productivos más largos.
Para muchos productores, esta estructura tributaria genera una presión adicional en un contexto donde el agro ya enfrenta costos crecientes en insumos, combustibles, maquinaria y logística.
El efecto cascada en la cadena agroindustrial
Sin embargo, el principal cuestionamiento que recibe este impuesto está vinculado con el llamado “efecto cascada”.
Ingresos Brutos no solo se paga en la producción primaria, sino también en cada etapa de la cadena económica. Esto significa que el tributo se aplica cuando el productor vende su cosecha o su hacienda, pero también cuando intervienen los acopios, los transportistas, la industria procesadora y finalmente los canales de comercialización.
Cada eslabón vuelve a tributar sobre su facturación, lo que provoca que el costo se acumule progresivamente a lo largo del circuito productivo.
De esta manera, el impuesto termina impactando no solo en la rentabilidad del productor, sino también en el costo final de los alimentos.
En una provincia extensa y con importantes distancias entre los centros productivos y los mercados, el transporte representa un componente clave de los costos del agro.
Las alícuotas aplicadas a la actividad de transporte de cargas también forman parte del debate, ya que terminan trasladándose al costo del flete de granos, hacienda o insumos agrícolas.
Esto genera que el impacto de Ingresos Brutos sobre el agro no sea únicamente directo, sino también indirecto a través de los servicios que utiliza la producción rural.
Un reclamo histórico del sector rural
La discusión sobre este impuesto no es nueva. Desde hace años, entidades agropecuarias y cámaras empresariales plantean la necesidad de reducir o eliminar la carga de Ingresos Brutos sobre la producción primaria, argumentando que se trata de un tributo distorsivo que desalienta la inversión y la generación de valor agregado.
Incluso en acuerdos fiscales firmados entre el gobierno nacional y las provincias se había planteado avanzar hacia una reducción gradual de este impuesto en determinadas actividades productivas. Sin embargo, las necesidades de financiamiento de las administraciones provinciales han hecho que la mayoría de las jurisdicciones mantenga su vigencia.
Para las provincias, Ingresos Brutos representa una de las principales fuentes de financiamiento de sus presupuestos. Pero para el sector productivo, el tributo sigue siendo uno de los puntos más cuestionados de la estructura impositiva argentina.
En una provincia con fuerte presencia del sector rural como San Luis, el debate sobre el impacto de este impuesto suele resurgir cada vez que se analizan los costos del agro y las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo productivo.
Mientras tanto, productores y entidades del campo coinciden en que cualquier estrategia orientada a mejorar la competitividad del agro deberá necesariamente incluir una discusión profunda sobre la carga impositiva provincial y su efecto en toda la cadena agroindustrial.
