Una docena y media de allanamientos judiciales se realizaron este miércoles en distintas direcciones de la localidad de Avellaneda, Santa Fe, todas pertenecientes a ex directivos de Vicentin, a empresas ligadas a la cerealera concursada y a la propia sede de Vicentin SAIC.
Los procedimientos están vinculados con la causa por defraudación que se le sigue en juzgados federales de Rosario a la firma, principalmente sobre la base de los elementos aportados por bancos extranjeros acreedores de Vicentin. La resolución judicial que ordena los allanamientos involucra, por primera vez, a las empresas participantes del grupo Vicentin bajo sospecha de formar parte de una maniobra de ocultamiento de activos y desvío de recursos para burlar la responsabilidad ante los acreedores de la convocatoria de la empresa principal: Vicentin SAIC.
Los ex directivos que recibieron la visita de los oficiales de Justicia orden de allanamiento en mano son el ex presidente Daniel Buyatti, el ex CFO (director financiero) Roberto Gazze, tres integrantes de la familia Padoán (Máxmo, Cristian y Bettina), dos de la familia Vicentin (Roberto y Amelia) y Martín Colombo. Accionistas y directores a la vez, a quienes se les secuestró documentación (principalmente en dispositivos electrónicos) que podrían aportar información sobre las maniobras bajo investigación.
Se considera que todos los mencionados cumplieron tareas relevantes en el período bajo sospecha. Roberto Gazze, en particular, fue el firmante del informe al 31 de julio de 2019, que Vicentin SAIC elevó a los bancos extranjeros describiendo el buen estado de salud financiera que exhibía la empresa, el eficiente uso de las inversiones, y las excelentes perspectivas de exportación para los meses siguientes, teniendo en cuenta los granos y productos procesados en stock para atender la demanda futura. Tres meses después, a la fecha del balance (31 de octubre de 2019), todos esos indicadores se habían dado vuelta, los bienes de cambio se habían esfumado y la empresa ingresaba en un «estrés financiero» que provocó su cesación de pagos en los primeros días de diciembre.
El informe al 31 de julio no dejaba prever ninguna posibilidad de ese cambio de panorama. Los bancos acreedores lo consideran como la evidencia de «falseamiento de la información para conseguir los créditos», por lo cual lo presentaron como prueba ante el tribunal penal de Rosario y se sumaron como querellantes.
El fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, es quien lleva a cabo la investigación y había solicitado, ante el juez Hernán Potsma, que se tomaran las medidas necesarias para preservar los derechos de los acreedores. Todas ellas fueron autorizadas por el citado magistrado. El fiscal había solicitado los allanamientos que se concretaron este lunes, además de las siguientes medidas de restricción:
* Prohibición de cambiar la propiedad de las acciones de las empresas donde Vicentin SAIC tenga participación. Incluye Renova, Friar, Oleaginosa San Lorenzo y Algodonera Avellaneda,
* Prohibición de desprenderse de activos de las mismas empresas.
* Levantamiento del secreto bancario y bursátil, congelamiento e intervención de las cuentas bancarias y cajas de seguridad de los miembros del directorio de Vicentin SAIC.
* Medida de no innovar sobre la titularidad de los bienes de los directores (actuales y anteriores) de Vicentin SAIC.
El pedido de allanamientos por parte del fiscal Moreno también alcanza a las empresas radicadas en Uruguay Nacadie Comercial SA y Vicentin Family Group, en sus domicilios declarados en Argentina. El de Nacadie coincide con el del frigorífico Friar. El de VF Group con el de Vicentin SAIC. A través de ambas empresas, se estima, pasó la mayoría de las transferencias y cambios de propiedad de acciones, una práctica que la firma Vicentin ejercitó activamente durante los últimos años e intentó seguir haciendo incluso después de entrar en convocatoria de acreedores.
De acuerdo con especialistas que siguen de cerca el caso Vicentin, la ampliación de la investigación que dispuso el juez de Rosario sobre todo el conjunto de compañías «descorre el velo societario sobre el abuso de las sociedades anónimas pantalla e inicia el recupero de los activos de Vicentin SAIC, fugados con fraude a los acreedores y a los trabajadores».
Es el mismo tipo de medidas que, desde los primeros meses de la convocatoria de acreedores, el Banco Nación, los sindicatos y también la AFIP, le han venido solicitando al juez comercial de Reconquista Fabian Lorenzini: que inhiba la venta de acciones y activos de las empresas vinculadas, a través de las cuales se presumía que pudieran estar concretándose maniobras de vaciamiento. Lorenzini nunca accedió a estos pedidos.
Algunos observadores dijeron que llama la atención que recién ahora, después de un año que la empresa declaró su «estrés» financiero, se haga el procedimiento de allanar empresas y domicilios particulares. En ese lapso tuvieron tiempo para «borrar todas las huellas», sostuvieron.
El Concejo pidió que el concurso se tramite en Rosario
El Concejo Municipal aprobó una iniciativa para solicitar a la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe una pronta resolución al conflicto de competencia relativo al juez que debiera entender sobre el concurso preventivo de Vicentin y señaló que debe tramitarse en Rosario para garantizar un proceso justo a la mayoría de los acreedores, que son del sur provincial.
Fue a partir de un proyecto del interbloque Cambiemos que integran los ediles Roy López Molina (presidente), Agapito Blanco y Marcelo Megna, y mientras el máximo tribunal debe definir si mantiene el concurso a cargo del juez Fabián Lorenzini en Reconquista o atiende el planteo de otras partes involucradas y antecedentes de fallos dictados por la Corte de la Nación.
«Es justo y coherente con la seguridad jurídica, la defensa en juicio y la igualdad de trato que debe existir para las partes involucradas que se resuelva a favor de la competencia de los Tribunales de Rosario, por ser nuestra ciudad y zona aledaña el lugar donde lleva a cabo la actividad principal del grupo empresario, nuclear la mayor cantidad de acreedores concursales y reclamos radicados y encontrarse los principales activos y operaciones jurídicas–comerciales», señalaron.
Los ediles recordaron que «de manera directa e indirecta el grupo empresarial emplea aproximadamente 6.000 personas, concentrando principalmente su actividad en el sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo en el cordón agro industrial del Gran Rosario y zona de influencia, más allá de su sede en la localidad de Avellaneda».
Asimismo, remarcaron que «tiene sus oficinas más importantes en el Edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario y en Puerto Norte».
De Rosario y el cordón
«Casi la totalidad de acreedores comerciales por actividades principales del grupo empresario se encuentra al sur de la provincia (Rosario, Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y zonas aledañas a estas localidades), y ello se desprende sencillamente al analizar la procedencia y radicación de las empresas corredoras de granos que le suministraban materias primas a la hoy concursada, casi todas radicadas en Rosario», refirieron los concejales.
López Molina, Blanco y Megna sostuvieron además que «debe tenerse en cuenta la precedencia de reclamos por cobro de créditos interpuestos desde el estado de cesación de pagos hasta la resolución de apertura del concurso preventivo, donde la mayoría han sido expedientes radicados ante la justicia provincial de la ciudad de Rosario».
«La radicación actual del expediente en Reconquista implica un esfuerzo extraordinario para los acreedores de poder seguir el avance del proceso judicial, formular a tiempo las postulaciones o peticiones, y controlar de forma directa toda la producción de pruebas, informes, vistas e incidentes», indicaron, y plantearon que no se puede desconocer el poder que ejerce la empresa concursada en el norte provincial.
«Difícilmente pueda darse seguridad jurídica, defensa en juicio e igualdad de trato a los acreedores que concurren al proceso concursal, obligándolos a trasladarse a 492 kilómetros de la ciudad de Rosario para cualquier tipo de control o audiencia y/o convocatoria que se haga en el marco del proceso judicial, más allá de las razones marco anteriormente expuestas, resultando hasta complejo consultar las constancias materiales de los expedientes», concluyeron.
