En pleno cierre de la campaña agrícola, el Gobierno de San Luis volvió a dar marcha atrás, o, al menos, a corregir sobre la marcha, en una de las decisiones más sensibles para el funcionamiento cotidiano del sector productivo. La habilitación del traslado de productos fitosanitarios mediante remitos de compra y de movimientos internos aparece como un alivio circunstancial para productores y asesores, pero al mismo tiempo deja al descubierto una serie de falencias en la implementación de políticas públicas que, lejos de fortalecer el control ambiental, terminaron generando confusión, parálisis operativa y malestar generalizado.
La medida fue comunicada este lunes a través de la Agencia de Noticias oficial y se aplicará para el cierre de la actual campaña agrícola en la provincia. Según se informó, los remitos habilitados deberán cumplir con una serie de requisitos formales, como número de código, fecha, nombre y CUIT de la empresa, origen y destino de los productos, detalle de insumos, cantidades y firma del responsable, y podrán ser utilizados como documentación válida ante los controles policiales en rutas provinciales. Incluso se dispuso que el personal policial pueda fotografiar dichos remitos y remitirlos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para su posterior registro.
El anuncio fue el resultado de una reunión realizada en la Sociedad Rural del Río V, en Villa Mercedes, donde confluyeron productores agrícolas, representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, asesores técnicos y funcionarios del área de Monitoreo, Control y Fiscalización Ambiental. Allí se buscó destrabar un problema que, paradójicamente, había sido generado por la propia autoridad ambiental.
A comienzos de diciembre, San Luis presentó oficialmente un sistema digital para la emisión de recetas de productos fitosanitarios, promocionado como moderno, ágil y transparente. La herramienta, destinada a gestionar cerca de tres mil insumos utilizados en la producción agrícola, vino a reemplazar el antiguo esquema en papel que exigía la impresión y circulación de cinco copias por formulario. Sobre el papel, el cambio parecía un avance lógico hacia la digitalización y la trazabilidad.
Sin embargo, la realidad fue muy distinta. El sistema entró en vigencia sin un período de transición razonable, sin contemplar situaciones preexistentes y con una estructura normativa que no dialogó con la dinámica real del sector. Mientras la policía ya estaba instruida para realizar controles estrictos en rutas, productores y profesionales se encontraron con un esquema de cumplimiento prácticamente imposible de aplicar en muchos casos.
Las críticas no tardaron en aparecer. Uno de los puntos más conflictivos fue el requisito de contar con recetas de fiscalización para el traslado de productos que habían sido adquiridos con anterioridad a la campaña 2024-2025. En muchos casos, se trata de compras realizadas uno o incluso dos años antes, cuando el nuevo sistema ni siquiera existía. Bajo la normativa vigente, esos productos quedaban automáticamente fuera de registro, atrapados en un limbo administrativo que impedía su traslado legal.
A esto se sumaron otros obstáculos de peso. Existen productos que ingresan a la provincia desde grandes industrias que no cuentan con asesores habilitados en San Luis, o comercios que no poseen domicilio legal en el territorio provincial. También están las empresas que utilizan San Luis como provincia de paso para el traslado de fitosanitarios hacia otros destinos. Todos estos escenarios, habituales en la logística del sector, no fueron contemplados en la reglamentación inicial.
El resultado fue una sensación extendida de improvisación. Productores paralizados, asesores técnicos desbordados y un clima de incertidumbre que, en plena campaña, se tradujo en demoras, costos adicionales y riesgo de sanciones. La política ambiental, lejos de ordenar, terminó trabando.
En ese contexto, la habilitación del uso de remitos aparece más como un parche que como una solución estructural. Si bien descomprime la situación y permite cerrar la campaña sin mayores sobresaltos, también confirma que la normativa original fue diseñada sin el debido diálogo previo con los actores involucrados y sin una evaluación integral de sus impactos operativos.
La decisión de permitir que el control policial registre los remitos mediante fotografías y los envíe a la cartera ambiental suma, además, una carga administrativa extra que difícilmente pueda ser procesada con eficiencia si no se refuerzan los equipos técnicos y los sistemas de gestión. El riesgo es claro, que el control se vuelva meramente formal o, peor aún, discrecional.
El debate de fondo sigue abierto. Nadie discute la necesidad de mejorar la trazabilidad y el control de los productos fitosanitarios, ni la importancia de proteger el ambiente y la salud. Pero cuando las herramientas se implementan sin planificación, sin transición y sin contemplar la realidad productiva, el resultado es el contrario al buscado, desorden, enojo y pérdida de confianza.
San Luis tiene ahora la oportunidad, y la obligación, de revisar en profundidad el sistema digital, corregir sus falencias y construir reglas claras, previsibles y consensuadas. Porque gobernar el ambiente no es solo imponer controles, sino también entender cómo funciona el territorio productivo que se pretende regular.
