Pese a la presión y el apriete de jinetes, tractores y camionetas 4×4 convocados por los tres hermanos hombres Etchevehere en la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, no hubo orden de desalojo para los integrantes del Proyecto Artigas. Se esperaba que este mediodía hubiera una respuesta judicial al pedido de desalojo por delito de usurpación que presentaron ante el juez de garantías de la Paz, Raúl Flores. El magistrado postergó la decisión por demoras en la entrega de documentación por parte de la querella que representa a Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere.
La audiencia del miércoles, de la que además del juez y el fiscal Oscar Sobko participaron Rubén Pagliotto, el abogado de la familia como querellante, y Facundo Taboada por videoconferencia, como denunciado, duró cinco horas. A las nueve de la noche el fiscal decidió, «atento a la complejidad del caso», pasar a un cuarto intermedio para que las partes aporten la prueba que ofrecieron en la audiencia o incorporar algo que no se haya mencionado. El plazo venció este jueves a las 12 horas, momento en el que el juez volvió a postergar una resolución a falta de la documentación.
Desde el equipo de abogados que defiende a Dolores Etchevehere declararon que «el juez está evaluando qué resolverá. No decidió nada aún, y nuestra línea es que hay que esperar y dejarlo trabajar». La parte querellante dejó entrever que la situación se resolvería este viernes. De acuerdo con el Código Procesal Penal de Entre Ríos, el juez cuenta con tres días hábiles como plazo a partir de la audiencia del miércoles.
En tanto, hubo novedades en uno de los juzgados en Buenos Aires. El fiscal federal Federico Delgado citó a Dolores Etchevehere para el próximo lunes 26 de octubre a las 10hs de forma virtual para escuchar su declaración testimonial, en el marco de la denuncia por violencia económica y extorsión que presentó su defensa y está cursando en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo del Dr. Rafecas . La denuncia está encuadrada en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y pide, entre otras cosas, que se investigue la validez de los documentos donde la firma de Dolores Etchevehere fue falsificada u obtenida bajo el ejercicio de violencia por parte de Luis Miguel Etchevehere.
Las pruebas
La complejidad del caso se encuentra en que, de acuerdo con el Juzgado Civil número 7, donde se encuentra el juicio sucesorio de Luis Félix Etchevehere, asegura que no hay partición de la herencia y que tampoco hay inventario. Según el documento emitido por el juzgado, el inventario está aprobado parcialmente y no en su totalidad porque «las partes no han adjuntado los títulos de propiedad de todos los inmuebles». Agrega que los expedientes donde se llevaron a cabo subastas que pueden servir de títulos de algunos inmuebles de la familia en el juzgado CC4 de Paraná se quemaron.
En ese caso, Dolores parece ser tan dueña como sus hermanos de una cuarta parte del acervo hereditario. «Luis Miguel Etchevehere miente descaradamente. Las Margaritas S.A. es parte del acervo hereditario. Para dividir la herencia, primero hay que inventariar, saber cuánto hay. ¿Cuánto hay? Los Etchevehere tendrán que rendir cuentas. Vamos a investigar para encontrar todo el patrimonio que tienen escondido», comunicaron desde el Proyecto Artigas.
En tanto, Luis Miguel Etchevehere insiste en que Dolores Etchevehere no tiene acciones ni derecho sobre la sociedad Las Margaritas S.A., propietaria de la Estancia Casa Nueva. En declaraciones radiales, afirmó que no entiende cómo la justicia está tardando tanto: «De este lado hay papeles y del otro lado solamente hay un relato».
«Inventaron que ella había vendido las acciones, cuando no se pueden vender acciones de una sociedad indivisa. Hicieron todo trucho. Son unos sinvergüenzas. Quisieron estafar a su hermana. Enfermos de ambición», le contestó Juan Grabois, el abogado de Dolores Etchevehere.
Por su parte, el abogado Rubén Pagliotto dio a conocer las pruebas y documentos que se presentaron ante los fiscales, para acreditar que la propiedad, que es el centro de la disputa familiar, que tomó ribetes políticos, pertenece a la sociedad «Las Margaritas SA», compuesta por los tres hermanos varones y la madre de los mismos.
En un comunicado enviado a Elonce, un canal de televisión de Entre Ríos, el abogado dio cuenta de los instrumentos legales y notariales, que aportó para probar lo que Luis Miguel Etchevehere, describió ayer como una «usurpación en una propiedad privada».
Bordet
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reveló que dialogó con la Casa Rosada sobre el conflicto en la familia Etchevehere y aclaró que el presidente Alberto Fernández «no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar», aunque subrayó que la situación es «diferente» en este caso porque se trata de «un conflicto familiar en un juicio sucesorio que no está resuelto».
En esa línea, indicó que le pidió a la Justicia que «intervenga y resuelva lo más rápido posible esta situación». «Ayer (miércoles) hablé con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y me manifestó que el Presidente no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar», sostuvo el dirigente peronista.
«Los hermanos (Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere) dicen que no corresponden los derechos hereditarios de la hermana (Dolores), que hizo entrar gente al campo, lo que generó una controversia judicial», se explayó y sostuvo que «por eso es imposible que esto se repita en otros lugares de la provincia: no hay ánimo de nadie de tratar de intrusar campos». Asimismo, expresó que «es importante llevar tranquilidad a los productores entrerrianos de que no van a ver vulnerados los derechos de sus propiedades» y aseguró que «la Policía de Entre Ríos está garantizando que no se vulnere ningún derecho de ninguna de las dos partes, que están en litigio».
