Una comisión de la Cámara Alta provincial aconsejó por unanimidad avanzar con una declaración que plantea actualizar las reglas para el desarrollo minero. La iniciativa pone el foco en el conocimiento geológico, la protección del agua, el empleo y los proveedores puntanos, el agregado de valor en origen, la participación de las universidades y la transparencia.
San Luis dio un nuevo paso en la discusión sobre el futuro de su actividad minera. La Comisión de Industria, Minería, Producción, Turismo y Deportes de la Cámara de Senadores aconsejó por unanimidad la aprobación de un proyecto de Declaración que plantea la necesidad de contar con un marco normativo provincial integral y actualizado sobre conocimiento geológico, minerales estratégicos y desarrollo minero sostenible.
El despacho, que tiene pedido de tratamiento preferencial para la sesión de hoy, propone que el Poder Ejecutivo provincial avance en una actualización y complementación de los instrumentos vigentes, con el objetivo de responder a los actuales desafíos productivos, tecnológicos, sociales y ambientales vinculados con la actividad minera.
La propuesta cobra relevancia en un escenario en el que San Luis busca definir cómo aprovechar sus recursos minerales y, al mismo tiempo, establecer condiciones ambientales, económicas e institucionales para su desarrollo.
Uno de los puntos centrales del proyecto es lo que denomina “soberanía del conocimiento”. El texto considera que el relevamiento, generación, sistematización y actualización de la información geológica del territorio debe constituir una función indelegable del Estado provincial.
A su vez, establece que los resultados deberían ser de acceso público, aunque contempla la cooperación con organismos científicos, técnicos y académicos.
De esta manera, el conocimiento del subsuelo aparece como uno de los pilares de la política minera que propone el Senado, antes de avanzar sobre el aprovechamiento de los recursos, la Provincia debería disponer de información geológica sistematizada y actualizada.
Otro capítulo destacado es la sustentabilidad ambiental. La iniciativa propone adoptar estándares adecuados de evaluación y control, establecer una protección especial de los recursos hídricos y mantener un monitoreo permanente de las actividades mineras.
También plantea que tanto la información como los resultados de esos controles sean públicos.
La inclusión específica del agua adquiere especial importancia para San Luis, donde la disponibilidad del recurso constituye un factor determinante para numerosas actividades productivas y para las poblaciones asentadas en el territorio.
La iniciativa no se limita a los aspectos geológicos y ambientales. También incorpora criterios destinados a definir cómo deberían distribuirse los beneficios económicos derivados de la minería.
El despacho propone una distribución equitativa de los recursos económicos generados por la actividad, con especial consideración hacia los municipios y las comunidades donde se localicen los emprendimientos. Esos recursos deberían promover el desarrollo local y estar acompañados por mecanismos públicos de rendición de cuentas.
En el plano laboral, el proyecto plantea expresamente la promoción del empleo local y de los proveedores radicados en San Luis en los emprendimientos mineros que se desarrollen dentro del territorio provincial.
Se trata de un aspecto particularmente relevante desde la perspectiva económica, ya que la propuesta apunta a que la actividad no quede circunscripta a la extracción de recursos, sino que genere una mayor vinculación con empresas, trabajadores y prestadores de servicios de la provincia.
Ese concepto se profundiza con otro de los lineamientos incluidos en el despacho, como el agregado de valor en origen.
El proyecto promueve el procesamiento y la industrialización local de los recursos extraídos, acompañado por la formación de recursos humanos y la incorporación de tecnología.
La orientación supone pensar la minería como una cadena productiva más amplia, en la que parte de la transformación de los minerales pueda realizarse dentro de San Luis y generar actividad económica adicional.
La formación de personal especializado y la incorporación tecnológica aparecen, en ese sentido, como herramientas para ampliar el impacto de eventuales inversiones mineras sobre la estructura productiva provincial.
El proyecto incorpora además la denominada “participación ciudadana y diálogo territorial”. Propone generar instancias permanentes de intervención de municipios, comunidades involucradas, universidades, sector productivo y organizaciones ambientales.
También establece que debe garantizarse el acceso a la información pública antes de adoptar decisiones que puedan afectar a estos actores.
La iniciativa reserva un papel particular para el sistema universitario. Menciona expresamente a la Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Villa Mercedes, Universidad Nacional de los Comechingones, Universidad de La Punta y Universidad Provincial de Oficios.
La intención es que esas instituciones aporten sus capacidades científicas y técnicas tanto durante la elaboración del nuevo marco normativo como posteriormente en tareas de relevamiento geológico, monitoreo ambiental y diálogo territorial.
La transparencia constituye otro de los ejes incluidos en el despacho. La propuesta establece la publicidad activa de la información producida y plantea que se presente un informe anual de gestión ante la Legislatura provincial.
También contempla un seguimiento parlamentario con participación garantizada de las minorías.
El esquema apunta así a incorporar mecanismos de control que trasciendan la etapa inicial de autorización de los proyectos y permitan realizar un seguimiento institucional de la política minera.
El despacho establece finalmente que la declaración sea comunicada al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, a las autoridades provinciales competentes en minería y ambiente y a las cinco universidades mencionadas.
La propuesta fue despachada por la Comisión de Industria, Minería, Producción, Turismo y Deportes del Senado, integrada en el documento por Diego Nelson García, como presidente; Sergio Luis Guardia, vicepresidente; y Sergio Ariel Moreyra, secretario.
