Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración nacional dispuso una reducción de los derechos de exportación para los principales productos agroindustriales del país. La medida alcanza a las cadenas de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, además de determinados biocombustibles, y establece un cronograma de disminución gradual de alícuotas que se extenderá hasta diciembre de 2028.
El Gobierno nacional formalizó una nueva reducción de los derechos de exportación que gravan a buena parte de la producción agropecuaria argentina y fijó un cronograma de rebajas progresivas que se extenderá durante los próximos dos años y medio. La medida quedó establecida a través del Decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa una de las decisiones más relevantes para el sector agroindustrial en materia tributaria desde el inicio de la actual gestión.
La normativa alcanza a productos de las cadenas de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, además de determinados biocombustibles, y busca mejorar la competitividad exportadora de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la implementación de las reducciones contempla las particularidades de cada cultivo y sus respectivos ciclos productivos. Por esa razón, el decreto establece un tratamiento diferenciado entre los cultivos de invierno y los de verano. En el caso de los primeros, las rebajas entran en vigencia de manera inmediata debido a la cercanía de las decisiones de siembra, mientras que para los segundos se diseñó un esquema gradual que permitirá que los beneficios tributarios coincidan con los momentos de comercialización de la producción.
Uno de los primeros beneficiados es el complejo triguero. Los granos de trigo pasarán a tributar una alícuota del 5,5%, frente al 7,5% que regía hasta ahora. La misma reducción alcanza a la cebada, consolidando el anuncio realizado semanas atrás por el presidente Javier Milei.
Además, el decreto incorpora una revisión integral de los derechos de exportación para numerosos productos industrializados derivados de ambas cadenas, entre ellos harinas, sémolas, almidones, malta y otros subproductos. Dependiendo de la posición arancelaria, las nuevas tasas oscilarán entre el 1% y el 3,5%, configurando un escenario más favorable para la agregación de valor y la industrialización de la producción primaria.
Sin embargo, uno de los cambios más significativos se observa en la cadena sojera, principal generadora de divisas del país. El cronograma oficial establece que el poroto de soja tributará una alícuota del 24% durante 2026, que descenderá al 21% desde diciembre de 2027 y alcanzará el 15% a partir de diciembre de 2028.
La reducción también abarcará a los aceites, harinas, pellets y demás derivados industriales de la soja, que experimentarán una disminución gradual de sus cargas tributarias durante los próximos años. En algunos casos, las alícuotas de exportación para aceites de soja bajarán desde niveles actuales que oscilan entre el 18% y el 22% hasta ubicarse entre el 11% y el 13,5% hacia finales de 2028.
Los subproductos de la molienda, fundamentales para el complejo exportador argentino, también ingresarán en este sendero de reducción. Según establece el decreto, los pellets y otros derivados alcanzarán una tasa del 14% a partir de diciembre de 2028.
El maíz y el sorgo, dos cultivos estratégicos para las economías regionales y para la producción ganadera, también fueron incorporados al esquema de disminución progresiva de retenciones. Dependiendo de la posición arancelaria correspondiente, algunas exportaciones quedarán completamente exentas del tributo, mientras que otras reducirán gradualmente sus alícuotas.
En determinados productos, las tasas pasarán del 8,5% vigente durante 2026 al 7,5% en diciembre de 2027 y finalmente al 5,5% desde diciembre de 2028.
La cadena del girasol también se verá beneficiada por el nuevo esquema tributario. El decreto prevé reducciones escalonadas para semillas, aceites y otros derivados industriales. Mientras algunas variedades específicas quedarán totalmente exentas de derechos de exportación, otros productos experimentarán disminuciones progresivas que permitirán mejorar su competitividad en los mercados internacionales.
En el caso de determinados aceites de girasol, las alícuotas actuales, que oscilan entre el 2,5% y el 4,5%, descenderán hasta ubicarse entre el 1% y el 3% hacia fines de 2028.
La medida incorpora además importantes modificaciones para el sector de los biocombustibles. Entre los cambios más destacados figura la eliminación total de los derechos de exportación para biodiéseles elaborados a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, así como para otros biocombustibles que no contengan aceite de soja.
Para los biodiéseles comprendidos en otras categorías arancelarias, el Gobierno dispuso un esquema gradual de reducción que permitirá pasar de una alícuota del 21% durante 2026 a un 18% desde diciembre de 2027 y finalmente a un 13% a partir de diciembre de 2028.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que el sector agroindustrial constituye uno de los principales motores de generación de divisas, empleo e inversiones del país. Asimismo, sostuvo que la reducción de la presión tributaria contribuirá a fortalecer la competitividad de las cadenas productivas, facilitar el comercio exterior, estimular la apertura de nuevos mercados y promover mayores niveles de inversión.
La administración nacional reiteró además su postura respecto de los derechos de exportación, a los que calificó como un impuesto distorsivo para la actividad económica. En ese sentido, el texto oficial plantea que la estrategia consiste en avanzar gradualmente hacia una reducción sostenida de estos gravámenes, en la medida que las condiciones fiscales lo permitan, con el objetivo final de su eliminación.
La nueva disposición entrará en vigencia el 4 de junio y deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme al procedimiento previsto para los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.
En el sector agropecuario, la decisión es observada con expectativa, especialmente en un contexto donde los productores vienen reclamando desde hace años una reducción de la carga tributaria sobre las exportaciones. La medida podría influir en las decisiones de inversión y producción de las próximas campañas agrícolas, particularmente en regiones donde los márgenes productivos se encuentran más ajustados por los costos y las condiciones climáticas.
