Impulsan beneficios impositivos para productores rurales tras las inundaciones. El gobierno provincial sigue sin dar señales al campo y trascendió que no destinará dinero para ayuda directa de los productores.
En medio de versiones no confirmadas, pero tampoco desmentidas, que indican que el gobierno provincial no destinará dinero para ayudar a los productores arruinados por el temporal en tres zonas de la provincia, diputados de la Unión Cívica Radical insistirán en que la Cámara Baja trate un proyecto presentado el año pasado, que el oficialismo se negó a discutir y que contempla la declaración de desastre agropecuario para otorgar beneficios impositivos a los damnificados.
El gobernador Claudio Poggi rechazó un llamado a sesiones extraordinarias para discutir esta iniciativa, dijeron en un comunicado los legisladores Alejandro Cacace y Juan Manuel Rigau. Inaccesible para los medios periodísticos independientes, tampoco el ministro del Campo, Gonzalo Amondaraín, da señales al sector agropecuario sobre qué hará el Ejecutivo con este pedido y con otro similar realizado por la confederación rural de San Luis.
“El Gobierno analizó lo ocurrido con las familias en las localidades del interior, pero los productores también fueron asediados por las lluvias y necesitan ayuda. El Estado debe evaluar daños, considerar reparaciones y brindar un alivio fiscal para los afectados. Es necesario un plan de contingencia para una respuesta rápida ante situaciones similares”, explicó el presidente del bloque UCR-Frente Progresista, Alejandro Cacace.
Según reportes de productores, el INTA y algunas entidades ruralistas, en la inundada Cuenca El Morro hay al menos ocho productores con pérdidas totales y viviendas inhabitables, mientras que en el corredor Quines-Candelaria la tormenta borró del mapa la red de canales con la que se regaban tres mil hectáreas con cultivos intensivos, y que en diez días entrará en una etapa crítica por falta de agua.
Los beneficios a generar a partir de la declaración de desastre agropecuario serían la exención de impuestos como el Inmobiliario y de Ingresos Brutos, por ejemplo, indicó Cacace: “De ser necesario podría considerarse la suspensión de pago hasta el próxima temporada. Los productores deben sentirse contenidos por el Estado”.
La Agencia de Noticias del gobierno difundió ayer una breve mención a reuniones entre directivos de la desmantelada Vialidad Provincial y empresas privadas que cuentan con maquinarias para reparar caminos, pero no hubo anuncios de planes ni acciones concretas para el corto plazo.
Tampoco se conoce una respuesta oficial sobre las crecientes críticas por el manejo de los diques. Muchos consideran que parte de las inundaciones que sufrieron Quines, Candelaria, Concarán, Santa Rosa y sectores ribereños de Villa Mercedes y Justo Daract podrían haberse atenuado si los diques no hubiesen estado completamente llenos en plena temporada de lluvias.
Las presas más comprometidas al momento del temporal fueron Luján, La Huertita, San Felipe y Paso de las Carretas, donde el agua llegó a sobrepasar hasta dos metros por encima del muro, como ocurrió con el dañado dique Luján.
Decidido a quitarle dramatismo al inesperado acontecimiento climático por la proximidad del Carnaval de Río en San Luis, el gobierno puntano eliminó de sus comunicaciones oficiales todo tipo de problemas que comienzan a surgir tras el destructivo paso de las crecientes.
