La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) lanzó una dura denuncia pública contra el gobierno nacional por lo que califican como un “grave ataque a la metrología nacional”, tras la decisión oficial de desmantelar el Programa de Metrología Legal, una herramienta clave para el control y la transparencia de las mediciones en la Argentina.
Según alertaron los trabajadores, la medida fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, en el marco de las políticas de achicamiento del Estado promovidas por el gobierno de Javier Milei. Para ATE-INTI, lejos de tratarse de una simple reorganización administrativa, la decisión implica “un golpe letal a la industria nacional y a los derechos de la ciudadanía”.
La metrología legal es un pilar silencioso pero fundamental del funcionamiento económico cotidiano. A través de este programa, el Estado garantiza que las mediciones utilizadas en las transacciones comerciales sean confiables y verificables, desde las balanzas en comercios y mercados, hasta los surtidores de combustible, los cinemómetros de control vial y otros instrumentos que inciden de manera directa en la vida diaria de millones de personas. Sin este control, advierten desde el INTI, se abre la puerta al fraude, a la competencia desleal y a abusos sistemáticos contra consumidores y usuarios.
“Eliminar este programa es volver a una situación de extrema vulnerabilidad, similar a la que existía antes de 2004, cuando la falta de controles efectivos dejaba a la sociedad indefensa frente a prácticas irregulares”, señalaron desde la Junta Interna. En ese sentido, remarcaron que la metrología legal no solo protege al consumidor, sino que también garantiza reglas claras para la producción y el comercio, evitando que quienes cumplen la ley compitan en desventaja frente a quienes no lo hacen.
La denuncia va más allá del impacto técnico y económico. Para los trabajadores del INTI, la decisión constituye un ataque directo a la soberanía nacional. “Renunciar al control estatal de las mediciones es ceder una función estratégica que ningún país desarrollado abandona”, afirmaron. En un contexto de apertura económica y desregulación acelerada, sostienen que el desmantelamiento del programa profundiza la dependencia y debilita la capacidad del Estado para defender el interés público.
Desde ATE-INTI también advirtieron que esta medida forma parte de un proceso más amplio de vaciamiento del organismo, con consecuencias directas sobre su rol histórico como soporte tecnológico de la industria nacional. “El INTI no es un gasto: es una inversión en desarrollo, calidad, seguridad y equidad”, subrayaron.
Finalmente, la Junta Interna hizo un llamado a la sociedad, a los sectores productivos y a las organizaciones sociales a tomar dimensión de la gravedad del escenario. “Difundir esta información es crucial para proteger nuestros derechos y defender la industria nacional”, concluyeron, en una advertencia que trasciende el ámbito técnico y pone en debate el modelo de país que se está construyendo.
