Mientras que la Justicia en lo criminal y correccional dispone las primeras diligencias en la causa sobre el presunto fraude al Estado nacional de Vicentin y de un ex presidente del Banco Nación, la investigación ordenada por las nuevas autoridades de la entidad sigue arrojando datos asombrosos. La operación de prefinanciación de exportaciones por la cual se le otorgó a la cerealera un crédito millonario que nunca devolvió, es una venta de Vicentin Argentina a su sucursal en Uruguay. La firma Vicentin SAIC sucursal Uruguay fue registrada ante las autoridades del país vecino el 25 de febrero de 2019. Si bien la firma está constituida en Uruguay desde 2004, su registración ante el Banco Central de Uruguay se da recién en 2019 en el momento previo a la compra presuntamente efectuada a su casa matriz en Argentina, que el Banco Nación prefinanció y nunca cobró. Además, en el mismo período
Por otra parte, se detectó que, con posterioridad a la fecha en la que Vicentin dejó de cumplir todos sus compromisos con el Banco Nación, se le otorgaron préstamos por 61 millones de dólares adicionales, en la primera quincena de noviembre de 2019 (es decir, inmediatamente después de definidas las elecciones presidenciales), y otros 43,9 millones de dólares antes que finalizara el mismo mes (previo al cambio de autoridades nacionales). La vinculación entre el calendario electoral y las operaciones millonarias a favor de Vicentin no es caprichosa: uno de los hilos que sigue la investigación judicial es la relación entre Vicentin y la fuerza política que lidera Mauricio Macri, ya que a través de sus empresas o por vía personal, el grupo es señalado como principal aportante a la campaña de reelección presidencial del líder de Cambiemos.
La figura de Javier González Fraga, presidente del Banco Nación hasta el cambio de gobierno, aparece fuertemente comprometida con toda la operatoria irregular de Vicentin con la entidad. Claudio Lozano, economista, ex diputado nacional y desde hace poco más de un mes director del Banco Nación, fue quien tomó a su cargo la primera investigación sobre el caso Vicentin y lo reflejó en un informe que fue tomado por el fiscal Gerardo Pollicita como elemento central para iniciar la causa. Explicó que por el volumen de operaciones de crédito de que se trata, éstas debieron haber sido tratadas y autorizadas por el Directorio, que encabezaba González Fraga. «Las únicas firmas que aparecen en los expedientes avalando los préstamos son a nivel de gerentes y subgerentes, pero en el mismo banco hay manifestaciones de quienes dicen que, cuando Vicentin tenía alguna objeción de parte de encargados de la institución, sus representantes decían que ellos lo arreglaban enfrente, aludiendo a la Casa Rosada». La versión es que, frente a alguna traba a la operación por empleados «de línea» del Banco, ocurría que a las 24 ó 48 horas recibían la orden desde Presidencia del Banco Nación de despejar cualquier conflicto. Si no lo hacían, los funcionarios que se negaban eran «desplazados» del control de la cuenta Vicentin. Así lo relata Lozano en su informe. La conducción actual del Banco ordenó una exhaustiva auditoría sobre este y otros aspectos irregulares de las operaciones de la cerealera santafesina.
El segundo informe de Lozano
Ahora, un segundo informe de Lozano le permitirá contar al fiscal Pollicita con nuevos elementos que reflejan parte del armado financiero en el exterior que Vicentin, grupo que aparece como principal aportante a la campaña por la reelección de Mauricio Macri en 2019, ejecutó en los últimos dos años.
El informe de Claudio Lozano, sobre la base de datos del propio balance de Vicentin SAIC, ésta es dueña del 100 por ciento de Vicentin SAIC Sucursal Uruguay y del 75,04 % de Vicentin Family Group. El cuarto restante del «grupo familiar» está repartido en 9,74 % de Norma Vicentin de Boschi, 9,07 % de Martín Sebastián Colombo y 6,15 % de Liliana Torossi de Goldaraz. No se puede terminar en base a los datos recabados, fehacientemente la propiedad de Vincentina SA.
Vicentin SAIC, que se presentó en convocatoria de acreedores la semana pasada, con una deuda de más de 1300 millones de dólares, tiene participaciones empresarias, con carácter de accionista de control, en: Vicentin Paraguay SAIC (97%), Vicentin Europa SA (100%), Oleaginosa San Lorenzo (99), Diferol (95), Tastil (100), Río del Norte SA (50), Vicentin Brasil (100), Biogas Avellaneda (50) y Renopack SA (50). Y participaciones minoritarias en Renova (33,3%), Emulgrain (25), Playa Puerto SA (10,2), Enav SA (5), Sir Cotton (3), Juviar (3), Buyanor (0,6), Algodonera Avellaneda (3), Friar SA (0,4), Terminal Puerto Rosario (10,2) y Sottano SA (5).
En tanto, a través de Vicentin Family Group, controla Alimentos Refrigerados SA (90%) y tiene participaciones en otras empresas donde también es accionista Vicentin SAIC: Algodonera Avellaneda, Friar SA, Terminal Puerto Rosario y Sottano SA. Aunque no está claro cuál es la participación de VFG en estas cuatro últimas, es de suponer que las acerca a una posición de control al menos en tres de ellas. Por otra parte, una reciente publicación de la revista de negocios Fortuna, cita otras tres empresas que le adjudica al grupo Vicentin: Los Corrales de Nicanor (feedlot), Promiel (productora de miel) y Vicentin Family Wines, bodega familiar que tuvo la sorprendente idea de lanzar una línea de vinos con las curiosas marcas de etiqueta El Contrabandista, El Tramposo, El Renegado y El Canalla.
Fuente: Raúl Dellatorre – Página 12
