Con el ascenso al poder de Milei también arribaron las ideas de la Escuela Austríaca de Economía. En la provincia, luego de las denuncias sobre el déficit público heredado, todavía se aguardan más detalles técnicos que le permitirán a los empresarios considerar plazos de saneamiento e inversión, en un contexto nacional de severa disciplina fiscal y monetaria.
Desarrollada por la Escuela Austríaca de Economía, la teoría de la preferencia temporal indica que todo empresario, en el proceso de su acción, pretende lograr los fines de la misma cuanto antes. Este factor depende de su perspicacia donde el conocimiento se encuentra disperso en movimientos secuenciales, no en ajustes perfectos de todas las variables. Además, en este ecosistema dinámico, el emprendedor analiza entre los diferentes recursos escasos cuáles se dedicarán primero a la consecución de los fines más valorados y cuáles no, es decir atiende a la utilidad marginal, establece prioridades.
Sin embargo, este mapa todavía no se desprende de los informes provinciales. Si bien la comunicación oficial señala que San Luis tiene un déficit fiscal de $125.120 millones (y por lo tanto se capta el contenido informativo), aún no se presentan indicadores relacionales o connotativos que permitirían esbozar tendencias y expectativas. Por ejemplo: se anunció que “la administración saliente gastó un 27% más de lo que le ingresó”, pero no se describieron los plazos de las diferentes deudas contraídas para definir prioridades, amortizaciones, negociaciones, licuación mediante efectos hiperinflacionarios, liquidez atesorada por el agente financiero de la provincia o cantidad de acreedores, entre otros detalles.
Asimismo, según el presupuesto para 2024 elaborado por la gestión anterior, el Ministerio de Hacienda Pública, contaba con el Programa Finanzas y Servicios Financieros, que era “un órgano integrante del sistema de tesorería, que centraliza el control de la recaudación de los recursos públicos”. Y entre otras funciones, centralizaba la información y la recaudación de los recursos del Sector Público, supervisaba y hasta se encargaba de “realizar las inversiones temporales de fondos de todo el Sector Público Provincial, previa autorización del Poder Ejecutivo”. Esas tareas proyectadas tendrían un coste de $69.309.998.
Así, mientras el gobierno nacional avanza con reformas estructurales y logra ordenar la deuda de los importadores, a través del BOPREAL en la tercera subasta; en la provincia se arrojaron estadísticas sin análisis de la preferencia temporal en un entorno de alta inflación, donde no sólo son importantes los números, sino también los ritmos de gestión.
