La entidad ruralista expresó su posicionamiento institucional y sostuvo que no avala amenazas ni extorsiones en el conflicto por los costos del transporte. Además, defendió la libre contratación como mecanismo para fijar tarifas.
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona dio a conocer un posicionamiento institucional para explicar su ausencia en la reciente reunión de la Mesa de Transporte de Cargas de la provincia de Córdoba, en la que se abordó la problemática vinculada a la tarifa del transporte.
Desde la entidad señalaron que la decisión de no participar responde a una serie de razones vinculadas al contexto en el que se desarrolla el conflicto. En primer lugar, remarcaron su rechazo a cualquier tipo de presión o metodología coercitiva. En ese sentido, manifestaron que no avalan “ningún tipo de aprietes, amenazas y/o extorsiones” que, según indicaron, se vienen registrando en los últimos días y que se intensificaron en las horas recientes.
Asimismo, desde la organización rural sostuvieron que el sector agropecuario no es el responsable de resolver los problemas estructurales del costo del transporte en su conjunto. Argumentaron que los productores también enfrentan los mismos incrementos que impactan en la cadena logística, a lo que se suman numerosas subas en los insumos y productos necesarios para la producción.
En ese contexto, indicaron que estos aumentos no encuentran un correlato en el valor de la producción agropecuaria, que —según señalaron— continúa en niveles deprimidos. A esta situación se agrega, afirmaron, la persistencia de una elevada carga impositiva, particularmente a través de los derechos de exportación, tributo que destacaron no se aplica a otras actividades económicas.
Por otra parte, la entidad expresó su postura respecto al funcionamiento del mercado de transporte de cargas. Desde Cartez sostuvieron que la libre contratación entre las partes constituye el mecanismo más justo y equitativo para definir tarifas y condiciones comerciales, al considerar que permite una relación transparente y voluntaria entre quienes demandan y ofrecen el servicio.
El pronunciamiento institucional se difundió en un contexto de creciente tensión en torno a la discusión por las tarifas del transporte de cargas, una problemática que involucra a múltiples actores de la cadena agroindustrial y que continúa generando debates en distintos ámbitos provinciales y sectoriales.
