El nuevo régimen eleva el corte obligatorio de biodiésel, pero al mismo tiempo reduce progresivamente el mercado reservado a las pymes no integradas y abre espacio a las grandes aceiteras. En San Luis, donde la actividad sostiene más de 250 empleos directos y numerosos puestos indirectos, representantes del sector vienen advirtiendo que el cambio puede comprometer la continuidad de las plantas regionales. La iniciativa fue aprobada este jueves por 41 votos contra 25 y ahora deberá ser tratada por Diputados.
La media sanción que el Senado de la Nación otorgó este jueves al nuevo régimen de biocombustibles abrió un escenario de fuerte preocupación para San Luis. Aunque el proyecto propone aumentar el porcentaje de biodiésel que se mezcla con el gasoil, detrás de ese incremento aparece una modificación mucho más profunda, que las pequeñas y medianas plantas regionales dejarán de tener la participación protegida que actualmente les garantiza buena parte del mercado interno y deberán competir, de manera creciente, con las grandes compañías integradas del complejo aceitero.
Ese es precisamente el punto que coloca a San Luis entre las provincias potencialmente perjudicadas por la reforma.
El Senado aprobó la iniciativa por 41 votos afirmativos y 25 negativos, sin abstenciones. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, por lo que todavía no es ley. En términos generales, establece que el corte obligatorio de bioetanol en las naftas pase del actual 12% al 15%, mientras que el biodiésel llegará al 10% en el gasoil. Los nuevos niveles comenzarían a aplicarse un año después de la sanción definitiva.
A primera vista, aumentar el corte debería representar una buena noticia para los fabricantes, ya que cuanto mayor sea la proporción de biocombustible incorporada a las naftas y al gasoil, mayor será el volumen requerido por el mercado interno.
Pero en el caso del biodiésel, la discusión central no pasa solamente por cuánto crecerá el mercado, sino por quién tendrá derecho a abastecerlo.
El régimen vigente reserva el mercado obligatorio del biodiésel a productores que reúnen determinadas condiciones. El nuevo esquema introduce una transición que abre progresivamente una parte de ese mercado a empresas integradas, entre ellas compañías vinculadas al complejo aceitero.
El texto aprobado establece que, cuando el corte llegue al 10%, las empresas consideradas «no integradas» tendrán inicialmente reservado un 6,5%. Esa participación disminuirá luego: pasaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% desde 2031, manteniéndose ese piso hasta 2036.
La modificación introducida a último momento mejoró el esquema que se venía discutiendo, que generaba todavía mayor resistencia entre las pymes, pero no eliminó el problema planteado por las empresas regionales, ya que una porción creciente del negocio quedará expuesta a la competencia con grandes productores integrados que cuentan con ventajas de escala, acceso directo a la materia prima y una ubicación logística mucho más favorable.
Para San Luis, esa diferencia resulta especialmente sensible.
Las plantas puntanas están alejadas del gran polo aceitero del Gran Rosario y deben adquirir y transportar insumos desde distancias considerables. Las grandes compañías integradas, en cambio, pueden transformar su propio aceite de soja en biodiésel, reduciendo costos logísticos y aprovechando economías de escala.
En junio, el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, envió una nota a los legisladores nacionales por la provincia en la que alertó que una modificación del régimen sin una protección específica para las pymes regionales podía conducir al “inminente cierre y desaparición de nuestra industria provincial”.
La preocupación no se limita a una discusión entre empresas por una cuota de mercado.
Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, la industria del biodiésel representa en San Luis el sustento directo de más de 250 familias y moviliza además actividades industriales, productivas, logísticas y de servicios que generan cientos de puestos adicionales.
La administración provincial sostiene además que las empresas realizaron inversiones bajo las reglas establecidas por la Ley 27.640, sancionada en 2021 y con vigencia prevista hasta 2030. Por eso, uno de sus cuestionamientos centrales apunta a la alteración anticipada de las condiciones sobre las cuales fueron tomadas esas decisiones de inversión.
La discusión tiene nombre propio en San Luis, Diaser, compañía dedicada a la producción de biodiésel y bioetanol, entre otras actividades vinculadas con las energías renovables. La empresa procesa aceite de soja para producir biodiésel y glicerina y también fabrica bioetanol.
En los últimos días, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis también expresó preocupación por la reforma. En ese ámbito se mencionaron alrededor de 260 empleos directos y más de 500 indirectos relacionados con las actividades de Diaser, incluyendo transporte, logística y acopio, aunque esas cifras comprenden distintas actividades de la empresa y no exclusivamente la fabricación de biodiésel.
Uno de los argumentos centrales de las provincias afectadas es que no todas las plantas de biodiésel parten de las mismas condiciones económicas.
Una pyme instalada en San Luis debe comprar aceite de soja y trasladarlo hasta su establecimiento. Una empresa integrada del complejo agroexportador puede disponer de la materia prima dentro de su propia cadena industrial y, además, operar cerca de los principales puertos y plantas de crushing.
Esa diferencia fue planteada explícitamente durante el debate del Senado.
El senador pampeano Daniel Bensusán sostuvo que el proyecto perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, precisamente porque allí funcionan pymes regionales alejadas de los puertos y sin integración con las grandes aceiteras. También cuestionó que el proyecto contemple una segmentación específica para el bioetanol de caña y de maíz, pero no otorgue una protección equivalente a las plantas regionales de biodiésel.
La comparación no es menor.
Para el bioetanol, el proyecto mantiene una distribución protegida del corte actual: 6% para el elaborado a partir de caña de azúcar y 6% para el producido con maíz. Cuando el corte total ascienda al 15%, los tres puntos adicionales quedarán abiertos a competencia entre los productores habilitados.
En el biodiésel, en cambio, el esquema conduce gradualmente hacia una mayor competencia entre plantas no integradas y grandes empresas integradas.
Allí aparece una de las paradojas del proyecto para San Luis.
La Argentina utilizará más biodiésel porque el corte obligatorio crecerá hasta el 10%, pero las pymes regionales no tendrán garantizado todo ese crecimiento. Por el contrario, el porcentaje específicamente reservado para las empresas no integradas disminuirá durante el período de transición.
Las grandes aceiteras podrán ingresar progresivamente a un mercado interno del que hasta ahora tenían una participación limitada.
La reforma incluye mecanismos que buscan moderar esa concentración. Entre ellos, se incorporó una cláusula que impide que una sola empresa o grupo económico se adjudique más del 10% del biodiésel comercializado anualmente, con determinados límites de volumen. También se contempla la posibilidad de establecer regiones geográficas de negociación para reducir costos logísticos.
