El Presupuesto provincial 2027, que obtuvo media sanción en Diputados, asigna una partida específica para poner en marcha el régimen creado este año. El sistema busca incorporar a productores y actores locales en la conservación y mejoramiento de la red vial rural, una demanda histórica del interior productivo de San Luis.
Los Consorcios Camineros de San Luis dieron un nuevo paso hacia su implementación efectiva. El proyecto de Presupuesto 2027, que este miércoles obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, contempla una partida superior a los $5.700 millones para poner en funcionamiento el régimen destinado a la conservación y mejoramiento de los caminos rurales de la provincia.
La asignación presupuestaria es especialmente relevante para el sector agropecuario porque comienza a darle respaldo financiero a una herramienta creada durante 2026 para atender uno de los reclamos recurrentes de productores y habitantes del interior, como el estado y mantenimiento de los caminos rurales no pavimentados.
El proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2027 fue aprobado por mayoría, con 28 votos a favor y nueve en contra, y ahora deberá ser tratado por el Senado provincial.
El cálculo total de recursos y gastos asciende a $2.585.093.266.845 y, según la fundamentación oficial, mantiene el equilibrio entre ingresos y erogaciones sin recurrir al endeudamiento.
El régimen fue creado para establecer un mecanismo de participación entre el Estado y los actores vinculados directamente con los caminos rurales, particularmente productores y usuarios de la red vial secundaria y terciaria.
La iniciativa surgió con el objetivo de mejorar el mantenimiento de los caminos provinciales no pavimentados mediante organizaciones territoriales capaces de intervenir de manera más directa sobre las necesidades de cada zona.
El esquema apunta a que los propios usuarios tengan participación en la identificación de prioridades y en las tareas de conservación, con acompañamiento y recursos del Estado provincial.
De esta manera, el modelo busca descentralizar parte de la gestión de la red caminera rural y acercar las decisiones a quienes utilizan diariamente esos trazados para trasladar hacienda, granos, insumos, maquinaria y personal.
La disponibilidad de esos recursos abre ahora una nueva etapa y también una serie de interrogantes para el sector.
Entre ellos, cuántos consorcios podrán constituirse durante el próximo año, qué regiones tendrán prioridad, qué cantidad de kilómetros quedará bajo este esquema, cómo se distribuirán los fondos y qué participación concreta tendrán los productores en la planificación y ejecución de los trabajos.
También será relevante conocer cuáles serán las primeras obras y si los recursos estarán concentrados en conservación rutinaria, repaso, nivelación, limpieza y reparación, o permitirán encarar intervenciones de mayor magnitud en sectores particularmente deteriorados.
La red vial, dentro de una inversión de $270.000 millones
Los Consorcios Camineros estarán insertos dentro de un programa de infraestructura mucho más amplio.
El proyecto presupuestario establece que el 11% del gasto provincial estará destinado a obra pública, mientras que la inversión total prevista en infraestructura alcanzará aproximadamente los $270.000 millones, financiados principalmente mediante Rentas Generales y sin recurrir al endeudamiento.
Aunque una parte importante tendrá como destino la construcción de viviendas, también se contemplan obras relacionadas con educación, salud, seguridad, infraestructura vial y mantenimiento de edificios públicos.
El Presupuesto 2027 también prevé comenzar la implementación del Plan Maestro del Agua y del Plan Maestro de Energía, dos instrumentos con impacto potencial directo sobre el desarrollo productivo.
En el caso del agua, el objetivo anunciado es fortalecer la seguridad hídrica y acompañar el desarrollo humano, productivo y territorial. En energía, la estrategia estará orientada hacia una matriz más limpia, eficiente y sostenible.
