En un encuentro clave para el sector agropecuario, la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, recibió ayer por la mañana en la Casa de Gobierno a referentes de entidades rurales para abordar una problemática que preocupa y golpea de lleno a los productores: el abigeato y las condiciones de seguridad en las áreas productivas de la provincia. La reunión, realizada a las 10:00, permitió delinear acciones concretas, reforzar la coordinación con la Policía y avanzar en una agenda común de cara al 2026.
La ministra Sosa encabezó la mesa de trabajo acompañada por dirigentes de distintas instituciones rurales de la región, quienes expusieron la situación actual y aportaron propuestas.
Participaron Maximiliano Razzeto, presidente de CARTEZ; Ignacio Roca, vicepresidente de la Sociedad Rural Río Quinto; Luis Orquín, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Agrícola Ganadera de Justo Daract; Rosa Etcheverri, integrante de la comisión de la Sociedad Rural del Rosario, y Carlos Cavadore, delegado de CARTEZ. La dirigencia local concurrió también con mandato de representación de las rurales del Valle del Conlara y del Norte con sede en Quines, cuyos dirigentes no pudieron asistir por razones de fuerza mayor, según se informó.
La presencia de referentes de varias localidades aportó una mirada territorial amplia, fundamental para comprender la dinámica del delito en los distintos ambientes productivos.
Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en que el abigeato se ha convertido en uno de los delitos rurales “de mayor fuerza” en los últimos meses. Robos de ganado, faenas clandestinas y movimientos irregulares de animales figuran entre las principales preocupaciones.
Ante este escenario, se definió una serie de acciones conjuntas con la Policía provincial, entre ellos, operativos en accesos urbanos, que se incluyen controles en los ingresos a las ciudades y en las rutas de conexión con establecimientos ganaderos; refuerzo en zonas rurales, que en los próximos días comenzarán con operativos especiales en áreas de producción identificadas como más vulnerables, y control del tránsito de carne y animales faenados, para lo cual los productores deberán contar obligatoriamente con el documento de Autoconsumo, emitido por los 19 Centros Ganaderos de la provincia, para transportar animales faenados, una medida que apunta a cerrar vías de circulación vinculadas a la faena ilegal.
Los dirigentes valoraron la decisión de avanzar en controles específicos, considerando que la detección temprana del movimiento irregular de hacienda es clave para desarticular redes delictivas.
Más recursos y planificación sostenida
Además de las medidas operativas inmediatas, la ministra Sosa presentó la planificación de trabajo para el próximo año, orientada a fortalecer de manera estructural la seguridad en el ámbito rural.
Entre los anuncios más relevantes se destacan la ampliación del parque automotor de las Brigadas Rurales, lo que permitirá incrementar la presencia policial en caminos secundarios y zonas de difícil acceso; nuevo equipamiento para móviles rurales, destinado a mejorar la capacidad operativa de los agentes en toda la provincia, y continuidad de un plan de acción anual, construido en conjunto con el sector productivo.
El encuentro dejó como conclusión central la necesidad de profundizar el trabajo articulado entre el Estado provincial y las entidades rurales, con el objetivo de frenar el avance del delito y brindar mayores garantías a los productores ganaderos.
La ministra Sosa destacó que la seguridad rural “es una prioridad que requiere planificación, presencia en el territorio y diálogo permanente con quienes están día a día en el campo”. Los dirigentes, por su parte, valoraron la apertura y la posibilidad de avanzar en medidas concretas para proteger la producción y la infraestructura rural.
